El Gobierno provincial avanzará con una mejora salarial y la compra de nuevos vehículos. Operarios abandonarían las medidas de fuerza. Un fallo judicial ordenó garantizar el suministro.
Tras un nuevo encuentro entre el ministro de Hacien-da y Finanzas, Enrique Vaz Torres, el interventor de la Dpec, Vicente Parisi, y los referentes del Sindicato de Luz y Fuerza encabezados por el secretario general, Jorge Ovando, se concretó a última hora de ayer, el acuerdo que había comenzado a gestarse el martes cuando los gremialistas pidieron cambios en la primera oferta salarial.
A partir del planteo formulado por los trabajadores, se acordó una recomposición salarial que permite una mejora en la estructura general, con énfasis en las escalas más bajas.
Los operarios reclamaban también un mejor nivel de equipamiento automotor, y en ese sentido se les informó ayer que se concluyeron los trámites para la adquisición gradual de unos 15 móviles; cuya primera entrega se concretará la semana que viene. También se reasignaron vehículos de modo que haya mayor disponibilidad de mó-viles para la atención a los usuarios.
"Lo importante, además del consenso logrado más allá de las posiciones particulares, es restablecer la normalidad en la prestación del servicio para el usuario y resolverle los problemas a la gente", dijo Vaz Torres tras el acuerdo que demandó in-tensas negociaciones.
Es que mientras los referentes sindicales y las autoridades negociaban, se sucedían los cortes de luz en distintos puntos de la ciudad; y con ello crecía el malestar social. "Que alguien les pa-gue lo que reclaman pero que vuelvan a trabajar porque no podemos seguir sin luz", dijo a El Litoral una vecina que no tuvo energía eléctrica desde las 14 de ayer.
En algunos casos los cortes de luz se prolongaron hasta por 24 horas y obligaron a las personas a recurrir a estrategias como mudarse a hoteles.
Intervención judicial
Mientras se aguardaba la resolución del conflicto, por vía de un acuerdo entre trabajadores, empresa y Gobierno, la Justicia provincial intervino a partir de una resolución provisoria de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, María Elena Dadone, por medio de la cual reclama al Poder Ejecutivo y a la Dpec que garantice el normal suministro de energía a los ciudadanos correntinos. La disposición judicial surgió en respuesta a la medida cautelar que presentó ayer, el defensor del pueblo, Miguel Alegre.
Ahora, se espera que los operarios retomen sus tareas y se normalice el servicio.


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