El Estado Democrático, en sus distintos niveles, debe ser la garantía plena de la vigencia de los derechos humanos. Para que ello se pueda realizar, es necesario que se extraigan recursos de la sociedad y se redistribuyan bajo la forma de bienes y servicios públicos.
En las sociedades modernas los gobiernos locales, que asumen crecientes responsabilidades devenidas de procesos de reforma en la gestión de los servicios públicos y de mayores demandas de la sociedad, deben ser dotados de recursos mediante un sistema que garantice la distribución homogénea y la automaticidad de las percepciones. Para que esto sea posible y en un marco de equidad distributiva, se debe avanzar hacia un sistema fiscal genuino que se plantee terminar con los privilegios fiscales de los sectores que mayor capacidad contributiva tienen y que sea a su vez armónico con los estados provinciales que tienen estructuras sociales y productivas similares.
El Frente Progresista debe desandar el camino que han marcado las políticas fiscales llevadas adelante durante el transcurso de los Gobiernos Justicialistas que quitaban los recursos legítimos de los gobiernos locales buscando compensar el atraso fiscal de "no aumentar ningún impuesto". Este esquema perverso entregaba recursos a la Nación con pactos fiscales, mantenía –como mantiene actualmente con su mayoría en el senado- los privilegios de los sectores de mayor capacidad contributiva y desfinanciaba a las administraciones locales con distintos mecanismos.
Para remediar esta situación el gobierno provincial puso en marcha todas las acciones al alcance del ejecutivo.
En primer lugar dos medidas a favor de Municipios y Comunas: por un lado se comenzó a coparticipar el 100% de Ingresos Brutos terminando con el techo del 90% que había impuesto la anterior administración y por el otro, a partir del 2008 se comenzó a coparticipar el Fondo de Financiamiento Educativo que por razones inentendibles se retraía de la coparticipación federal.
En segundo lugar se ha impulsado una reforma fiscal para volver más coherente el sistema tributario y dotar de fuentes de financiamientos a la Provincia y a los MMYCC.
Por otra parte se iniciaron acciones administrativas, judiciales y políticas ante el Estado Nacional en procura de recuperar los legítimos recursos de Santa Fe que fueron sustraídos en sucesivos pactos fiscales entre la Provincia y la Nación en la década del 90 generando cajas manejadas con absoluta discrecionalidad en nuestro desmedro.
A pesar del camino marcado con el impulso de éstas medidas que tienen incidencia directa en los gobiernos locales, vía coparticipación, los legisladores justicialistas santafesinos lograron abortar la iniciativa de la reforma fiscal del gobierno provincial que implicaba establecer el pago del impuesto a los ingresos brutos a las grandes industrias, la construcción y el campo.
Esta situación se vuelve aún más compleja ante la necesidad de hacer frente a los justos reclamos salariales de los trabajadores públicos, con ingresos propios menguados por la inflación. La respuesta dada desde el Senado, fue generar una ilusoria partida blindada a través del Fondo de Emergencia Salarial, que no es otra cosa que una reasignación presupuestaria en la Administración Provincial y en ningún modo garantiza a los Municipios y Comunas los mayores recursos necesarios para enfrentar la paritaria del año en curso.
Por todo esto, es que nos pronunciamos por:
- La urgente revisión de la Política Fiscal que exime de pago de Ingresos Brutos a los sectores más concentrados de la provincia de Santa Fe, bajo el dudoso criterio de mantener la "competitividad"
- Apoyar los reclamos ante el Estado Nacional procurando recuperar los recursos que genuinamente le pertenecen al estado provincial y gobiernos locales. (Recuperación de la detracción del 15% de los recursos coparticipables para financiar la ANSESS, y coparticipación del 100% del Impuesto al Cheque, entre otros)
- Exigir al Gobierno Nacional el estricto cumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal, en relación a la masa coparticipable para la Provincia de Santa Fe
- El reconocimiento al Gobierno provincial por la puesta en marcha de los mecanismos de coparticipación del 100% de los Ingresos Brutos y del Fondo de Emergencia Educativa porque significa terminar con injustas exacciones a los legítimos.
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