El plan de emergencia de la oposición para reactivar la industria y frenar el cierre de plantas fue recibido con interés por los empresarios, pero también con temor.

Mientras los industriales ven con buenos ojos el impulso al consumo, el crédito blando y la refinanciación de deudas, la propuesta de reinstalar la doble indemnización por despidos sin causa generó un fuerte rechazo en la UIA, la principal central fabril del país, con la que Alberto Fernández aceleró el diálogo en las últimas semanas y negocia por estas horas un pacto social junto a la CGT.

Reflotar la medida que se aplicó en enero de 2002 para salir de la crisis es uno de los aportes que los equipos técnicos del PJ le acercaron a Fernández la semana pasada en un documento de 118 páginas. Dentro del capítulo de "Política Industrial" se plantea, además, la extensión y facilitación del Programa de Recuperación Productiva (Repro), un subsidio creado durante el kirchnerismo para sostener los salarios de empresas en crisis y que desde el 2016 fue reconvertido al flexibilizarse el requisito de mantener el mismo personal. 

Los empresarios coinciden en que la situación amerita políticas urgentes para reactivar el mercado interno, proteger el empleo y ayudar a las empresas a afrontar sus deudas bancarias e impositivas, pero advierten sobre los efectos colaterales de relanzar la "doble".

"El que está para que lo rematen por deuda ya está muerto. Si no generás consumo con los Repro, no alcanza. Y si ponés la doble indemnización, vas a lograr que en lo que resta para el cambio rajen a mucha gente que las empresas están aguantando", alertó a iProfesional un miembro del comité ejecutivo de la UIA.

Los industriales presentaron el lunes de la semana pasada su plan productivo, en un acto encabezado por el titular de la UIA Miguel Acevedo, quien hizo un llamado a iniciar el "acuerdo social" junto al líder sindical de la UOM, Antonio Caló, y el de la Alimentación, Rodolfo Daer.

En ese marco, la central fabril propuso eliminar las retenciones a las exportaciones, bajar las tasas de interés y actualizar los convenios laborales, incluidos los "costos indemnizatorios". Es decir, reducir indemnizaciones y las multas por trabajo no registrado, el espíritu opuesto al documento del PJ.

La iniciativa de duplicar el costo de los despidos sin causa surgió como una de las alternativas dentro del equipo de Política Industrial del PJ, bajo la coordinación de Diego Roger, quien también asesora en materia energética a Fernández y trabaja con Nicolás Trotta. De los debates sobre el sector participaron más de 15 técnicos, entre ellos Mariano Kestelboim, Claudio Casparrino, Jorge Schneebeli, Paula Español, Sergio Woyecheszen, Ariel Schale, Raúl Sánchez, Javier Preciado Patiño, Germán Pérez, la Agrupación Rolando García, junto con Javier Rando, Roberto Arias, y la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, que hoy trabaja en La Matanza junto a Verónica Magario.

Pero no todos comparten la propuesta de reforzar las indemnizaciones. Mientras algunos minimizan su eventual implementación al señalar que "no se pensó en una aplicación generalizada", por lo que habría una diferenciación entre Pymes y grandes empresas, otros aseguran que "los aportes fueron sumados por varias personas y discutidos en grupos que pueden ser tomados o no".

El tema ya había sido debatido en marzo pasado cuando los "dipusindicales" kirchneristas presentaron un proyecto en el Congreso para suspender los despidos por 180 días y reinstaurar la doble indemnización, aunque nunca llegó a tratarse en el recinto.

Lo cierto es que el agravamiento de la crisis en las últimas semanas, con el cierre de plantas, despidos masivos y en algunos casos la ocupación de establecimientos, reavivó la preocupación en el entorno de Fernández.

En caso de triunfar en las elecciones del domingo 27 de octubre, el exjefe de gabinete deberá enfrentar un escenario complicado de recesión industrial. En agosto, el sector marcó una caída del 6,4% interanual y en julio la pérdida de 54.500 empleos formales, en medio de vencimientos de deuda, restricción de divisas y una inflación que supera el 55% interanual.

"La industria cayó a lo largo de cuatro años y desde el año pasado el Gobierno creyó que la crisis era pasajera y se iba a recuperar, pero las cámaras empresarias y las Pymes les dijeron que aguantaban hasta febrero o marzo sin despedir o reestructurar", explicó Roger a iProfesional, quien agregó que "estiraron" hasta donde pudieron. De esa manera, descartó la posibilidad de que las grandes empresas hayan decidido anticipar cierres de fábricas, recortes de personal o adelantamiento de vacaciones ante la incertidumbre generada por el escenario electoral. 

El enfoque predominante en los equipos de Fernández es que las situaciones son diferentes y deben utilizarse herramientas "a medida" de cada sector. A la hora de analizar los casos, consideran que el cierre reciente de una planta de Loma Negra podría revertirse con la puesta en marcha de la obra pública.

Justamente, los equipos del PJ dedicados a las políticas de empleo proponen la creación de un millón de puestos de trabajo, la mitad mediante la construcción de viviendas y la otra con la transformación de programas asistenciales en programas de producción y trabajo.

En el caso de Zanella, Kimberly Clark y Bagley, las medidas en estudio para reabrir esas plantas apuntan al impulso del consumo masivo. Ese sería el objetivo de establecer paritarias por arriba de la inflación, un incremento de las AUH y jubilaciones, junto  al relanzamiento de los Repro, créditos a tasa subsidiada y la suspensión de las ejecuciones por deudas con los bancos y la AFIP.

En el PJ también evalúan la creación de impuestos al sector financiero y a quienes blanquearon activos entre 2016 y 2017, mientras que el grupo encabezado por Giorgi se inclina más por implementar un sistema de sustitución de importaciones y una mayor fiscalización para reducir la informalidad laboral.

Los empresarios tenían previsto obtener mayores precisiones en el Foro de IDEA, organizado en Mar del Plata entre este miércoles y el viernes. Alberto Fernández y Axel Kicillof fueron invitados, pero ayer desde el entorno del candidato presidencial confirmaron que no estará presente. A 11 días de las elecciones, la oposición peronista sabe que en caso de imponerse en primera vuelta deberá adoptar medidas de inmediato, el 10 de diciembre, para revertir el cuadro que el propio Kicillof calificó de "industricidio".

Pero primero, deberán ponerse de acuerdo puertas adentro sobre el plan económico y negociar un traspaso ordenado con Macri.