Por: Eduardo Aulicino.

Pasaron apenas cuatro semanas entre dos casos conmovedores: el de Lucas Cancino, el estudiante asesinado en Quilmes cuando iba al colegio, y el de Roberto Sabo, el kiosquero muerto al ser asaltado en Ramos Mejía. Las protestas de hace un mes sacudieron el tablero y la de esta semana confirmó la imposibilidad política de imponer la agenda frente a la realidad. El oficialismo esperaba eludir este tema, sensible, que impacta en los metros finales de la campaña, que remueve internas y que genera hasta un desafío supuestamente ideológico al kirchnerismo. La señal social, en cambio, es sencilla y se resume en el reclamo de respuesta frente a la desprotección del Estado.

Nada era inimaginable. Existen dos temas que dominan las preocupaciones más generalizadas, con registro en la enorme cantidad de encuestas que circulan en estos días. La economía -con la inflación en primer lugar- y la inseguridad. El Gobierno articuló una estrategia a la carrera cuando registró que los precios se disparaban por encima de los cálculos considerados difíciles pero manejables por Martín Guzmán y por la secretaría de Comercio Interior. En cambio, no tiene respuesta frente a la inseguridad, fuera del malestar por la repercusión mediática.

La designación de Roberto Feletti en Comercio Interior fue, al margen de su condimento interno, un mensaje también electoral. El Gobierno y el oficialismo en general necesitaban mostrar algún tipo de respuesta frente a la corrosiva escalara de precios. Septiembre y los registros de octubre desarmaron la publicidad de la baja como cambio de tendencia y proyectaron una inflación anual en torno de los 50 puntos.

El congelamiento de precios tiene un efecto inmediato relativo -por naturaleza y por la amplitud de los canales de consumo- y un final previsible. Pero en términos de campaña, fue privilegiado el intento de mostrar reacción y decisión frente a la nueva trepada de los precios.

En cambio, después de las marchas locales por el asesinato del adolescente en Quilmes, el oficialismo esperaba que la cuestión de la inseguridad perdiera intensidad. Se preocupó por el impacto mediático de otros episodios y pareció desconocer que se trata de una realidad dramática que escapa al diseño de la agenda política. Cada tanto, por distintos factores, un caso combina el dolor, el enojo y los temores sociales, deriva en protestas.

La llegada de Aníbal Fernández al gabinete después de la crisis provocada por la derrota en las PASO, en reemplazo de Sabina Frederic, no cambió sustancialmente el cuadro. Ni siquiera disimuló los roces con Sergio Berni. Y en cuanto al discurso, antes frente al impacto del caso de Quilmes y ahora frente a la protesta en Ramos Mejía, se mantuvo en la línea de tratar de minimizar la crisis de la seguridad.

Sergio Berni, mkinsitro bonaerense. Podría dejar el cargo después de las elecciones

Los intentos comparativos con la gestión de Mauricio Macri o la referencia a las limitaciones del Poder Ejecutivo suenan irrelevantes y más bien alimentan el malestar. Es conocido ese juego del reparto temporal de culpas, línea en la que abundó Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof desde el forzado cambio de gabinete provincial. Y también es repetido el reparto funcional de culpas, entre el Ejecutivo -local o nacional-, el poder Legislativo y la Justicia.

El problema de la interna sólo varió en complejidad. Olivos espera el final de Berni. El ministro de Seguridad ya dejó abierta la posibilidad de su salida después de las elecciones del domingo. Hasta ahora, funcionaba de algún modo como un escudo para Kicillof -en parte, para el oficialismo en general por tratarse de la provincia de Buenos Aires y en particular del GBA- frente a los casos de inseguridad de alto impacto.

Ese papel se fue desgastando y la alternativa de su renuncia agrava el cuadro. Varios intendentes peronistas dejan trascender desde hace rato su malestar con el manejo de Berni. En la protesta de Ramos Mejía, además, las consignas más duras apuntaron contra toda la escala: desde Fernando Espinoza hasta el Presidente, pasando por el gobernador. Los jefes comunales quedan expuestos en primera línea.

El silencio inicial del Gobierno nacional pudo ser interpretado como un gesto de lejanía hacia el ministro bonaerense. Y luego se agregaron los trascendidos sobre el malestar con la oposición. En cualquier caso, sin debate ni discurso públicos. Todo para el circuito político.

La cuestión supera por mucho el reparto de papeles que podía significar Berni como “duro” y Frederic y otros como “blandos”. La inseguridad representa un problema grave que no encuentra respuesta oficial por razones que superan esa simplificación.

El reparto de culpas entre los tres poderes del Estado -en sus distintas escalas, local o nacional- sólo termina expresando desamparo, cuya expresión más trágica son las víctimas. En otras palabras, más allá de internas e inquietudes electorales, ese vacío representa un desafío con pinceladas supuestamente ideológicas para el kirchnerismo. Se trata de ausencia de Estado. Son márgenes en los que se mezclan el deterioro de la vida cotidiana, los miedos, las connivencias con el delito.