La dirigente, por su parte, denunció que en esta protesta se "montó un circo", además de haberse violado la disposición judicial de la distancia de 200 metros entre los miembros de la familia y los de la comunidad Cholonka, en tanto, "a mi me agarraron de los pelos" mientras ingresaba ayer al IPPIS.

La disputa de los terrenos con denuncias cruzadas de usurpación se encuentra por ahora a la espera de una resolución de la Justicia. Mientras, y ante la escalada de violencia que se vivieron antes del 6 de febrero, sigue en el lugar de la disputa una custodia policial por orden de la Justicia.

Piden que se suspenda el desalojo

El abogado de los Cholonkas, Gustavo Miranda, presentó ante el Juzgado Correccional Nº 3 un pedido de revocatoria a la intimación de desalojo contra la comunidad, a fin de que sea cambiada por una suspensión del desalojo. Este desalojo fue establecido para sacar dos casillas que la comunidad construyó en las tierras disputadas, y que habían sido dispuestas tras el aval de otro juez.

Entre sus argumentos, Miranda adujo que hay ocupación de los Cholonkas desde antes que la Provincia done los terrenos al Estado Nacional. A ello sumó la suspensión de los desalojos a comunidades originarias enmarcada en la Ley 26.160.

Y es que en el marco de esta normativa es que se realizó el relevamiento territorial de la Comunidad. A ello agrega que en julio de 2011 el terreno fue pasado del Estado Nacional al Provincial, lo que dijo, "evidencia sin duda alguna que no pertenecen a los denunciantes y que por ello la ocupación de la comunidad es anterior a que fueran ocupadas por los denunciantes (Alvarez Núñez), y que en el peor de los casos, los denunciantes son los reales usurpadores".