Las irregularidades que ese estarían registrando en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que en algunos casos derivaron en una demanda judicial que tramita ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos (UFIC) de La Plata, están sumando nuevos ingredientes. Por ejemplo, las crecientes sospechas en torno al manejo que le está dando a los fondos que se recaudan con los bonos de prestaciones odontológicas.

El IOMA es una de las cajas más importantes de la Provincia, con un presupuesto asignado de $ 6.100 millones y cuyo titular es Antonio “El Tano” La Scaleia (foto), un médico de La Matanza que hace más de una década está vinculado con la institución: fue director general de Administración durante la gobernación de Carlos Ruckauf, en 2007 se convirtió en vicepresidente de la institución y, con la renuncia de Javier Mouriño, quedó al frente de la obra social.

Distintas fuentes consultadas por Hoy afirmaron que existiría una importante caja política, conformada con lo que se recauda con los bonos de $ 12 que paga cada afiliado por atención odontológica, a partir de un convenio realizado oportunamente por la obra social y la Federación Odontológica de la provincia de Buenos Aires (Fopba). Actualmente, IOMA tiene casi dos millones de afiliados. “Los odontólogos, con este convenio, tiene una cápita de unos $ 4.000, pero no reciben un solo peso de los bonos. Es vox populi que lo recaudado se usa, en parte, para sostener una gran caja política. Los 700 odontólogos que prestan servicio con este convenio no ven un peso de ese bono”, le dijo a Hoy una importante fuente de la obra social, quien pidió reserva de identidad para evitar posibles represalias del directorio. Y agregó que existiría un acuerdo para evitar los controles.

En ese sentido, el médico auditor Idelmar Seillant, titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, afirmó a Hoy que las prestaciones odontológicas son uno de los servicios menos controlados en la obra social. “Las auditorías de terreno de estas prestaciones, como en otros servicios de la obra social, prácticamente brillan por su ausencia. Y los pocos controles que se ordenan para los consultorios muchas veces se avisan de antemano y no son controles”, dijo Seillant.

El titular de Apioma es uno de los impulsores de la denuncia que a fines de 2011 dio origen a una investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con entrega de medicamentos -en su mayoría oncológicos, de alto costo- a afiliados fallecidos.

La presentación judicial también apunta a presuntos manejos oscuros con las prestaciones del servicio de internación domiciliaria, un negocio que estaría regenteado por el sindicato UPCN (que tiene representación en el directorio del IOMA), y a la tercerización de algunas prácticas de la obra social. Según pudo saber este diario, hace 15 días Seillant fue citado en la Fiscalía, donde ratificó su denuncia y explicó pormenorizadamente el funcionamiento administrativo de la obra social.

Se espera que, en los próximos días, sean citados a declarar varios testigos, en su mayoría familiares de afiliados fallecidos cuyos nombres fueron utilizados en la prescripción de medicamentos oncológicos de alto costo, luego de su muerte. “El problema es generalizado. Por ejemplo, existe un agujero negro en torno a las prótesis de las personas fallecidas que deberían ser devueltas tras su fallecimiento, pero desaparecen. Lo mismo ocurre con las camas ortopédicas, cuyo valor, por unidad, no baja de los 6 mil pesos”, concluyó Seillant.

Avanzada legislativa apunta a la obra social

Según pudo saber este diario, desde sectores de la oposición están preparando una batería de proyectos de informes dirigidos al titular del IOMA, para que dé explicaciones por las irregularidades denunciadas.

A fines del año pasado, el entonces titular del bloque de senadores provinciales del GEN (el partido que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer), Luis Malagamba, había exigido explicaciones a las autoridades de la obra social al sostener que “los hechos radicados en la Justicia son de extrema gravedad”.

Malagamba dejó de ser senador el 10 de diciembre último, y su sucesor en el cargo, Ricardo Vázquez, planea profundizar ese camino. Por eso, luego de mantener una reunión con los auditores médicos, en los próximos días oficializará un nuevo paquete de medidas legislativas, que también incluiría un proyecto de ley que apuntaría a modificar el funcionamiento de la obra social.

Los efectos de una cámara oculta

El año pasado la revista La Tecla informó que hasta la Gobernación llegó un mail y documentación con una presumible estafa, o intento, con fondos públicos, en el IOMA. El correo electrónico incluye una cámara oculta y grabaciones que involucran directamente al presidente de IOMA, Antonio La Scaleia.

La Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (Femape) se encarga desde hace varios años del trabajo de aglutinar a todas las empresas que venden prótesis a la obra social. Pero, desde que Javier Mouriño -antecesor de La Scaleia- accedió al cargo de presidente del IOMA en 2007, se intentó romper con este mecanismo. Mouriño se quedó en el camino, pero Antonio La Scaleia fue a fondo.

Uno de los proveedores que iban a quedar afuera grabó una reunión con autoridades de la obra social -de la cual participó- y la mandó a Gobernación. La grabación pondría de manifiesto, entre otras cuestiones, pedidos para que las firmas que forman parte paguen retornos del 10%, destinados a “una sola caja”.

Según pudo saber Hoy, en la obra social se estarían registrando algunos movimientos internos de funcionarios para intentar apaciguar los efectos del escándalo que, además, tiene nuevos ribetes, como los datos que el 8 de febrero último publicó este diario.

Concretamente, hasta el año pasado, había aproximadamente unas doscientas empresas que eran proveedoras de prótesis del IOMA. Pero, luego de una resolución del directorio de la obra social, comandado por Antonio La Scaleia, el universo de proveedores se redujo sólo a catorce.

Se sospecha que en su gran mayoría son firmas vinculadas a funcionarios de la obra social. En ese contexto, los manejos oscuros en torno a las prótesis también salpicarían al propietario de algunas de las clínicas más importantes de la región.

La versión de la Fopba

Ante una consulta de Hoy, fuentes de la Federación Odontológica (Fopba) dijeron desconocer la existencia de irregularidades relacionadas con los bonos de las prestaciones odontológicas y defendieron el convenio con el IOMA: “El coseguro forma parte del convenio firmado con IOMA. Es parte integrante de los honorarios de los odontólogos. En algunos casos se abona directamente a los profesionales, en otros se reintegra a través del sindicato”.

Desde la Fopba, además, agregaron: “Ese coseguro sirve para todas las prestaciones que consuma en el mes. No se cobra por cada prestación”.

Un hecho que disparó la denuncia

Uno de los hechos que dispararon la denuncia de Apioma, que se tramita ante la UFIC, se produjo cuando una afiliada, cuya madre falleció en 2004, se percató de que en el año 2010 seguía figurando en el sistema como receptora de drogas oncológicas. Primero, la afiliada lo denunció en el departamento jurídico del IOMA, pero terminaron cajoneando el reclamo. Y lo mismo habría ocurrido con numerosas presentaciones.

“En la web del IOMA hay un espacio para realizar denuncias de este tipo, pero la realidad es que no la recibe nadie. Nadie se hace cargo de investigar este tipo de situaciones, por las complicidades que existen dentro de la institución”, le dijo a Hoy Idelmar Seillant, titular de Apioma.