El Gobierno no está conforme con el trabajo del controversial Ente de Infraestructura Comunitaria. De ahí que, por instrucciones del Poder Ejecutivo, el nuevo titular del organismo, Juan Luis Pérez, haya dispuesto una exhaustiva auditoría interna y la revisión de los contratos firmados por el anterior administrador, el actual legislador Rolando "Tano" Alfaro.

La crisis se agravó a partir de las denuncias que efectuaron empleados del ente -pidieron la intervención de la Justicia-, en las que hablaron de la presunta utilización de recursos humanos y materiales del Estado en beneficio de la familia de Alfaro. Puntualmente, una docena de obreros afirmaron haber sido presionados por el actual legislador a trabajar como punteros políticos en las últimas elecciones, y a realizar obras en casas de Alfaro y de su esposa, la también legisladora Sara Noemí Correa, y del concejal capitalino Luis Marcuzzi, primo del matrimonio.

Ayer, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado -a cargo interinamente del Poder Ejecutivo-, confirmó que la nueva gestión pretende darle un perfil más técnico que político a la entidad responsable de la ejecución de pequeñas obras públicas. No es casual que, entre las primeras observaciones efectuadas por Pérez tras su asunción, se destaque la falta de personal que desarrolle tareas administrativas y técnicas.

Quizás con la finalidad de brindarle un fuerte respaldo en medio de la crisis al nuevo administrador, Amado recorrerá hoy y mañana obras ejecutadas por el personal del Ente. En tanto, el futuro de los 15 ex trabajadores a los que no se renovó el contrato seguirá en suspenso hasta que se evalúe si son necesarios. "Quien estaba antes (Alfaro), ya no está. Pérez está poniendo en movimiento el aparato y se están analizando todos los casos del personal, muchos de ellos son contratados. Hay áreas clave que no están cubiertas, como las administrativas, y en eso se está trabajando", manifestó Amado.

En relación a las acusaciones por el supuesto uso discrecional de los recursos humanos y materiales por parte de Alfaro, Amado aseveró que esperarán los resultados de la auditoría, pero afirmó que no hay denuncias formales al respecto. "No me consta que se hayan realizado tareas en casas particulares de políticos. No obstante, la auditoría está en marcha", se excusó el legislador.

Respecto a la situación de los empleados, que firman planillas pero que no se les asignan tareas, consignó que los decretos de nombramiento aún no fueron renovados para esta nueva gestión (empezó el 29 de octubre) y que se está analizando si cada uno de ellos cumplía con sus tareas. "Están firmando en los últimos días para no dejar sus lugares de trabajo y sentar el antecedente para poder preservarlos. En el caso de que Pérez considere que son necesarios, no habrá inconvenientes y se los nombrará", concluyó Amado.

Amado también especificó que los pedidos de informes sobre el funcionamiento del Ente -y de intervención- presentados por la legisladora radical, Silvia Elías de Pérez, serán tratados una vez que estén conformadas todas las comisiones de la Legislatura.