No puede existir responsabilidad probatoria a cargo de la defensa, ni oficial ni de confianza, porque no es el imputado quien debe probar su acusación, sino el fiscal, señaló.

En esta línea, recordó que existe un principio fundamental del imputado como es el “in dubbio pro reo” (ante la duda, a favor del reo), que choca con esta responsabilidad.

Esta categórica observación forma parte de la opinión efectuada por el Ministerio Público de la Defensa al proyecto que analizan legisladores.

En el escrito que Arellano entregó en la reunión de ayer se puntualizó la necesidad de respetar al imputado la designación del defensor y, cuando corresponda, la intervención de un defensor oficial, que no sea el fiscal quien lo designe sino la Defensoría General.

En la primera reunión con los legisladores, Arellano había remarcado que en el paso hacia el sistema acusatorio, la defensa pública tiene que contar con “las mismas armas” que tendrán los fiscales.

La Defensoría Oficial también advirtió que la declaración indagatoria “bajo ningún punto de vista puede ser efectuada ante el fiscal” y subrayó que constitucionalmente debe ser prestada ante el juez de Garantías.

Los senadores Gustavo Sáenz y Jorge Soto reiteraron que escucharán todas las opiniones y no descartaron modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Sobre la declaración indagatoria, Sáenz anticipó que es posible que se cambie el texto del artículo 408 del proyecto y establecer que el imputado pueda elegir si declara ante el fiscal o ante el juez de Garantías.