La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) rechazará hoy el incremento salarial del 25% escalonado en cuatro tramos que ofreció el Gobierno, en consonancia con los mandatos de los delegados departamentales que se expondrán hoy en la Asamblea General. A partir de ahora, y bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, el gremio intentará negociar un incremento en dos tramos, aunque no dentro del rango del 25%.

Según adelantó a LA MAÑANA el titular de Uepc, Juan Monserrat, sólo dos departamentos (Calamuchita y Sobremonte) aceptaron la propuesta oficial tal como fue lanzada por el Gobierno. El dirigente informó que en 25 departamentos se aceptó el porcentaje del 25 por ciento, pero no el pago en cuatro tramos. En Capital, en tanto, el rechazo fue total, y se aprobó un incremento del 30 por ciento desde febrero. “Se presentaron una diversidad de alternativas que mañana (por hoy) se discutirán con los compañeros”, indicó a su vez el adjunto del gremio, Oscar Ruibal.

Asimismo, y aunque está vigente la conciliación obligatoria declarada el 29 de febrero por el Ministerio de Trabajo, podrían votarse nuevas medidas de fuerza para después de 2 de abril, cuando caduca esa medida.

A partir de ahora las negociaciones continuarán en el ámbito de Trabajo, donde se supone se discutirá un nuevo esquema para el aumento, que podría ser en dos tramos semestrales.

Por eso, hoy a las 17 horas se realizará la primera audiencia en el marco de la conciliación, convocada por ministro Omar Dragún. A la misma asistirían las autoridades de los gremios docentes y el titular de Educación, Walter Grahovac.

Monserrat sostuvo que hoy se rechazará la oferta “tal como la presentó el gobierno”, pero que “se va a negociar sobre la base del 25 por ciento”. Asimismo, sostuvo que el gremio pidió un aumento en dos tramos semestrales, con un primer tramo más importante que el segundo, y no en cuatro partes. Como se sabe, el gobernador José Manuel de la Sota impulsó los acuerdos salariales por trimestre con el sector público, modalidad que en principio fue aceptada por el Sindicato de Empleados Públicos.