Discutir la Caja a cara e’ perro

De la Sota, Juez y Aguad coinciden en que hay que sentarse con firmeza ante la Nación para renegociar el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.
¿Cómo se imagina gobernar si la Nación no mantiene sus aportes para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones?

Oscar Aguad. Con la Nación se negocia sí o sí por la Caja, porque existe un acuerdo firmado que dice que la Nación es la que financia el déficit de la Caja de Jubilados de Córdoba. No hay posibilidad de que no se haga así. Habrá que rediscutir cuánto es ese déficit. Pero acá no hay Plan B, porque sí hay Plan A. La Nación es la que tiene que cumplir con el financiamiento. Podemos discutir si son 20 ó 30, es un problema de números. Pero lo que no podemos discutir es quién la que financia. Nos están sacando dos mil millones con el 16 por ciento de impuestos anticipados para la Anses, pero nosotros tenemos un déficit de 1.200 millones en nuestra Caja. Por eso lo primero que haré cuando asuma como gobernador será sentar a la Nación en esa discusión.

Luis Juez. Primero, el 31 de diciembre no vamos a prorrogar la Ley de Emergencia. No son los jubilados los responsables del quebranto de la Caja. Es gente que aportó durante 30 años. La demagogia y el populismo puso de rodillas al sistema previsional más robusto que tenía el país. El autor material de ese quebranto es uno de los que se presenta ahora como el “Cambio que Sigue”. Córdoba contribuye con 1.300 millones de pesos al año en aportes a la Anses; tenemos que recuperar ese dinero para Córdoba. Nos vamos a parar muy fuerte a reclamar esos recursos. Se nos van 8.000 millones por año en retenciones a las exportaciones, y vuelve mucho menos. Por eso hay que tener una relación seria con la Nación. Y para sentarnos a discutir tenemos que tener un plan estratégico.

José Manuel de la Sota. Creo que lo vamos a sacar adelante. Yo soy el único que negoció con éxito. Durante años Córdoba ponía y no recuperaba nada. Perdimos cientos de millones de dólares. ¿Por qué? Todas las provincias transfirieron sus cajas. Cuando se reparte la coparticipación, hay tres cajas: Gobierno Federal, que es el que más se lleva, el sistema previsional y las provincias. Córdoba ponía acá para sostener el sistema federal y las cajas transferidas y no recibía un carajo. ¿Qué logré yo? Que me dieran las mismas condiciones de las otras provincias, sin transferir la Caja. Y esta negociación la hice con De la Rúa, la ratifiqué con Duhalde, y se la arranqué a Néstor Kirchner, que no era nada fácil. Yo creo que no hay nada difícil si uno tiene claro qué tiene que defender y tiene firmeza en la defensa, sin pelear. Vamos por más. Queremos un sistema de automaticidad con el Anses, como el de la coparticipación. Queremos negociar un sistema de automaticidad, no sólo para nosotros, también están Santa Fe, Santa Cruz, no es que lo pida sólo para Córdoba, Estoy seguro que el nuevo gobernador de Santa Fe va a querer lo mismo que yo. Y todos los que siguen manteniendo sus cajas van a querer este sistema.

¿Sobre qué base piensa renegociar salarios con los gremios?

Aguad. Las discusiones se harán de acuerdo a las cifras que nos dé el Instituto Provincial Inflacionario. Hoy en Córdoba lo único que se hace es pagar inflación. No hay aumentos salariales. Córdoba lo que hace hoy es mantener el salario de acuerdo a un índice que nadie sabe de dónde sale, ni cómo se calcula. Creo que el esquema de discusión salarial de hoy tiene mucho que ver con la inflación y no se puede salir de ese esquema. Por eso quiero hacer el IPI para ver cómo actualizamos los salarios y cuál es la verdadera discusión salarial, para no tener que confiar en lo que hace (Guillermo) Moreno.

Juez. Si hay una inflación que afecta el bolsillo del asalariado, sería un contrasentido usar el termómetro de (Guillermo) Moreno para tomar la temperatura del pueblo. Tenemos que ser muy claros. ¿Cuánto demoras discutiendo una pauta salarial por debajo de la inflación? No sé si discutiremos una vez al año o más veces. Lo que sí es seguro es que venimos a honrar los convenios colectivos.

De la Sota. A nosotros nos dio mucho resultado la negociación trimestral y semestral. Vamos a continuar con el mismo esquema. En todo nuestro último año de gobierno teníamos un esquema de negociaciones trimestral, tomábamos el índice de precios en góndola de supermercado, que es el menos cuestionado, y el que nos parecía el más serio. Es un buen mecanismo.

¿Qué piensa hacer con el Ersep? ¿Sirve así como está?

Aguad. El Ersep sirve si hay transparencia. Pongamos al Ersep en la pantalla, subamos todo lo que hace el Ersep a Internet para que se pueda controlar.

Juez. Así como está, no sirve para nada. Hoy es una oficina dedicada a blanquear los aumentos de tarifa. No hay control. Los entes reguladores de servicios públicos deben estar en manos de la oposición para que controlen. Debe tener también una fuerte injerencia los particulares. Tenemos que alentar la participación de los ciudadanos.

De la Sota. Ha venido prestando servicios y ha venido siendo un ente regulador de servicios públicos. Habrá que hacer un análisis sobre cuáles son los resultados finales y ver qué modificaciones se pueden introducir par que participen cada vez más consumidores, más usuarios, que sea más popular. Mientras más gente participe, mejor. Hay que posibilitar esa participación en las audiencias.

¿Cómo piensa combatir la inseguridad? ¿Mantendrá la política del actual gobierno de sumar una gran cantidad de policías?

Aguad. El actual número de policías es el adecuado. Es un buen número y la Policía no tiene una corrupción estructural. Sí tiene bolsones de corrupción. Hay que modificar el Código de Faltas para agravar las penas para los que venden mercaderías sin justificar su procedencia, los reducidores. Yo tengo presentado en Diputados un proyecto para agravar las penas de encubrimiento para estos casos. Mientras no salga, se puede tocar el Código de Faltas aumentando las penas de prisión o de arresto al máximo posible par quienes tengan comercios dedicados a la compraventa de cosas robadas. En cuanto al merodeo, creo que no se sostiene para nada esa figura. También le vamos a exigir a la Nación que construya una cárcel federal o si no que se lleve todos los presos federales, porque hace años que no envía un solo peso por los presos federales que tiene en las cárceles de Córdoba. En materia de narcotráfico, vamos a adherir a la ley nacional para poder perseguir al comerciante minorista de drogas. Para detenerlos, juzgarlos y encarcelarlos en la provincia, para que no siga siendo una zona liberad.

Juez. El combate contra el narcotráfico es competencia originaria de las provincias. Y no podemos tener una política de seguridad si el Estado no se involucra en un combate a muerte contra la droga. Vamos a crear un Consejo Consultivo de Seguridad al que vamos a invitar a todos los ex jefes de Policía y ministros de Seguridad. Córdoba tiene, proporcionalmente, más policías que Santa Fe y Buenos Aires, pero los índices delictivos contra la propiedad son alarmantes. El problema no es tanto la cantidad de policías, sino la calidad de esos policías. Un pibe con 3 meses de instrucción, ninguna prueba de tiro y 2.500 pesos de sueldo, no está en condiciones de afrontar lo que significa la seguridad en Córdoba. Tenemos 200 pistas de aterrizaje de aviones en Córdoba y ningún programa de radarización provincial. Vamos a obligar a la Nación a que radarice las fronteras, o lo vamos a hacer nosotros con la UTN o la Fábrica Militar de Aviones. Hay rutas declaradas de la droga. Hay barrios completos cooptados por los carteles de la droga, en los que a las 5 de la tarde ya no podes entrar.

De la Sota. Nosotros hemos planteado seguir incrementando el sistema de cámaras y de alarmas comunitarias. Hoy la Policía tiene una dotación más que respetable, 10 mil hombres más de los que yo tenía. Ya estamos en números que son aceptables, superiores a los que tienen otras provincias por cantidad de habitantes. De lo que se trata ahora es de hacer buen uso de esos recursos. Cuando hablé de batallones de saturación me referí a la experiencia brasileña. He visto una política de asentamiento: la Policía llega, crea unidades especiales donde el mapa del delito establece que ha habido un crecimiento inusual y permanece por un tiempo en tareas de prevención y educación. La presencia continuada desalienta el delito. Es lo que el Gobierno nacional hizo en Fuerte Apache con la gendarmería, teniendo una fuerza policial respetuosa de los derechos humanos. Planteamos aprovechar los recursos humanos, no para hacer una saturación de 24 horas como a veces se hace en operativos donde se presupone que hay elementos de procedencia mal habida.

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