Por: Pablo Anino.

No sólo eso. Desde el regreso del FMI a la Argentina, la economía acumula tres años de recesión (2018-2020): si se compara el tercer trimestre del corriente año con el mismo período de 2017, el nivel del producto exhibe un retroceso del 15 %.

Aparentemente, más bajo no se podría caer. Por lo cual, la mayoría de los pronósticos indican una recuperación hacia adelante. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que efectúa el Banco Central entre consultoras mainstream preferidas por el establishment económico, señala que el crecimiento esperado para el año próximo es de 4,8 %. Algo más optimista se mostró el ministro de Economía, Martín Guzmán, que en el Presupuesto 2021 proyectó un crecimiento de 5,5 %. Bajo estos parámetros, el rebote del año entrante será de una proporción de alrededor de la mitad en comparación con el hundimiento en el hondo bajo fondo del año de la peste.

Pero quedarse con estos datos podría implicar pecar de optimismo. La economía argentina opera condicionada por un panorama internacional nada alentador, enredada en sus propias contradicciones estructurales y con los límites estrechos que establece el comando del FMI. No solo eso. Hacia el año próximo quedan varios imponderables que podrían afectar de forma negativa la recuperación. Por un lado, por el momento no se conoce a ciencia cierta la posibilidad de que la aplicación de una vacuna para el Covid-19 pueda permitir una reapertura plena de la economía (por ejemplo, en el turismo). Por el otro lado, existe una carrera de tiempo para que la aplicación de la vacuna evite un rebrote pandémico, una nueva oleada de contagios que haga retroceder varios casilleros la recuperación esperada.

La austeridad en el gasto público durante la crisis pandémica expone que las decisiones de política económica operaron bajo las restricciones impuestas por la herencia del megaendeudamiento macrista con los acreedores privados, con los lobos de Wall Street y con el FMI. En el primer año de Alberto Fernández los pagos de deuda pública se ubicaron generosamente por encima de los U$S 5 mil millones: esta suma convertida a pesos supera lo que se destinó al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La codicia y la especulación, el criterio de la ganancia, imperaron por encima de las necesidades sociales.

Argentina es uno de los países que menos gasto público realizó durante la emergencia por el Covid 19. Este dato surge, no de la comparación con las potencias económicas, sino con países vecinos de la región de América Latina. Ante un escenario donde podría volver al primer plano la atención de la emergencia sanitaria, el Gobierno se encontrará condicionado para destinar recursos. El ajuste del gasto de casi 10 % en términos reales del Presupuesto 2021, que prepara las condiciones para un acuerdo con el FMI, implicó la eliminación del IFE y un recorte en los recursos para la salud también del orden del 10 %, entre otros tijeretazos. Es decir, el oficialismo actúa como si la magia hiciera desaparecer el Covid 19 del horizonte por el mero cambio del año calendario.

Desigualdad en la recuperación

Los pronósticos de recuperación están fundamentados en que la fuerte caída de la economía en 2020 puede revertirse conforme se va estableciendo una nueva normalidad con menores restricciones a la movilidad. Pero para tener una dimensión precisa de qué tipo de recuperación se vislumbra es importante considerar la proporción del derrumbe sufrido. En octubre, aun cuando muchas ramas económicas fueron acotando la caída a medida que se relajó la cuarentena, la mayoría se encontraba en niveles de producción menores que en el mismo mes de 2019. Excepto la intermediación financiera, que exhibe un crecimiento interanual de 9,42 % y muestra una importante resiliencia, una capacidad enorme de adaptación para convertir toda adversidad en una oportunidad de negocios (especulativos), el resto de las actividades se ubicaba por debajo de los niveles de producción de 2019. En el extremo, entre los rubros que más cayeron, se encuentra hoteles y restaurantes con una retracción del 54,54 %.

A medida que se instaló cierta estabilidad (precaria, a decir verdad) en la cotización del dólar, se conocieron algunas visiones de optimismo empresarial que pronostican un crecimiento por encima del promedio de 5,5 % esperado por el oficialismo para el año próximo. Es el caso de la Cámara de la Construcción. El reelecto presidente de esa Cámara, Iván Szczech, en el momento de su reasunción, señaló que “confiamos en que será un año de recuperación de la actividad”. El empresario Hugo Dragonetti, vinculado a la obra pública, en el programa Brotes Verdes, que conduce Alejandro Bercovich en C5N, pronosticó un crecimiento a tasas chinas. Pero la realidad es que, después de tres años de derrumbe, el sector busca emerger de las catacumbas: en octubre todavía se encontraba en un nivel del 13,30 % debajo del mismo mes de 2019.

Gran parte de la esperanza del empresariado de la construcción está cifrada en el gasto en obra pública que prevé el Presupuesto 2021: se duplicará en relación al vigente en 2019. El Gobierno apuesta con todo a la construcción en el año electoral porque consume relativamente pocos dólares de importaciones, en tanto la mayor parte de los insumos se producen en la industria local. Además, la construcción cae más que la economía en las recesiones y se recupera más fuerte en la reactivación. Pero los números que resaltan en un contexto de hundimiento generalizado, que precedía a la pandemia, quedan opacados cuando se los ubica en una perspectiva más amplia. Un informe del Instituto de Pensamiento y Política Públicas que, entre otros, integra el director del Banco Nación, Claudio Lozano, afirma que en el Presupuesto 2021 la recuperación de la inversión pública permitirá alcanzar el 2,2 % del PIB, no obstante estará todavía por debajo de 2015 cuando fue de 2,7 % del PBI, pero con un producto mucho mayor que el esperado en 2021.

Parte del establishment económico prevé (desea) un salto en la cotización del dólar para el año próximo. Ese posible salto en la cotización de la divisa estadounidense es lo que estaría impulsando la compra de bienes durables como automotores, electrodomésticos y la construcción durante los últimos meses. Es que, según los analistas, sectores de la clase media que no tienen alternativas de consumo y ahorro perciben que los bienes de esos sectores están “baratos” en dólares. Claro que para la gran mayoría de la población son inaccesibles hasta en un mundo de realismo mágico. La industria automotriz justamente es otro de los sectores que anticipa un crecimiento notorio: un 70 % para alcanzar una producción de 440 mil unidades en 2021. Incluso algunas terminales multinacionales anunciaron inversiones que suman unos U$S 3.000 millones. En este sector también sobresale el contraste cuando la comparación se realiza con lo ocurrido, no en el año de la peste, sino en la última década. En 2011, la producción alcanzó las 828 mil unidades, casi el doble que lo que se elaborará el año próximo. No solo eso. La producción automotriz en 2021 se ubicará por debajo de la cantidad producida en el austero 2018.

De conjunto, la industria manufacturera terminará el año de la peste con una caída que podría rozar el 10 %. Sectores que elaboran productos esenciales, como alimentos y bebidas, sostuvieron sus niveles de producción durante la pandemia. Otros cuya demanda se incrementó con el Covid-19, como sustancias y productos químicos (donde está incluida la industria farmacéutica), la aumentaron. Pero la mayoría de la industria manufacturera experimentó un derrumbe en el acumulado del año hasta octubre: productos textiles (-22,3 %); prendas de vestir, cuero y calzado (-37,0 %); madera, papel, edición e impresión (-3,1 %); refinación de petróleo (-13,5 %); productos de caucho y plástico (-10,5 %); productos minerales no metálicos (-19,7 %); industrias metálicas básicas (-27,9 %); productos de metal (-24,1 %); maquinaria y equipo (-1,6 %); otros equipos, aparatos e instrumentos (-29,2 %); otro equipo de transporte (-40,8 %); muebles, colchones y otras industrias (-9,4 %). Hacia el año próximo, algunas de estas ramas industriales podrían ser impulsadas por la demanda de insumos de la construcción y de las automotrices. Pero las ligadas al consumo de los hogares, como es el caso de los textiles, encontrarán un límite estrecho en salarios que difícilmente recuperen poder de compra.

Desde el establishment económico se señala que Alberto Fernández no tiene un plan económico. Incluso fue el presidente quien declaró en una entrevista con el diario Financial Times que él no cree en los planes. Aun así, donde la política económica se muestra más activa es en delinear un esquema económico con fuertes rasgos extractivistas de materias primas para la exportación. Desde que asumió Fernández hubo dos provincias donde la movilización le dijo no a la megaminería: Mendoza y Chubut. Pero existe un plan más general a nivel nacional. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzó meses atrás la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino para los próximos treinta años. En el maravilloso mundo del fracking de Vaca Muerta, otro enclave extractivista, el Gobierno busca un relanzamiento de la producción con el programa Plan Gas 4, que comprende el pago de un precio subsidiado a las empresas como Tecpetrol de Techint, YPF, la yanqui Chevron, la francesa Total y otras que operan en la cuenca neuquina.

El Gobierno también busca avanzar con el agronegocio. No solo con la soja, donde hace décadas Monsanto y otras multinacionales fijan el modelo de negocios que envenena con el glifosato. Este año aprobó, a favor de Bioceres, el trigo transgénico con resistencia a la sequía y el glufosinato de amonio. En Bioceres los principales accionistas son Hugo Sigman y Grobocopatel. También impulsó las granjas de cerdos para la venta a China. Además, en el medio de la emergencia sanitaria, el Congreso votó una nueva Ley de Economía del Conocimiento: establece rebajas de impuestos, entre otros beneficios, a las empresas de biotecnología ligadas al agronegocio. Una de las principales lobistas para que salga esa normativa fue la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), donde pisa fuerte, nuevamente, el amigo de Alberto Fernández, el mencionado Hugo Sigman. Recientemente, a través del Decreto 1034/2020 que reglamenta esa ley, se estableció una baja de retenciones hasta el 0 % para las exportaciones de servicios basados en el conocimiento: software, biotecnología, productos audiovisuales.

De este modo, el oficialismo alimenta la esperanza de obtener dólares en el comercio exterior mediante la expansión del agronegocio, la megaminería y el fracking. Extractivismo nacional y popular ¿Quiere los dólares para el desarrollo económico? Si tomáramos por cierta esta noción, el camino extractivista, tal como muestra la experiencia histórica es un mal atajo para lograrlo; con él solo se benefician las grandes firmas multinacionales y sus socios locales mientras las poblaciones pagan los costos de este dumping ambiental que caracteriza al orden imperialista actual. Pero el objetivo parece más prosaico: la idea central del Gobierno es juntar dólares para pagar la deuda. Es que hacia 2025 el país tendrá que enfrentar vencimientos muy importantes con los lobos de Wall Street, pero también con el FMI si se concreta el acuerdo de facilidades extendidas que se está negociando. Es decir, hay un hilo que une extractivismo con la dependencia financiera: se necesita destruir el ambiente para pagar la deuda.

No obstante, tanto en la megaminería como en la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, los expertos que tiene una visión alejada del lobby empresario señalan que las expectativas de conseguir dólares a través de más producción y exportación son exageradas en el corto y mediano plazo. En el agronegocio es donde las expectativas de aumento de la producción y las exportaciones aparecen más certeras. Aun así, luego de dos campañas en niveles históricamente altos, esa no es la perspectiva para 2021, en tanto se espera un retroceso moderado de la producción agraria a causa de la sequía. Los altos precios internacionales, fundamentalmente de la soja, permitirían compensar la caída de la cosecha para garantizar un volumen de ingreso de dólares similar a 2020. De todos modos, con el poder económico del oligopolio agroexportador (Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD) que domina el comercio exterior de granos y de los grandes terratenientes, se sabe que buenas expectativas de negocios no son equivalentes a buenas noticias para el Gobierno: ellos son los dueños de los dólares y los especialistas en presiones devaluatorias mediante el arma extorsiva de la retención de ventas.

El régimen de la deuda eterna

Al momento de hacer el balance del año, el Gobierno destaca, como ocurre en spots publicitarios que circulan en los medios de comunicación, que en el contexto de la adversidad pandémica logró la reestructuración de la deuda con acreedores privados, concluida los primeros días de agosto por Martín Guzmán con los lobos de Wall Street. Desde la primera propuesta de abril hasta la última de agosto, el oficialismo cedió más de U$S 17 mil millones a los especuladores. Este “logro” fue celebrado en las dos orillas de la grieta. Fue saludado por el exministro, Luis “Toto” Caputo, el “Messi” de las finanzas; por el extitular del Banco Central, Guido Sandleris; por el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Los exfuncionarios no fueron los únicos. Hubo otros notables cambiemitas que acompañaron en la “patriada” al Gobierno, como Horacio Rodríguez Larreta. En el mismo sentido celebraron las cámaras empresariales.

No era para menos. Guzmán convalidó, sin investigar ni una coma, el fraude que hizo el macrismo al pueblo trabajador con el megaendeudamiento: bono a cien años emitido por Caputo en beneficio de fondos de inversión que él había fundado o de los que había sido empleado, bonos delivery a pedido de Wall Street y toda la fiesta financiera del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”. Esa deuda odiosa, igual que la del FMI, financió una espeluznante fuga de capitales, que alcanzó los U$S 86 mil millones durante el macrismo. A pesar de despejar los pagos de deuda de los próximos años, Guzmán consolidó la dependencia del país con los centros financieros imperialistas con una hipoteca que pesará sobre las presentes y futuras generaciones: la Oficina de Presupuesto del Congreso estima en unos U$S 146 mil millones los pagos de capital e intereses hasta 2041. Los más fuertes empiezan en 2025.

Ese “logro” duró un suspiro. Inmediatamente después se desató una corrida cambiaria. El oficialismo impidió que la especulación con el dólar se desarrolle con más potencia gracias a la alquimia financiera de Guzmán que, en un ataque de ortodoxia, implementó una serie de concesiones al capital financiero: relajamiento de los controles en las cotizaciones paralelas del dólar; nuevas emisiones de deuda nominada en billete verde para dar salida a fondos especulativos como Pimco y Templeton, que tenían colocaciones en pesos; liquidación del patrimonio de la Anses y otros organismos públicos en beneficio de la dolarización de los fondos de inversión. Además, rebajó retenciones momentáneamente al agronegocio y definitivamente a la minería para intentar que ingresen dólares del comercio exterior, lo cual sucedió a cuentagotas. El dólar transita una paz precaria. Pero los bonos argentinos cotizan a valores de default: las alquimias financieras de Guzmán dejaron expuesto un costo implícito del financiamiento del Estado que ronda el 16 % en un mundo con tasas de interés cercanas a 0 %.

En estos días, el equipo económico encara una negociación con el FMI para intentar cerrar un acuerdo de facilidades extendidas durante los primeros meses de 2021. Este tipo de acuerdo permitiría postergar el grueso de los pagos hacia 2025, pero es el más eficaz que tiene el FMI en su menú para “rescates” que ayudan a hundir a las economías. Es el tipo de acuerdo que empujo a Grecia a una recesión infinita. Comprende condicionalidades estructurales (reforma previsional, laboral y tributaria) y mayor rigor en términos de ajuste del gasto público. Entre 1956 y 2006, el país suscribió veintiún acuerdos de condicionalidad fuerte con el FMI. Solo dos fueron préstamos de facilidades extendidas, los dos durante los gobiernos menemistas: uno que firmó Domingo Cavallo en 1992 y otro de 1998 que firmó Roque Fernández, un Chicago Boy, es decir una figura de la ultraortodoxia neoliberal. Fantasmas del pasado que regresan.

El Gobierno buscará en el Congreso que el acuerdo con el FMI sea avalado por todo el régimen político capitalista. Seguramente, tampoco exista grieta al momento de votar entregar la conducción económica del país al Fondo por la próxima década. Desde 2025 habría que pagar unos U$S 50 mil millones (un promedio de unos U$S 10 mil millones anuales) al organismo dominado por los Estados Unidos. La cuenta cargará sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Gestión de la miseria

Hacia adelante cualquier recuperación de la economía se va a encontrar limitada por la situación internacional que atraviesa sus propias tribulaciones, entre un crecimiento anémico que precede al Covid-19, un derrumbe durante 2020 y una bola de nieve de deudas que se agravó con los recursos destinados a la emergencia sanitaria y cuyo estallido es una amenaza que nubla el horizonte.

La necesidad de generar las condiciones para los futuros pagos al FMI y a los acreedores privados estrecha los recursos para la contención social en el Presupuesto 2021. Como se mencionó, se elimina el IFE, pero también habrá menos recursos para la Tarjeta Alimentar. En el caso de los jubilados, al ahorro de unos $ 100 mil millones producidos en el corriente año con los “aumentos” por decreto, el oficialismo busca adicionar un ahorro el año próximo. Es que con salarios corriendo detrás de la inflación sin poder alcanzarla nunca, la nueva fórmula de actualización jubilatoria no solo consolidará el ajuste sobre los haberes de los adultos mayores, que suma una pérdida de 20 % desde la gestión de Cambiemos hasta la actualidad, sino que podría profundizarla el año entrante. Los salarios de la administración pública nacional acumulan un retroceso del 38,1 % entre noviembre de 2015 y el mismo mes del corriente año, según estimó la Junta Interna de ATE INDEC. Hacia el año que viene el panorama para el salario estatal no es mejor. De conjunto, la propia política presupuestaria de Gobierno establece límites estrechos a la recuperación económica.

Los últimos registros del Índice de salarios del INDEC exhiben una caída del 20 % en el poder de compra del sector privado registrado entre diciembre de 2015 y septiembre de 2020. Este último mes el poder de compra era 3,1 % inferior que en el mismo mes de 2019. En todo el sector público (más amplio que la administración pública nacional antes mencionada) la caída es de 25,6 % para el período que va de diciembre de 2015 a septiembre de 2020 y de 6,9 % cuando se observa el último mes en relación a septiembre de 2019. En el sector informal no hay registros oficiales para comparar con 2015, pero en septiembre de 2020 en relación a octubre de 2016 se observa una baja de 22 %; en la comparación puntual de septiembre la caída interanual es moderada, pero profunda en el promedio anual: - 7,7 %. Hacia 2021 está por verse en qué medida la inflación sigue erosionando el poder de compra de la clase trabajadora, ocupada, desocupada y jubilada. En la guerra entre salarios y precios se juega parte importante de la relación entre las clases fundamentales de la sociedad, entre la clase obrera y los capitalistas. En tal sentido, toma plena relevancia la lucha de los aceiteros que pasaron la navidad de paro contra el poder de los pulpos agroexportadores.

Existe una perspectiva cierta de ajuste tarifario, que en principio estaba establecido para marzo. En el oficialismo se debaten entre un ajuste gradual o uno más fuerte que haga recordar a lo “mejor” del macrismo. También se habla de una segmentación “científica” de los usuarios para diferenciar capacidades distintas de absorber los aumentos. Incluso existe una presión dentro del Frente de Todos por patear todos los ajustes importantes hasta después de las elecciones, lo que puede servir al oficialismo en el corto plazo, pero preanuncia una situación más explosiva en lo fiscal con potencial impacto en el dólar y también en la inflación. El ministro Guzmán, que pone la cara ante el FMI, sabe que subir las tarifas implica bajar los subsidios, que es lo que piden desde Washington. Un salto tarifario echaría leña al fuego a una inflación que se aceleró desde agosto hasta alcanzar niveles superiores al 3 % los últimos meses. El Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central (como se mencionó, se realiza entre voceros el establishment económico) anticipa una inflación del 50 % para 2021 y un salto en el tipo de cambio. Ese relevamiento no solo contiene un pronóstico, sino también una amenaza sobre lo que quieren hacer los dueños del país con los precios el año próximo: seguir sacando ventaja a los salarios.

Existe una contradicción fundamental en la tensión no resuelta entre el precio del dólar y la inflación, que se retroalimentan mutuamente. Mucho más en una situación donde el Banco Central cuenta con escasas reservas. A pesar de que mejoraron muy módicamente en las últimas semanas, las reservas del Central siguen débiles, de modo que establecen un techo muy bajo para cualquier recuperación. El crecimiento, por la estructura atrasada de la economía, requiere divisas para importar bienes intermedios que consume la industria y no se producen localmente. Cualquier mínimo repunte estresará las reservas. Esta situación preanuncia, más temprano que tarde, la vuelta de los fantasmas devaluatorios que deambularon hasta ayer nomás.

La CEPAL hace algunos años dice que América Latina enfrenta el peligro de una nueva “década pérdida” en comparación con lo ocurrido en los años 1980 cuando las economías quedaron sometidas al estrangulamiento de la deuda externa. No es exagerado decir que esa definición ya se hizo realidad en la economía argentina, que enfrenta un estancamiento que alternó bajas y alzas desde 2012. Desde 2018 no para de retroceder. En 2020 directamente experimentó una caída libre. Hay un dato más alarmante: el PIB per cápita (la producción de riqueza por habitante) actual es menor que en 2007. Si los pronósticos de crecimiento que hizo Martín Guzmán en el Presupuesto 2021 (5,5 % en 2021; 4,5 % en 2022; 3,5 % en 2023) se cumplen, en el año 2023 el país tendrá el mismo nivel económico que en 2012. Un detalle: se trata del más optimista de los escenarios para los próximos años. Otro detalle: los pronósticos oficiales son tenaces al momento de fallar. Es evidente la decadencia infinita a la que somete la clase capitalista que comanda el país a la mayoría del pueblo trabajador.

Es la decadencia que quedó graficada en el informe que presentó el Observatorio de la Deuda Social de la UCA: durante el cierre del tercer trimestre del año (julio-septiembre), el 44,2 % de las personas (unos 20 millones de habitantes) se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Y el 10,1 % de la población se encontraba por debajo de la línea de indigencia. Más grave aún: el 64,1 % de los niños, niñas y adolescentes habitaban en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En la presentación de ese informe, el director del Observatorio, Agustín Salvia, explicó que no es que el “Covid produjo un quiebre en un devenir progresivo de la sociedad”. Por el contrario, señaló que la pobreza crece desde 2013. En simultáneo que se expandió la pobreza, la ONG Oxfam estimó que, en Argentina, la fortuna de los milmillonarios aumentó desde U$S 8.800 millones hasta U$S 11.200 millones durante la pandemia. No es casual que nuestro país sea uno de los tres de América Latina donde más creció la desigualdad durante la pandemia. Aunque más agudo en estas pampas, no es un fenómeno ajeno a otras latitudes. El año de la peste mostró, cuando más se necesitaba que la prioridad sea atender las necesidades sociales, que hay una peste peor: es el propio sistema capitalista, que exhibió su naturaleza como nunca.