La iniciativa impulsada desde el "amayismo" en pos de crear una Policía Municipal, comenzó a desplegar las primeras repercusiones que, por un lado, tuvo al ideólogo de la iniciativa, Germán Alfaro defendiendo su planteo, en tanto que en los sectores refractarios al oficialismo se notaron diferencias al momento de analizar el proyecto en cuestión.

En tal sentido, consultado por las razones que influyeron al momento de elevar esta normativa, el delfín del Intendente capitalino en el Concejo Deliberante, recalcó sobre las inestabilidades que se registran en materia de seguridad a nivel provincial, lo que debiera leerse como un reconocimiento y crítica a los estándares de prevención y combate delictivo que se implementa en Tucumán.

"De los problemas hay que hacerse cargo y la seguridad es un problema. No hay tucumano que no observe las falencias de seguridad en la provincia por lo que aporté esta propuesta para ser debatida, además puede ser corregida o suprimida", indicó Alfaro.

Vale recordar que conforme al proyecto, la Policía Municipal funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y, entre otras funciones, contaría con potestad para labrar infracciones de tránsito, clausurar locales y ejercer tareas preventivas en espacios públicos, aunque los efectivos no llevarían armas de fuego.

Alfaro, en declaraciones a la prensa, consideró que "es necesaria la Policía Municipal porque tenemos que recuperar la presencia del Estado dentro de la ciudad, a través del control, la educación, la aplicación de las normas municipales vigentes".

En este sentido, consignó que "hay que recuperar los espacios públicos y trabajar sobre la convivencia de los ciudadanos, a través de una policía persuasiva, disuasiva, que es una política a nivel nacional implementada en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe".

Si bien reconoció que aún la Intendencia no se encuentra preparada para una "municipalización de la seguridad", no descartó que en un tiempo perentorio pueda cumplimentarse este fin.

"Desde los municipios se deben crear las condiciones para que el ciudadano tenga la seguridad, es importante que volvamos a la figura del rondín. En el municipio debe haber un policía cuidando en cada una de las manzanas", estimó Alfaro, al tiempo de indicar que no se deben escatimar esfuerzos en esta materia por lo que adujo que los recursos presupuestarios para encarar este proyecto egresarían de las arcas de Rentas Municipales.

Otras preocupaciones

Uno de los referentes de la oposición que se mostró en contra de la iniciativa fue Claudio Viña pues alegó que "Tucumán es una provincia muy chica que tiene ciudades pequeñas y muy colindantes unas con otras. Fijar jurisdicciones policiales que combatan el delito en forma eficiente, con esta limitaciones geográficas, sería contraproducente y favorecería la comisión de delitos por ese cruce de competencias, por la burocracia que esto va a generar", alegó. Teniendo en cuenta este posicionamiento, el republicano aseveró que a partir de la presentación se reconoce la "ineficacia" de las políticas de seguridad del Gobierno, pero reafirmó que la solución no radica en esta instancia pues, consideró, se debiera cambiar de raíz el sistema de seguridad.

"El Municipio se debe limitar a los temas más comarcanos y cotidianos como los que tienen que ver con el tránsito, el transporte, la vía pública, cosa que no puede resolver todavía. Por eso no me imagino encargándole una actividad tan importante y peligrosa como lo es el manejo de la policía", recalcó el opositor. "El Departamento Ejecutivo no está capacitado para llevar a cabo una política de seguridad y mucho menos para tener a su cargo el combate del delito", fue la síntesis de Viña.

Sin embargo, una idea que se contrapone a la señalada anteriormente fue la esgrimida por Sandra Manzone, de la Coalición Cívica-ARI, quien, si bien aclaró que todavía no se empapó con lo central del proyecto, indicó que acompañará la normativa en caso de llegar al recinto de sesiones.

Refirió al respecto que "está comprobado que la presencia de autoridad o un uniformado en la calle hace disminuir considerablemente el delito, debida cuenta que sería un policía sin ningún tipo de armas, pero es un elemento persuasivo importante". Aludió, en coincidencia con los argumentos descriptos por Alfaro, que la iniciativa resulta proclive "a los fines de la recuperación de los espacios públicos, aunque lamentablemente no podemos ir hacia una municipalización de la seguridad, que es un viejo anhelo a cumplir en un momento cuando la Municipalidad sea realmente autónoma".

Quien eludió de opinar sobre la temática fue el propio intendente Domingo Amaya, al señalar que no está al tanto del proyecto y advertir que la política de seguridad es competencia del Gobierno provincial.