La CTA necesita definir el resultado de sus elecciones del 23 de setiembre pasado. La indefinición hace temer hasta una posible intervención de la central obrera por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El dilema es que las dos listas mayoritarias se acusan mutuamente de los desarreglos producidos en el comicio, desbarajustes que obligaron al tribunal autónomo arbitral que ambas listas consensuaron antes de las elecciones, a pedir que se vuelva a votar en Tucumán, Misiones y, por supuesto, Mendoza.

Las partes dicen tener la voluntad de cerrar este capítulo y ambas piden condiciones que garanticen una elección limpia, pero tampoco logran cerrar esas condiciones transparentes que todos exigen.

El viernes hubo un intento fallido de reunión en Buenos Aires, que se cayó por falta de acuerdo en el escenario en que debía realizarse, y hoy, pasado el mediodía, habrá otro. Mientras tanto, acá en Mendoza se espera el resultado de ese encuentro para saber si se inicia un nuevo proceso electoral que dé por cerrados los incidentes.

En nuestra provincia, las listas en pugna son la 1- Germán Abdala, de corte opositor al Gobierno nacional, encabezada por Pablo Micheli en el máximo nivel y cuyos referentes locales son la estatal Raquel Blas, el docente universitario Carmelo Cortese y y el judicial Carlos Ordóñez; y la 10-Lista de Todos, más cercana a Cristina Kirchner, liderada por docente Hugo Yaski en la Nación y por otro docente en lo local, como Gustavo Maure, Gustavo Correa, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas Juan Carlos Aguiló y la piquetera de Tupac Amaru, Nélida Rojas.

En Mendoza compitió otra lista, la 3-Frente Unidad Clasista, cuyos referentes locales son el docente Martín Dalmau y Soledad Sosa (ex candidata a concejal de Capital por el Partido Obrero).

Pero el conflicto se ha sucedido entre las dos mayoritarias, no sólo por la conducción de la central obrera en Mendoza, sino también por los efectos en el resultado nacional, pudiendo poner en la conducción de la CTA a un grupo opositor o a un grupo afín al Gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.

Actualmente, sin contar los votos emitidos en las tres provincias mencionadas y 48 mesas de otras siete provincias, la diferencia entre las listas 1 y 10 es de apenas 11.000 votos y, sólo en Mendoza, pueden votar hasta 82 mil trabajadores.

El tribunal arbitral autónomo está conformado por cinco juristas de prestigio académico y profesional: Ricardo Cornaglia (presidente), Beinusz Szmukler, Moisés Meik, Luis Enrique Ramírez y Eduardo Tavani. Este grupo de abogados señaló las irregularidades de los comicios y pidió realizar nuevamente el comicio.

"Hay un sector mayoritario de compañeros de la lista que quieren hacer las elecciones nuevamente, más allá de que sigamos con las acciones penales que hemos iniciado contra miembros de la otra lista. Pero queremos garantías. Queremos que la Junta Electoral Nacional se instale en Mendoza", dijo Raquel Blas

Del otro lado, Gustavo Correa dice exactamente lo mismo: "Se tienen que volver a hacer, pero no en las mismas condiciones. Si quieren traer a la OEA, a la Unasur o a quien quieran, no es objetable. Queremos que se acepten los padrones de los gremios, que sean publicados y mesas en lugares públicos con 350 votantes en cada una".

Blas, fiel a su estilo, dispara contra la lista 10: "No entregaban las urnas y muchos compañeros quedaron sin votar. Ellos no quieren hacer las elecciones. No pueden exponer a una derrota a la flamante conducción del SUTE, que ganó sus elecciones por muy poco margen hace pocos meses".

Cabe recordar que el sindicato docente es la columna vertebral de la lista 10 en Mendoza, cuyo líder es Gustavo Maure, un hombre de peso en la Ctera que conduce Yasky. Las palabras de Blas apuntan a un hecho claro: una derrota de Maure en su provincia podría quitarle sustento nacional.

Del otro lado, Correa dice: "La mayoría de la Junta Electoral la tiene la Lista 1. Ellos decretaron la victoria de su agrupación con el 90% de los votos escrutados, cuando hay actas de mesas que sólo tienen un garabato, sin número de documento, ni aclaración. Hubo mesas que estaban instaladas en el living de la casa de dirigentes de la Abdala y los compañeros tenían que ir a tocarle el timbre para votar".

Ese es el clima que se vive. Parece difícil llegar a un acuerdo que destrabe la situación y los tiempos corren. Si bien los mandatos de la conducción que debía dejar sus lugares a los electos el 14 de setiembre fueron prorrogados, lo cierto es que algunos temen la intervención por parte del Ministerio de Trabajo, ante la imposibilidad de realizar elecciones sin contratiempos.