Un proyecto que promueve la instalación de una estación de peaje en la autopista que une a la ciudad de Famaillá con San Miguel de Tucumán, a los fines de que el mantenimiento de la misma sea concesionado al sector priviado, generó roces en el seno del bloque oficialista "Tucumán Crece".

La iniciativa, que es promovida por Ivan Llorens Dip, con el acompañamiento de Raúl Hadla y Beatriz Bordinario de Peluffo, fue cuestionada por el también alperovista José Orellana, hermano del intendente de Famaillá, Enrique Orellana.

El proyecto de resolución promovido por Llorens Dip se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle "la instalación de una estación de peaje en la autopista, que nace en la ciudad de Famaillá, incluyéndose su jurisdicción hasta El Cadillal, concesionándose su explotación". Además, la propuesta establece que "la empresa concesionaria se encargará de la limpieza, mantenimiento, señalización, construcción de espacios verdes, sanitarios, instalación de sistemas de telefonía o postes parlantes en el Corredor, el control de cargas y toda otra obligación que figure en el contrato de concesión".

Según el parlamentario oficialista, el criterio fundamental es que si un camino deja de mantenerse se destruye. "Al construir una ruta nueva, se debe impedir que la ruta se destruya. Evitar que la ruta se destruya es mantener el capital que el Estado ha invertido en su construcción. Por ello considero que el peaje tiene la ventaja de que paga quién la usa y 'la deteriora', por lo que me parece una modalidad de financiación más justa que la otra, en la que pagamos todos", consigna el proyecto que está en debate de comisión.

Oposición interna

El legislador Orellana cuestionó duramente la iniciativa de sus compañeros de bancada. "No se puede pretender cobrar peaje en una ruta que utilizan todos los famaillenses diariamente por razones laborales o de estudio. Será mucho mayor el daño que el beneficio que se busca con este proyecto", sentenció el parlamentario, en declaraciones a EL SIGLO.

El legislador peronista dijo que "la corta distancia que hay entre Tucumán y Famaillá, de apenas 28 kilómetros si se la toma hasta el acceso al Mercofrut, no justifica el cobro de un peaje para realizar un mantenimiento que tranquilamente puede realizar el Estado. Si lo que se pretende con esto es recaudar para un recupero, no tiene ningún sentido", disparó.

Por otro lado, Orellana recordó que "la obra de la autopista está realizada y pagada desde hace mucho tiempo, con recursos específicos que se presupuestaron para esta obra, por lo que pretender concesionarla no es una medida acertada. No comparto para nada el proyecto, porque es injusto trasladarle a la gente el costo de mantenimiento de una autopista tan corta", insistió.