Con un debate del que participaron docentes y autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Legislatura inició ayer la ronda de diálogo institucional sobre la reforma de la Ley de Contravenciones Policiales. El evento, que tuvo lugar en el Centro Cultural Flavio Eugenio Virla, se enmarca en la decisión parlamentaria de consensuar con distintos sectores el código de convivencia que reemplazará a dicha norma, que rige en Tucumán desde la época de la dictadura militar y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De la audiencia, convocada por la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara, participaron legisladores y profesionales del derecho, quienes brindaron sus aportes y sugerencias respecto al futuro ordenamiento contravencional, sobre el cual fueron presentados tres proyectos de ley en las últimas semanas (uno del bloque Tucumán Crece, otro del “camporista” Jesús Salim y el restante del radical Ariel García)

En resumen, los profesionales universitarios coincidieron en las críticas a algunas de las propuestas plasmadas en los proyectos legislativos, principalmente el que lleva la firma de varios integrantes del bloque alperovista, con Marcelo Caponio a la cabeza, debido a que apuntan a "criminalizar la pobreza" y "sancionar la portación de cara". En este sentido, los docentes de Derecho se manifestaron de manera contundente contra de la posibilidad de que sean sancionadas con una pena de arresto de hasta cinco días "a los que siendo capaces de trabajar o teniendo medios de subsistencia, se entregaren profesionalmente a la mendicidad o la vagancia", tal como propone el proyecto del bloque Tucumán Crece.

También se condenó la propuesta de Salim, de llevar presos a los padres que obliguen a sus hijos a pedir limosna.

El titular de la comisión de Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse, dijo a EL SIGLO que "los docentes de Derecho expusieron su punto de visto sobre ley vigente y cómo debería ser la próxima, coincidiendo en que debe haber control jurisdiccional sobre el proceso".

Agregó que los profesionales "también plantearon que debe haber tipología cerrada y específica, para que la autoridad no tenga un margen discrecional para sancionar, y se dejó en claro que las sanciones deben ser multas o trabajos comunitarios".

El legislador resaltó que la cátedra de Criminología "se opone a que haya penas privativas de la libertad, y en cambio plantea que sí que puedan ser aprehendidos por ocho a diez horas, hasta tanto un juez jurisdiccional adopte una decisión".

Vargas Aignasse detalló que durante la audiencia "se cuestionó el hecho de que la Ley de Contravenciones vigente tiene un enorme manejo policial por parte de la Policía, sumado a la falta de control por parte de la Justicia, lo que le hace mucho daño al sistema. "Los docentes también se plantearon muy en contra de cualquier medida que apunte a criminalizar la protesta. La contravención es una falta social y debe ser sancionada como tal y no como un delito", enfatizó.

Un enfoque amplio

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Derecho, Miguel Marcotullio, precisó que la participación de esa unidad académica se cristalizó a través de la exposición de los docentes de las cátedras de Derecho Penal, Derecho Criminológico, Derecho Procesal y Derecho Constitucional. "Son vertebralmente los aspectos temáticos que pueden tratarse en este debate", explicó.

A su turno, María del Pilar Prieto, titular de la Cátedra de Criminología de dicha unidad académica, recordó que la norma que se busca reformar "fue dictada durante el proceso militar y es violatoria de todas las garantías constitucionales".

En el mismo sentido, el jefe de trabajos prácticos de Derecho, Sebastián Herrera señaló que un nuevo código de Convivencia debe serle útil al Estado de Derecho y a los ciudadanos. "No pensemos qué estamos haciendo. Todos somos ciudadanos y tenemos que pensar al momento de legislar sobre lo que va a ser la política contravencional del Estado", opinó. "Es importante que pensemos en evitar los excesos, en limitar y reglamentar la actuación policial. Estamos procurando un código contravencional que sea en pos de una Argentina del futuro, no para repetir viejos errores", subrayó Herrera.

Cómo seguirá el debate

Vargas Aignasse recordó, por otro lado, que el de ayer fue el primero de una veintena de foros en los que se buscará obtener una visión conjunta de los distintos sectores de la sociedad en la materia. En este sentido, anticipó que la próxima jornada de debate se realizará el martes 26 de junio, con la participación de docentes de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad San Pabo T, en el campus que esa casa de estudios posee en la localidad homónima.