La Legislatura de Córdoba convirtió anoche en ley el proyecto por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional de Estupefacientes y crea además un fuero provincial especialmente dedicado a la investigación y persecución de los delitos del narcotráfico.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad aunque con algunas observaciones por parte de la oposición. Las críticas recayeron, sobre todo, en lo relacionado al financiamiento para la implementación de la ley, en la ausencia de una política clara y concreta en prevención y asistencia al adicto, y en haber reaccionado 13 años después de gobernar la Provincia.

El proyecto de ley fue promovido por el gobernador José Manuel de la Sota, y entre los argumentos sostiene que lo que se busca es “incrementar la capacidad de respuesta contra el flagelo del narcotráfico, contando con todo el sistema de investigación y juzgamiento provincial al servicio de la persecución de este tipo de actividades delictivas”. El texto sancionado adhiere a la Ley Nacional 26.052 que modificó sustancialmente algunos aspectos de la Ley de Estupefacientes, al establecer la posibilidad de que las provincias opten por asumir competencia (jurisdiccional) cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.

Los principales puntos que contempla la nueva normativa son los siguientes:

Adhesión a la ley nacional: La provincia de Córdoba adhiere a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional sobre Tenencia y Tráfico de estupefacientes (Nº 23.737) y sus modificatorias en los términos, condiciones y alcances previstos en la Ley Nacional Nº 26.052.

Composición del fuero: Se crea el denominado Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la Capital, que estará compuesto por un Juzgado de Control y por tres fiscalías cuyas estructuras serán determinadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia (FGP). En el interior provincial, la ley deja la posibilidad de crear secretarías específicas a criterio del propio TSJ.

Financiamiento: El Ejecutivo requerirá a la Nación las transferencias presupuestarias “correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia”. Hasta tanto se efectivicen los montos “el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones”.

Destrucción de la droga: Se realizará “a través del procedimiento que fije el TSJ y la FGP, conforme a los criterios de celeridad, transparencia y contralor jurisdiccional”.

Control del tráfico de drogas: De manera coordinada, los poderes públicos dispondrán “un blindaje al ingreso y tránsito de drogas”. A estos efectos, “se deberán efectuar controles vehiculares de cargas y equipajes, tanto en rutas de la Provincia, terminales terrestres de transporte de pasajeros y en las áreas de terminales aéreas de la provincia de Córdoba”. La Provincia podrá adquirir los recursos tecnológicos y logísticos necesarios para llevar adelante estos cometidos.

Sustancias precursoras: El Ministerio de Salud controlará la comercialización de psicofármacos y de productos que puedan resultar aptos para la producción de cualquier tipo de estupefacientes.

Vigencia: La nueva ley comenzará a regir el 1 de diciembre de 2012 y se aplicará a los delitos cometidos a partir de esa fecha.

Fiscales de Instrucción: Se modifica el artículo 64 de la Ley Nº 7826 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal) por la que el fiscal de Instrucción podrá requerir órdenes de allanamiento al juez competente previa notificación al fiscal de Instrucción.

Inspecciones preventivas: Se incorpora un artículo a la Ley

Nº 9235 (Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba) por la que se permite a la Policía de la provincia “inspeccionar con finalidad preventiva”, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Distribución de bienes decomisados: Las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados se distribuirán en un 40% a un fondo especial para la Justicia; un 30% a otro fondo para la Policía; y el 30% al Ministerio de Desarrollo Social que asumirá las funciones de contención y protección de las víctimas del narcotráfico.