El justicialismo sueña y el gobernador Francisco Pérez también. Mañana la Empresa Provincial de Energía podría ser aprobada en el Senado y quedar a un paso de que se convierta en ley. Sólo tiene que superar un obstáculo: las dudas del radicalismo, ya que la oposición del PD es infranqueable.

La idea del PJ es que la creación de la Empresa se convierta en ley obteniendo la mayor cantidad de votos posibles, a pesar de que oficialismo tiene el número suficiente para no necesitar de la UCR.

Pero como la idea es el consenso, en el justicialismo están dispuestos a escuchar a la UCR. "Está todo en discusión, hemos planteado que hasta que no se haga la remediación, no se habla de uranio", explicó el vicegobernador Carlos Ciurca, quien señaló que la última etapa de remediación podría demorar de dos a tres años.

En cuanto a la posibilidad de que se explote uranio en el yacimiento de Sierra Pintada, mientras se hace el proceso de remediación, Ciurca señaló que no sería conveniente y que su posición personal, es la de esperar que el proceso esté complete.

En la misma sintonía se mostró el senador del PJ Fernando Simón, quien ha sido uno de los encargados de las negociaciones. "Hay que ver el planteo que hace el radicalismo, pero estamos abiertos a todo tipo de propuestas", explicó el legislador provincial.

No obstante, para Simón, hablar de la extracción de uranio no está bien, ya que la creación de la Empresa de Energía no modifica en nada las leyes ambientales vigentes y las exigencias que contienen estas.

"Lo que sí cambia es que el Estado tendría una herramienta por la cual asociarse a los privados y participar de los proyectos y de las ganancias obtenidas", especificó el legislador.

En tanto, desde el Partido Demócrata reiteraron su opinión negativa a la Empresa de Energía.

En un documento que lleva la firma los principales representantes del PD, este advierte que la creación de la empresa estatal "es totalmente innecesaria y se ha transformado en una prenda de políticos que no dejará ningún beneficio a la Provincia". Y enfatizaron que también se "reducirá la competencia, los controles y la transparencia, y debilitará tanto al Estado como a la industria energética".