El clamor no se detiene, y a pesar de las intimidaciones, como prenderle fuego a la carpa que instalaron en la plaza General Manuel Belgrano, gran parte de ciudadanía sigue avanzando y promete “no bajar los brazos”.

Con ese espíritu, una delegación estuvo en esta Capital el pasado miércoles y se entrevistó con algunos diputados que siguen consustanciados con su reclamo.

Pensaban ir también al Senado y a la Corte de Justicia, pero la noticia de que el Tribunal de Enjuiciamiento abrió el proceso de destitución del principal cuestionado, el fiscal Marcelo González, los hizo desistir de esa movida, porque sintieron -según expresaron- que “las cosas se comenzaron a encaminar y las autoridades están haciendo lo que hace años tendrían que haber hecho”.

Nuevas denuncias

En el marco de esa visita a la Cámara baja, se sumaron más personas que querían hacer público su caso.

Por ejemplo, madre e hijo pidieron por la reapertura de la causa por la muerte de Félix Cruz en un accidente de tránsito.

“He quedado viuda de 6 hijos y no tenía quién nos mantenga, porque él era nuestro sostén. Tengo tanto dolor porque anda suelto, vive tranquilo como si no hubiera hecho nada. Pido justicia para mis hijos que han quedado sin un padre. Ellos me dicen permanentemente: mamá cómo hubiera querido tener a mi papá, aunque sea en una silla de ruedas. Eso me duele mucho, especialmente los más chicos me dice: mi papá me hace falta mucho”, cuenta Isabel entre lágrimas. “Yo sólo pido justicia y no que vuelva a ocurrir lo que ocurre desde hace muchos años en Santa María”, reclamó.

A lo que Elvio Cruz remata: “Pido que las autoridades investiguen, a fondo -remarca- el tema del fiscal y a toda la gente que trabaja en la Fiscalía, y si es posible, que se puedan ver otra vez los casos y tratar de llegar a la Justicia”.

Denuncia que a su padre “prácticamente lo mataron, porque lo atropelló una persona que estaba alcoholizada, sin carnet de conducir, en una moto sin luz y con problemas de vista”

“Hubo un tramuyo con el fiscal que no investigó bien, por eso perdimos el juicio penal porque ellos trajeron testigos falsos e hicieron cosas falsas y el fiscal los dejó hacer eso. Hoy, esa persona anda libre, toma (bebe alcohol) casi todos los fin de semana”, añade.

Las dudas de la familia Cruz tienen que ver con la etapa de investigación que llevó adelante González del accidente de tránsito ocurrido en el año 2004 con el luctuoso saldo.

“Venimos a acompañar a la gente que está reclamando por el mal desempeño del fiscal”, añade Elvio, que adelanta que la familia pedirá la reapertura y/o la revisión de la causa.

Milagro Vega ya entregó el informe al Procurador

En manos del Procurador de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, ya está el informe que elevó la fiscal General, Milagro Vega, tras su paso la semana anterior por Santa María para evaluar el trabajo del fiscal de Instrucción con asiento en ese departamento, Marcelo González.

Si bien no trascendió en detalle el contenido del informe que la titular máxima del Ministerio Público realizó, trascendió que no sería tan benigno como se suponía a partir de las declaraciones públicas que realizó. Según se supo, Vega habría asentado una serie de observaciones sobre el accionar del cuestionado fiscal.

Al margen de las cuestiones de forma sobre la relación del funcionario judicial con la gente, que Vega analizó como “rota”, habría avanzado en temas de mayor profundidad sobre su desempeño profesional.

Y en este marco, lo que inicialmente fue tomado con aparente liviandad, con el pasar de los días, se habría evaluado con mayor severidad, que es el hecho de las cartas documentos que el fiscal envió a una veintena de personas, exigiéndoles el pago de 100 mil pesos en 48 horas, a modo de resarcimiento -fijado por el mismo- por haberlo denunciado ante sus superiores o haber solicitado su apartamiento.

Este aparente abuso de autoridad y supuesta coacción, podría ser motivo de Jury. El Procurador lo determinará.

Denuncian por “estafa” al Jefe de Daespacho ante la Corte

Carlos Bustamante, era socio del cuestionado Jefe de Despacho de la Fiscalía de Santa María, el hombre acusado como el propietario de un desarmadero donde se habrían encontrado elementos robados y de ser prestamista, utilizando en algunos casos la sede la Fiscalía como financiera.

Ahora, Bustamante lo denunció a su ex socio por el posible delito de “estafa” ante la División Sumarios de la Corte de Justicia.

Según relató a este diario, la sociedad se constituyó hace unos años para comercializar huevos, pollos, carne, gaseosas con mercadería que traían desde Salta. “Trabajamos 4 años, él puso el capital de entrada y yo ponía el trabajo porque él por su trabajo en la Fiscalía no podía viajar a Salta o hacer el reparto y la venta en Santa María”, detalla Bustamante a LA UNION, y destaca que la sociedad falló por varios motivos, “pero hay una especialmente que recuerdo que es que él comenzó a traer hojas de coca y yo eso no quería vender, además nunca nos pusimos a aclarar bien los números que los manejaba él. Cuando nos separamos, yo quedé con un descubierto en el banco de aproximadamente 20 mil pesos y con cheques librados hasta 60 días después que rompimos la sociedad, así es que semanalmente entraban cheques por 6, 7, 8 mil pesos”, explica. Finalmente, dice que no quiere hacer cuenta delo monto global “porque me deprimo, me pongo muy mal”.

Otra más contra Francisco Albarracín

El ciudadano Milton Villafañe Fuentes había denunciado que autoridades de la Fiscalía “ventilaron una exposición policial que hizo por una inspección como agente de SADAIC”. Ahora, aseguró que cuenta con el testimonio del sargento Iván Oscar Córdoba que da cuenta de que el jefe de Despacho, Francisco Albarracín, y otros, se llevaron a la Fiscalía su expediente. De esta manera, prepara las acciones contra el Estado por la violación del secreto.

“El fiscal y el juez se quieren quedar con las tierras”

Como lo informó este diario, Nilda Molina y Rosendo Vilte presentaron un amparo contra un desalojo de la vivienda donde son caseros desde hace 14 años. Pero a pesar del crédito laboral, un mes después que pidieron la medida cautelar, se enteraron de su rechazo y al respecto introdujeron una seria sospecha sobre la motivación del fallo adverso. “Tienen interés el juez, el fiscal, el abogado de ellos de que nos saquen a nosotros, para que esto quede clausurado, para que ellos le hagan embargo a la sucesión y si no tienen cómo pagarles, las tierras van a quedar para ellos”, sostuvieron. Al respeto, hay otros testimonios que dan cuenta del supuesto interés de algunas autoridades judiciales en quedarse con tierras a la vera de la ruta nacional 40.

Una hija del dolor

Hortensia es hija de Julio Escudero y es una de los 6 hermanos que acusa a Ángel Aníbal Flores de haber dado muerte en 2005 al mando de un Ford Fiesta y en estado de ebriedad, a su padre que iba en bicicleta a trabajar a Las Mojarras. Desde entonces, la familia “que quedó en la calle” reclama Justicia y también acusa al fiscal Marcelo González de una deficiente investigación, a pesar de testigos que afirman que “el chico venía haciendo zigzag y se cruza de carril y atropella a mi papá que veía de frente”. “Todos lo acusan, pero no se pudo saber la verdad porque han pasado 6 años y nos dicen que perdimos el juicio penal y que el caso se cerró, pero nunca nos llegó ningún comunicado de nada”, señala con firmeza. “Queremos que haya Justicia, por eso apoyamos a esta gente que sus casos quedan en la nada y están como olvidados, que se los recupere, que haya una nueva sentencia y que sea a favor de la familia que sufre. Por eso, a las autoridades les pido que tomen conciencia, que piensen en que hay familias que perdieron a sus seres queridos y que esperan aunque sea un consuelo, porque si bien ya lo perdimos, al menos podamos decir: la Justicia catamarqueña ha hecho algo por mi madre, algo se ha hecho. Tenemos derechos y esperamos que esos derechos se cumplan”, concluyó.

Un hijo luchador

Nicolás Delgado también pide Justicia. Es hijo de Cristina Montoya de Delgado, la maestra a la que la picó una araña viuda negra en el patio de la escuela en un recreo, por eso, al ser un accidente laboral, inició un juicio al Estado. En resumen, cuando estaba a punto de cobrar el dinero para afrontar el costoso tratamiento, el fiscal Marcelo González apeló ese fallo y frenó el proceso. Eso motivó que se pidiera el Jury al fiscal por “desconocimiento del derecho” que no prosperó, a pesar de la opinión en contrario del propio fiscal de Estado, Simón Hernández, quien consideró que “se equivoca el agente fiscal respecto a las facultades con que cuenta el Fiscal de Estado en la provincia de Catamarca, evidenciando en su obrar desconocimiento de los institutos básicos de nuestro sistema institucional provincial”. Y añade que “debemos negar que se esté perjudicando patrimonialmente al Estado provincial”, y remarca que González no “tiene facultades para hacer tal apreciación”. Aún hoy, peleando por un lado con la OSEP que no le reconoce las curaciones (que tienen un costo de $130 por día), su hijo se suma a los reclamos contra el funcionario santamariano, a quien responsabiliza del deterioro de la salud de su madre, que está prácticamente postrada a consecuencia del avance del veneno en su cuerpo sin que pueda aplicarle los sueros para detenerla.