Mediante comunicados, las agrupaciones mencionadas expresaron la posición que toman sobre el proyecto de ley de expropiación del 51% de la empresa YPF. El Movimiento Nacional Indígena Campesino se pronunció completamente a favor, la Unión Cívica Radical de Neuquén apoya la iniciativa y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores difiere en la metodología con la que se pretende llevar a cabo.

El Movimiento Nacional Indígena Campesino expresó: “acuerdo y total apoyo a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, como un paso estratégico en la recuperación de la soberanía energética. Consecuentemente movilizaremos defendiendo nuestros intereses nacionales y latinoamericanos de las agresiones o amenazas de las trasnacionales y de los gobiernos que defienden intereses del capital financiero por sobre los de sus pueblos, tal como el actual gobierno español. Llamamos así a la unidad del campo popular en pos de defender la expropiación y nacionalización de YPF”. Por otra parte, enfatizaron en que “el proceso debe avanzar hacia una completa nacionalización de YPF y la transformación de sociedad anónima a empresa estatal. La transnacional REPSOL debe hacerse cargo de los daños ambientales que ha generado y los perjuicios a los bienes naturales, resarciendo económicamente al país y a las comunidades campesinas e indígenas que han sido afectadas. REPSOL, esta aún en deuda con el pueblo argentino y la naturaleza”.

En su comunicado, el Movimiento Nacional Indígena Campesino propone profundizar el debate en torno a la soberanía energética, haciendo hincapié en “la nacionalización de los sistemas de transportes de pasajeros y de carga, y principalmente los ferrocarriles, mejorando y optimizando sus servicios, de manera de mejorar la eficiencia en el uso de los combustibles fósiles. Así como intensificar el desarrollo de energías renovables para ir transformando la matriz energética. Acentuando la necesidad de modificar los patrones de consumo de energía. En ese sentido la población rural consume mucha menos energía por cápita que la población urbana, así como la agricultura industrial consume un promedio de 30 veces mas energía que la agricultura campesina para producir una misma cantidad de alimento. Por eso también la soberanía energética esta relacionada a la vuelta al campo y al tipo de producción agropecuaria y así relacionada a la soberanía alimentaria”.

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, por su parte, informó que en algunos aspectos discrepa con la posición asumida por el Comité Nacional del partido. “Los Radicales Neuquinos sabemos lo que significó YPF para el desarrollo del país y particularmente el de Neuquén, por lo que acordamos la recuperación de la empresa más emblemática de la Nación con la misma convicción que la UCR tuvo al momento de su fundación y que mantuvo al momento de rechazar su desguace y posterior privatización”, indicaron. “Tampoco podemos permitirnos llevar a la confusión de la ciudadanía, que debe advertir que esta YPF no es la misma que impulsara del desarrollo de pueblos y comarcas en el territorio provincial. No es aquella que hacía viviendas, hospitales, escuelas y que tenía un compromiso profundo con cada una de las localidades que crecían a la par que se esparcían cigüeñas en sus ejidos”, señalaron mediante un comunicado.

Asimismo, el partido definió que solicitará un informe detallado y pormenorizado de las acciones de contralor ejercidas por el Ministerio de Energía o la Secretaría de Energía de la Provincia, Subsecretaría de Energía en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de las empresas que exploran y explotan hidrocarburos en la provincia; que impulsará la realización de una auditoria integral e independiente de concesiones de explotación y permisos de exploración, cuyos resultados serán públicos; que requerirá un informe de la subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el seguimiento, estudios y auditorías realizadas hasta el 31 de diciembre de 2011; que impulsará la creación de una comisión especial de evaluación del pasivo ambiental; que presentará ante la legislatura provincial un proyecto para respaldar la iniciativa de generar una nueva ley de hidrocarburos que remplace a la Ley 17319 y a la ley Corta N” 26197 y que respaldará la creación de un mercado único de combustible para garantizar el volumen para todas las estaciones de servicio eliminando los cupos y el establecimiento un precio único para todo el país.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores emitió también un comunicado en el que detalla los motivos que llevan al partido a posicionarse en contra de la medida de la forma en la cual se encuentra planteada. “La expropiación parcial de YPF resuelta por el Gobierno es una medida de crisis impuesta por el vaciamiento de la industria petrolera, que alcanzó en los últimos años una dimensión nunca vista y que contó con la complicidad de los gobiernos nacionales y provinciales. La imposibilidad de pagar una factura por importaciones de combustibles de más de 12.000 millones de dólares, en un cuadro de fuga de capitales y escasez de dólares, empujó al Gobierno a esta expropiación parcial, buscando con la caja de YPF financiar, al menos en parte, esa cifra gigantesca”, sostienen. Para el FIT, “el objetivo oficial no apunta a una real nacionalización petrolera, se encargó de aclararlo la propia presidenta. En cambio, el proyecto de ley establece que seguirá siendo una sociedad anónima, que cotizará en Bolsa y que, por lo tanto, deberá atender a la orientación exigida por los accionistas privados: algo muy similar a la YPF de Menem y Kirchner de 1994. A la vez, queda habilitada para acuerdos con los grandes monopolios petroleros, algo que los funcionarios dijeron que promoverán de manera sistemática”.

“El proyecto del Gobierno no afecta al resto de los monopolios petroleros instalados en el país. La expropiación onerosa se limita al 51% de YPF, una empresa que maneja sólo el 34% del negocio petrolero”, explica el FIT en su comunicado. Como contrapropuesta, el partido plantea que “el 100% de YPF debe ser expropiada, sin compensación alguna, y pasar a manos del Estado bajo el control y la gestión de los trabajadores. Nos oponemos a que se pague un solo centavo a una empresa que, como Repsol, debería devolverle a la clase obrera y al pueblo argentino todos los recursos no renovables saqueados durante años, amén del daño ambiental producido”.