Dragado: la UNS pide evaluar otro lugar

El Consejo Superior aprobó, tras una sesión que se extendió hasta los primeros minutos de ayer, el informe de la comisión multidisciplinaria creada para analizar el tema. Se resaltó que la zona elegida por la petrolera para instalar una planta regasificadora sería inapropiada, en función de su valor para el ecosistema del sector.
La Universidad Nacional del Sur recomienda que se estudien otras localizaciones para llevar a cabo el proyecto de YPF-Enarsa, para la regasificación de GNL.

La decisión fue adoptada ayer por el Consejo Superior Universitario, en base a las conclusiones de la "Comisión Multidisciplinaria para el estudio integral del Proyecto GNL Puerto Cuatreros", que había creado meses atrás para que evaluara el dragado del estuario entre Puerto Galván y Puerto Cuatreros y la instalación de una planta regasificadora en cercanías de General Cerri.

Dicho grupo ad hoc consideró "necesario y urgente" que se recomiende el estudio de diferentes localizaciones para el emplazamiento de la obra.

Asimismo, sugirió realizar un análisis integral del proyecto considerando dragado, puerto, planta regasificadora y posibles radicaciones industriales en el futuro, ya que "un análisis parcial tiende a subestimar los impactos globales generados por los efectos aditivos o sinérgicos".

También pidió que se entregue información detallada a fin de poder realizar el adecuado encuadre jurídico de la problemática.

Preocupaciones

Sin perjuicio de los beneficios económicos que este proyecto generaría y que desde el punto de vista geológico el mismo sería viable, el grupo evaluador, compuesto por 26 personas entre las que había geólogos, biólogos, geógrafos, economistas y abogados, expresó su preocupación sobre los siguientes aspectos:

* El sitio escogido para el emplazamiento de la planta regasificadora y la expansión portuaria prevista en la zona interior del estuario de Bahía Blanca ha sido señalada por distintas disciplinas como particularmente inapropiada en función de su valor para el funcionamiento del ecosistema completo, su singularidad y vulnerabilidad.

* La ausencia de un análisis de localizaciones alternativas del proyecto que permitan la operación de la planta regasificadora y la reinyección del gas al ducto troncal con un menor impacto ambiental, incluyendo la posibilidad de aprovechar profundidades naturales, evitando las tareas de dragado.

* La carencia de un análisis integral de los impactos que generaría la propuesta de expansión de la zona portuaria e industrial en la zona interior del estuario, más allá de las tareas de apertura del canal de acceso, movimiento de buques metaneros y de regasificación y gasoducto de reinyección.

* La incertidumbre acerca de las tareas de mantenimiento de las profundidades logradas a partir del dragado inicial, tanto en el destino del nuevo refulado y los impactos que éste podría generar, como en el modo en que serían financiadas dichas actividades.

Otros planteos. Los especialistas también expresaron su preocupación por la ocupación del frente marítimo costero "que limitaría de manera significativa el acceso de la comunidad al mismo", la afectación de la actividad pesquera artesanal y comercial por tiempo indeterminado, la pérdida de servicios ecosistémicos del estuario y la factibilidad de proyectos de desarrollo local alternativos.

Además, expresaron que el proyecto de regasificación no explicita los riesgos de posibles accidentes en la actividad marítima y en el gasoducto, ni sus consecuencias sobre la población y otras instalaciones colindantes.

"Si bien se reconoce el nivel de seguridad de estas operaciones, el análisis debería incluir la operación ship-to-ship en el muelle de amarre y los efectos de posibles incidentes sobre la navegación en el canal", destacaron.

En lo legal

La UNS agregó que, en torno a los sujetos de gestión, y desde el ámbito del derecho, siendo que Repsol YPF es una sociedad extranjera que realiza actividad habitual en el país, que se ha formado una unión transitoria de empresas entre la mencionada y Enarsa, se requiere conocer el carácter de la unión, el reconocimiento de derechos para los sujetos de gestión, si puede dar lugar a relaciones jurídicas en las que se pacte la jurisdicción de tribunales extranjeros, sean tribunales estatales o arbitrales.

Las firmas

El informe avalado por el Consejo Superior fue firmado por los profesionales Guillermo Bonorino, Gustavo Burachik, Juan Angel Cappa, Roberto Bustos Cara, Elizabeth Carbone, Jorge Carrica, Gabriela Cristiano, María Amelia Cubitto, Ana Eliceche, Alejandra Geraldi y Ana Lía Guerrero.

También por Corina Iuale, María Belén Kraser, Claudio Lexow, Silvia London, Pablo Martín, Walter Melo, Ana Julia Nebbia, Fernando Romero, Horacio Romano, Paola Rosake, Stella Tonelli, Valentina Viego, Sergio Zalba, Rodrigo Zeballos Bilbao y Mariana Zilio.

Postura central

El Consejo Superior, integrado por los directores decanos de los departamentos académicos y los representantes de los alumnos, docentes y no docentes, expresó que es necesario que la UNS aporte su opinión sobre un proyecto trascendental para su zona de influencia. "La universidad debe asumir un rol activo en los procesos de toma de decisiones que pudieran afectar a su entorno", se indicó.

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