Aún está en discusión si es conveniente o no para la Provincia y para los productores. Pero pase lo que pase, hay un grupo que tienen ganancia garantizada: los abogados. El Gobierno está a punto de comprar la deuda que más de 200 productores tienen con el Banco Nación por créditos impagos y que están judicializados.

El convenio firmado con el banco, y que espera ratificación legislativa, permite endeudarse hasta en 43 millones de pesos, de los cuales 10 millones se irán para pagar abogados y gastos administrativos.

El Gobierno tiene apuro en que la Legislatura dé aval al nuevo endeudamiento, pero todavía es un misterio quiénes serán los beneficiarios, pues no difunden la lista definitiva. En el primer listado, el Ejecutivo estaba dispuesto a salvar deudas de tarjetas de crédito y créditos simples.

Pero el poder de los letrados es superior a cualquier discusión. Sólo serán beneficiados los productores que "acuerden" con los abogados que tienen las causas. Es decir que quienes no firmen las condiciones que ponen ellos, quedarán afuera, con el riesgo de que les rematen sus campos. Las dudas apuntan a que, con ese poder, haya abusos en el cobro de honorarios.

"Si esto no se aclara antes, vamos mal. Esos abogados lo que quieren es quedarse con los campos de los productores, por eso no van a tener mucho interés en arreglar, porque los campos valen mucho más", denuncia Mario Leiva, de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

Las dudas de los productores tienen algo de arraigo en la realidad, pues se han rematado campos en precios que rozan lo absurdo y hay fuertes sospechas de que en esas operaciones participan los mismos abogados (ver aparte).

El convenio que firmó el gobernador, Celso Jaque, con el Banco Nación implica comprar las deudas que un grupo de productores arrastran por créditos anteriores al año 2001. La Provincia se endeuda con la entidad en hasta 43 millones de pesos, a pagar en 20 años y con un interés que hoy ronda el 10 por ciento. Luego los productores deben refinanciar sus deudas, pero con el Estado mendocino, quitando al banco del medio.

La oposición, especialmente el cobismo, desconfía de la operación, porque el Gobierno no blanquea quiénes serán los beneficiarios.

"Esto es un caballo de Troya, adentro viene cualquier cosa y nos podemos comer un sapo. Dicen que el monto se redujo, pero siguen pidiendo autorización por 43 millones. No sabemos a quién le estamos salvando la deuda. Este convenio no es justo ni equitativo ni transparente", opina el diputado cobista Andrés Marín. En el oficialismo aclaran que es una decisión política tomada y que se busca generar mejores condiciones para el sector productivo.

El Banco Nación comenzó a promocionar ese tipo de acuerdos para deshacerse de su cartera de deudores con mayores problemas de pago. Para ello, le "vende" los créditos morosos a las provincias. Son cinco las que están en proceso de transferencia de esas deudas, además de Mendoza. Chaco, por ejemplo, arrastra más de $ 70 millones de deudas de productores.

Según la lista a la que tuvo acceso Los Andes, en Mendoza figuran 226 créditos de productores impagos. Y el monto llega a los 26,5 millones de pesos. Sin embargo el Gobierno pide autorización por 43 millones.

Jaque firmó el convenio el año pasado, pero la aprobación legislativa se dilató. Luego se acordó una addenda con el Nación, pero también hubo demoras en el envío a la Legislatura y todo estuvo a punto de caerse porque los plazos se vencían. Ahora, se otorgó una nueva prórroga de 15 días. Como se trata de un endeudamiento, el convenio necesita el aval de los dos tercios de ambas cámaras para quedar vigente.

Los encuentros entre los legisladores y los productores son tensos. Hay diputados y senadores que se resisten a aprobar el convenio porque lo creen injusto para el resto de los mendocinos que tienen algún tipo de deuda. Los radicales dicen negarse a que el Estado termine salvando a productores que no pagan y que "pasean con autos importados y tienen casas de fin de semana".

Desde el Nación, incluso, aseguran que no se puede usar como motivo de exclusión el hecho de tener un patrimonio importante. Pero los productores aseguran que la mayoría de los que están en los listados son personas que hoy se encuentran en serios problemas económicos.

Los productores tienen urgencia pues temen que comiencen los remates de campos por las deudas. Y aclaran que hay voluntad de pago. "Los productores van a pagar, nosotros somos los que siempre pagamos. En el residual del Banco Mendoza el 93 por ciento de los créditos de productores fueron devueltos", aseguró Leiva, que oficia de vocero.

El problema es que si el acuerdo se concreta, no sería la última palabra. Antes de ingresar a la refinanciación, los deudores deben acordar con los abogados. Si eso no ocurre, no los aceptan. Los abogados que tienen convenio con el banco no pueden cobrar más del 5 % de honorarios, pero hay un grupo que se maneja de manera particular, que es sobre el que hay sospechas.

El conflicto se plantea con los abogados "externos", es decir los que se fueron del Nación, pero que se quedaron con las causas. "Esto es un negocio para los apoderados. Pueden cobrar hasta más del 20 % de honorarios, y si no, no firman el convenio. El problema es que esto no lo van a pagar los que toman las decisiones ahora", dijo Marín.

Algunos de los abogados cuestionados ya tienen causas judiciales sobre sus espaldas por sospechas de fraude en los juicios y los remates de campos.