La Unidad de Evaluación que contempla la resolución 142 (Secretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Política Económica y Ministerio de Industria) ya empezó a evaluar las solicitudes de los exportadores argentinos que se consideran afectados por la reducción de 180 a 90 días de plazo para ingresar divisas producto de sus operaciones de comercio exterior. Y el primer resultado confirma que la decisión de rever la medida se rige por un criterio selectivo: de hecho, de un primer listado de 6 empresas difundido el martes sólo se le extendió a 2.

Dos semanas atrás, la Nación, a través de las cámaras empresarias, comenzó a distribuir una suerte de encuestas entre los operadores para relevar sus posiciones arancelarias, mercados, tipo de transacción y vínculo comercial con importadores, entre otros datos relativos a su movimiento habitual en el exterior. El propósito era, según trascendió, que la Unidad de Evaluación mencionada pudiera estudiar los casos.

De ese análisis surgió la primera lista de firmas con solicitudes en tal sentido, ya publicada en el Boletín Oficial de la Nación. La biotecnológica aplicada a la veterinaria Bedson y la cerealera Gentos aparecen como las únicas favorecidas por la extensión del plazo de ingreso de divisas nuevamente a 180 días. Para el resto (Pop Argentina SA, Molino Argentino SAICA, Tovlent SA, Industria del Plástico y Metalúrgica Albano Cozzuol SA) se mantiene el término de 90 días.

Ahora, los operadores esperan que en una semana se conozca un nuevo listado. En Mendoza el escepticismo de los sectores vitivinícola, olivícola y metalmecánico, los más afectados por la 142, choca con el mensaje pseudo optimista de los operadores. Así, se espera que haya novedades en los próximos días.

"Resulta positivo ya que exponer situaciones particulares tiene una ventaja sustancial para evitar renegociar tarifas y plazos. En un marco de poca información, es una muestra de que el Gobierno parece estar escuchando al evaluar la seriedad de cada presentación, aunque el criterio de decisión no está del todo claro y, en parte, está sometido al azar", analizó el despachante Eduardo Fontana, de Fontana y Asociados, con una cartera de 100 bodegas.

Para Martín Clement, de Clément Comercio Exterior, con esta norma se renueva la esperanza de ciertas industrias que, por características especiales de sus productos, logística o mercados no están en condiciones de cumplir con los nuevos plazos y que, en casos más graves, incluso suspendieron exportaciones para no incumplir la Ley Penal Cambiaria, que prevé hasta penas de prisión.

Si bien en los formularios que deben completar las empresas para fundamentar una revisión de sus casos la información solicitada es muy precisa, aún quedan dudas acerca de cómo se resolverán ciertas situaciones. Entre las bodegas, por ejemplo, preocupa lo que puede suceder con los mercados donde, como Canadá y los países nórdicos, la importación de vino está controlada por monopolios estatales, y en qué medida se considera la importancia de cada mercado para las empresas.

"Ver para creer" es el viejo adagio al que adhiere la mayoría de los empresarios, escépticos y críticos ante la primera señal. "Siguen siendo medidas según la "cara del cliente", porque no se logra entender si hay algún patrón coherente para aprobar o no cada solicitud. Pasa con esto algo similar a lo de las Declaraciones Juradas de Importación: dos empresas locales con presentaciones similares para el mismo producto recibieron un sí y un no. No es la forma en que tienen que manejarse las cosas, porque sigue generándose incertidumbre", enfatiza Julio Totero, de Asinmet (Asociación de Industrias Metalúrgicas).

En la misma línea se pronuncian desde el sector olivícola. Para Rodolfo Vargas Arizu, directivo de la Cámara de Comercio Exterior, se trata lisa y llanamente de trato discriminatorio. "El criterio no debiera ser selectivo. Si se reconoce 180 días debiera ser a todos", señaló el empresario. "Primero se exceptuó a las que facturaron menos de 2 millones el último año, mientras el resto sigue esperando. Es la discriminación que ya conocemos, al estilo del diferimiento impositivo y la promoción industrial", agregó.

Entre las bodegas, se espera que alrededor de 60 terminen de enviar sus solicitudes esta semana a la Unidad de Evaluación. "Hay que ser pragmáticos. Estimamos que para el fin de semana tendremos un número importante de presentaciones, alrededor de 30 formularios por empresa teniendo en cuenta sus mercados y posiciones arancelarias. Cuando salió la resolución, nos preguntamos ¿cómo se decidió, casi sin conocer a la industria, reducir de 180 días a 90? Ahora esperamos que con más información se decida mejor", concluyó Juan Carlos Pina, de Bodegas de Argentina.