Los docentes privados, nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), se unieron ayer al reclamo del SUTE por la equiparación de las asignaciones familiares entre Nación y las provincias. Así lo adelantó María Elina Escot, representante gremial de estos educadores, en la reunión que el SUTE tuvo con los legisladores nacionales y provinciales. Escot explicó que es probable que se unan a la movilización organizada por el SUTE para el 19 de agosto, ya que comparten plenamente lo que los maestros estatales piden al Ejecutivo provincial.

REITERADO. Por su parte, el secretario general del SUTE, Javier Guevara, insistió en el pedido que la semana pasada realizó ante la Comisión de Labor Parlamentaria de Diputados. Sin embargo, esta vez lo hizo extensivo a los diputados nacionales Mariana Jury (UCR), Sergio Pinto (Confe), Jorge Alvaro (FPV), Omar de Marchi (PD) y el senador Adolfo Bermejo (FPV). Lo que privados y estatales quieren es que Mendoza sancione una ley de “enganche”, para que cada vez que la Nación eleve las asignaciones, la Provincia tenga que hacer lo mismo.

Hoy, la Nación paga 180 pesos por hijo a cargo a quienes ganan menos de 2.400 pesos. Pero, en setiembre, ese monto se elevará a 220 pesos. “Los mendocinos estamos 120 por ciento por debajo de lo que cobran los estatales nacionales”, señaló Guevara, ya que los empleados de la administración central y los docentes cobran 100 pesos por hijo a cargo. La situación se agrava para los municipales, que cobran un promedio de 80 pesos. Desde el PJ, Jorge Tanús y Carlos Bianchinelli ratificaron que no hay aún avances en el Ejecutivo por la suba de las asignaciones.

Financiamiento educativo

Los legisladores nacionales por Mendoza que asistieron ayer a la Legislatura provincial aseguraron estar realizando gestiones para una nueva ley de financiamiento educativo. Esto es porque, en diciembre del 2010, vence la actual, y Argentina se quedaría sin este beneficio. Si bien el Frente Para la Victoria quiere una nueva legislación, la diferencia con la oposición es que esta quiere introducir dos modificaciones. En primer lugar, criterios menos discrecionales para destinar los fondos (6% del PBI que se destina a educación). Por último, que se invierta la proporción con la que hoy se reparten las cargas entre la Nación (aporta 40% de los recursos) y las provincias (aportan 60% de los recursos).