Donald Trump le pone la firma al muro que dividirá EE.UU. de México

Un país sin frontera no es una nación, dijo. Y reiteró que México pagará por la obra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles el primer paso para concretar una de las más controvertidas promesas de su campaña electoral y puso en marcha la construcción de un muro en el límite sur para frenar la inmigración ilegal: “Un país sin frontera no es una nación”, dijo el jefe de la Casa Blanca y aseguró que México pagará por la obra.

El decreto firmado por Trump se refiere en general al refuerzo del control fronterizo y también incluye fondos para la creación de más instalaciones de detención de inmigrantes en la zona de frontera. La medida también veta la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y mantiene la prioridad de deportación para inmigrantes con antecedentes criminales. El día de su lanzamiento de campaña, Trump había calificado a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos como “narcotraficantes” y “violadores”, por lo que fue repudiado por distintas organizaciones y personalidades hispanas.

Según consignó The New York Times en base a un borrador oficial, Trump también se dispone a anunciar en las próximas horas que frenará la inmigración de refugiados de Siria, Irak, Sudán, Libia, Somalia y Yemen como parte de su política de seguridad.

En una conferencia de prensa, el presidente dijo que la obra en la frontera comenzará ya mismo. “El Secretario de Seguridad Nacional trabaja conmigo y con mi personal para la construcción inmediata del muro fronterizo", confirmó y agregó que la muralla tiene por objetivo “frenar la migración ilegal y desmantelar los carteles” de droga. “A partir de hoy, Estados Unidos recupera el control de sus fronteras”, señaló Trump, que anunció además la contratación de 5.000 agentes fronterizos. A su lado estaba el nuevo titular de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly, ex jefe del Comando Sur, quien fue confirmado por el Senado el viernes pasado.

En realidad, el muro existe en buena parte de la frontera y hay vallas en largos tramos. Pero Trump busca completarlo en toda la extensión de unos 3.200 kilómetros, según prometió en su campaña, en la que comparó la obra con la muralla china. Sin embargo, ahora no dio precisiones sobre cuánto construirá ni dónde comenzará la obra, por lo que todo podría ser un gran anuncio para que sólo sean algunos pocos kilómetros que queden debidamente fotografiados para dar la sensación de promesa cumplida. Habrá que esperar para ver cuánto se concreta.

“Mi principal tarea es proteger las vidas de las familias estadounidenses”, continuó ante los aplausos de los presentes en la sede del Departamento de Seguridad Nacional en Washington. Trump aseguró que no olvidará las historias de quienes murieron por culpa de delincuentes inmigrantes, a los que calificó de “asesinos ilegales”: “Para todos los que resultaron heridos o muertos por la migración, los miramos y no serán ignorados”.

En una entrevista con ABC, el presidente había dicho que México pagaría el muro “en un 100%” y que Estados Unidos “recibirá de vuelta el dinero en una fecha posterior mediante cualquier transacción que hagamos con México”. No queda claro si se refería a algún intercambio comercial o, por ejemplo, a algún gravamen especial sobre las remesas millonarias que los mexicanos envían a su país.

La relación con México está más que tensa: el anuncio se concretó precisamente el mismo día en que los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron con representantes del presidente en la Casa Blanca para hablar de la renegociación del tratado de libre comercio NAFTA, otro tema anunciado por Trump que perjudica a México. El gobierno mexicano se niega tajantemente a la construcción del muro y mucho menos a pagarlo.

El 31 de enero estaba agendada una vista del presidente Enrique Peña Nieto pero existían fuertes versiones de que la cancelaría tras los anuncios de Trump.

Otro de los decretos anunciados este miércoles niega los fondos federales a las llamadas "ciudades santuarios", que protegen de la deportación a los indocumentados. De este modo, se suprimirán fondos federales a las ciudades que se nieguen a entregar datos sobre el estatus migratorio de las personas que detienen, que se estima que son unas 300 y entre las que se incluyen Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

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