Aproximadamente mil son particulares que residen en alguno de los quince barrios cerrados existentes en la provincia, en tanto que el resto corresponde a empresas que encuadran en el grupo de actividades alcanzado por la resolución conocida días pasados. Los datos fueron aportados por Jorge Olguín, el titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, quien ayer se reunió con la titular de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, Sandra Correa. Estimó que recién en enero, se recibirá en los domicilios el formulario de la declaración jurada que se exigirá para el mantenimiento o no de la ayuda nacional. Destacó que aún falta información acerca de procedimientos a implementarse.