Varios de los principales armadores del oficialismo provincial que habían discutido, minucioso y peliaguda como suele ser este tipo de negociación, la integración de las listas, se desayunaron algunas horas antes del vencimiento del plazo legal para su oficialización, de dos decisiones que pulverizaba sus acuerdos. La decisión de la Casa Rosada de abrir sus espacios a los dirigentes de la Cámpora, a quienes sentó respetando la lógica de ubicarlos entre el segundo y el quinto puesto de cada sección; más la repentina voracidad del sciolismo por poblar también con referentes propios las listas.

Si la decisión de imponerle a Mariotto de compañero de fórmula lesionó la imagen pública del gobernador que volvió a mostrarse entregado a los designios de la Casa Rosada, no fue menos evidente la reacción del sciolismo de ponerle precio a esa claudicación, aún a costa de acuerdos previos que alumbró algunos heridos reclamando lugares ‘claves’ –a salir- en la integración de las listas del oficialismo para el tramo nacional y las candidaturas seccionales. Si el PJ y los referentes seccionales tuvieron que tolerar en la integración de las listas la irrupción de los “militantes del BlackBerry” como suelen calificar, irónicos, a los integrantes de la Agrupación La Cámpora (Ottavis, en la primera; Moretti en la segunda; Carreras en la tercera; Giacone en la cuarta; Raverta en la quinta, entre otros) no menos presión sufrieron por la embestida sciolista para colar también hombres propios.

Algunos intendentes y armadores seccionales despotrican en voz baja, y no descartan jugar a medias con relación a la candidatura del Gobernador Scioli. Es la manera más elemental de reaccionar de los dueños de los votos en los distritos cuando ven afectados, y dicen que en este caso fue archi-evidente, sus aspiraciones electorales de colar hombres propios en las listas.

Una palabra, dicen, simboliza el accionar del sciolismo: “Hipocresía”. Y la justifican: aseguran que el Gobernador no para de quejarse por ‘lo que me hicieron con Mariotto’ desde Casa Rosada y, sin embargo, “no sólo no defendió las distintas listas distritales sino que hizo lo miso que le hicieron a él, a través de Alberto Pérez”.

Tiene, Scioli –y sus funcionarios- una debilidad que hacen más evidente su intromisión en las listas seccionales, remarcan algunos de los intendentes molestos con Gobernación: carece de referentes de peso en las distintas secciones, por lo que apostó a poblar algunas listas con nombres foráneos, apadrinados antes por el cargo que ostentan en la administración pública provincial que por una militancia territorial que no tienen.

Emblemático, el sciolismo insistió con la candidatura de Martín Ferré, el Ministro de la Producción, por la séptima sección electoral aún cuando no tiene justamente domicilio en ninguno de los distritos que la conforman. No es una limitación estricta en términos electorales la condición de ‘residencia’ en el lugar, pero despierta enojos en los militantes de la sección la “intromisión” de candidatos ajenos, sobre todo cuando se trata de ocupar lugares por los que militan, y alguna vez desean ocupar, aseguran que por derecho propio.

En sección del centro de la Provincia Scioli cobró dos. Además de Ferré, Alicia March, la esposa de Isidoro Laso. A diferencia del Ministro de la Producción Laso tiene, se sabe, militancia territorial, aunque terminó imponiendo la candidatura de su mujer bajo el paraguas del sciolismo antes que por mérito propio que le era desconocido, aseguran, en este turno electoral.

El olavarriense José Eseverri es uno de los principales heridos que se quedó sin poder colar algún hombre propio en el armado seccional. Los ‘dos lugares’ del sciolismo (Ferré-March) le coartaron esa posibilidad.

Entre los otros representantes del sciolismo que ‘cobraron’ en las listas figuran, es cierto, algunos con mérito al menos en términos de su militancia territorial, como el funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad, Guido Lorenzino Mata –que cobro en la primera- con algunos otros foráneos que intentó el Ejecutivo colar en el armado seccional.

La cuarta fue otro de los casos emblemáticos en los que la voracidad del sciolismo generó algún cortocircuito. En esa sección, el Gobernador impulsó, vía Alberto Pérez, abrirle un lugar en la lista para dos funcionarios propios: Martín Cosentino, y Juan Courel. Ninguno con radicación seccional, mucho menos –por derivación lógica- con peso territorial propio ni pergaminos para erigirse candidato. Lo logró a medias. El primero de ellos, -presidente del PJ de Vicente López, un distrito bien alejado de aquellos que integran la cuarta- quedó en lugar expectante, “a salir”. No tuvo la misma suerte el jefe de asesores del Ejecutivo provincial, Juan Courel que quedó relegado al décimo lugar, con pocas chances de lograr acceder a la Legislatura. Acuerdos seccionales precisamente con los ‘dueños’ de los votos de la región, terminaron imponiéndose sobre los designios del sciolismo que buscaba rankearlo mejor a Courel.

La nominación de Guillermo Manino Iriart en el quinto lugar de la quinta tuvo, también, mandato sciolista. A diferencia de aquellos, Iriart, de Mar del Plata, supera el ‘código ético’ de la pertenencia seccional, aunque la militancia de la zona le factura otro tener cero peso territorial.

La designación de Baldomero Alvarez de Olivera, completa el cuadro de los reclamos sciolistas. No porque el ex intendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Social no tenga ‘peso’ seccional, sino porque –aseguran- tenía ‘bolilla negra’ en la Rosada si no fuese por la mediación de Scioli que terminó garantizándole su presencia en lugar clave. El cuadro de delegados sciolistas se completa con la platense Nora de Lucía, la virtual viceministra de Economía de la Provincia que hasta hace más de un mes tenía como máxima pretensión la de postularse a concejal en un eventual acuerdo con el bruerismo, y levantó su cotización imprimiendo su nombre en lugar clave, a salir, del a octava sección electoral.

El malestar de algunos intendentes y referentes seccionales, amenaza transformarse en un boomerang contra el Ejecutivo provincial por lo menos en algunas de las secciones.