Los fiscales Méndez y Forte, expusieron sobre las experiencias registradas a partir de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de la Pampa (ocurrido el 1 de marzo del año pasado), período en el que comenzó a aplicarse la Ley 26485 de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, en aquellos casos registrados en jurisdicción de la Fiscalía de G. Acha, donde mujeres han sido víctimas de agresiones físicas, amenazas, y delitos contra la integridad sexual.

Focalizaron sus alocuciones en lo que hace al contexto penal del ámbito del Ministerio Público Fiscal donde prestan funciones. En este sentido, se refirieron al tratamiento que se le dio

-desde su competencia- a los casos registrados, dándole intervención a la Defensoría Civil, el Juzgado de la Familia y el Menor, el Concejo de la Mujer, y demás dependencias que abordan este tipo de problemáticas. Como así también las resoluciones a las que se arribó, incluyéndose prisión preventiva, medidas de restricción que incluyeron la prohibición de contacto telefónico y/o a través de las redes sociales.

A partir de allí se generó un debate con los asistentes (concejales, jueces de paz, policías, médicos, psicólogos, y asistentes sociales), cuya participación -según los fiscales- fue muy enriquecedora, debido a que se generó un "feedback" entre panelistas y participantes, que resultó muy positivo para todos.

La fiscal adjunta Soledad Forte coincidió con su par Méndez, respecto a la necesidad de articular con cada uno de los organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ONG) el tratamiento de los casos de violencia de género desde distintos enfoques para lograr un abordaje integral de la problemática.

Aporte desde lo civil.

Por otra parte el aporte de la Defensora Civil, Dorila Romero, también fue muy valioso. Destacó el excelente tratamiento que los jueces de paz están haciendo al momento de aplicar la Ley Provincial 1918 de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica y en la Escuela. Y, en virtud de eso, opinó que sería muy importante que se los capacitara para que pudiesen poner en práctica, con el mismo éxito, la Ley 26485.

En otro pasaje de su intervención Romero propuso que sería muy positivo que cuando se desarrollan las audiencias de formalización de la investigación preliminar ante el juez de Control, en casos donde se detecta la existencia de violencia de género, los fiscales peticionen al magistrado en forma provisoria y, siempre y cuando sea procedente, que fije una cuota alimentaria y régimen de visitas que el imputado deba cumplir hasta tanto se avance vía civil.

De acuerdo al informe brindado por la Oficina de Prensa de la Fiscalía local, además de los miembros del MP, reconocidos especialistas disertaron sobre la normativa, con la necesidad de lograr la transversalización de la perspectiva de género como estrategia progresiva para avanzar en la igualdad en todas las políticas y programas, acciones administrativas y económicas, e incluso en la cultura institucional de cada organización, para contribuir al cambio cultural al que se aspira.

Cabe mencionarse que en representación de la Fiscalía de G. Acha, también se esperaba la presencia del fiscal Máximo Paulucci, quien finalmente no pudo asistir al evento porque debió atender -por encontrarse de turno en ese entonces- una causa urgente que surgió a último momento.