Las declaraciones juradas de Juan Manzur vieron la luz, pero ninguno de los presentes en ese momento sabe exactamente en cuánto consiste su patrimonio y cómo creció o decreció. Ayer, en la secretaría Penal del Juzgado Federal Nº1, se abrieron los sobres lacrados de cuatro documentos donde el actual ministro de Salud de la Nación y vicegobernador (en uso de licencia) rinde cuentas de sus bienes y recursos, entre 2003 y este año.

Con los papeles aportados por organismos oficiales se busca determinar si es procedente la denuncia de Oscar López contra Manzur por presunto enriquecimiento ilícito: el ministro admitió un patrimonio superior a $ 5 millones en 2009. Al momento de romper los lacres, estaban (aparte del secretario Norberto Véliz) el juez federal subrogante, Daniel Bejas; el fiscal federal 2, Carlos Brito, y el abogado defensor José Agustín Ferrari.

Sobre el escritorio estaban las copias de lo presentado por el ministro ante la Oficina Anticorrupción de la Nación en agosto de 2009 (al mes de asumir el cargo) y de junio pasado: cada una ocupaba seis carillas. También se desplegaron los originales de las declaraciones ante la Casa de Gobierno en noviembre de 2003, cuando asumió como ministro de Salud de la provincia en la primera gestión de José Alperovich; y en la Legislatura, del 31 de diciembre de 2007, a los dos meses de asumir como vicegobernador. En estos últimos dos casos, cada balance se resumió en apenas tres fojas.

Las declaraciones juradas detallan las propiedades inmuebles y los muebles registrables (vehículos) de Manzur, con la fecha de ingreso al patrimonio, descripción del bien y cotización de mercado; y, también, la salida de bienes. Pero no aparece una suma final del acumulado, por lo cual resultó imposible saber ayer cómo fue la evolución de los recursos del ministro. Todo quedó en la caja fuerte, a la espera de instrucciones judiciales.

Dos lecturas

Sobre el futuro de la causa hay dos interpretaciones. Desde el Juzgado Federal se impone el criterio de que la Fiscalía está en condiciones de realizar la investigación penal para determinar si hay delito. En cambio, desde la Fiscalía se entiende que la pesquisa debe ser impulsada por el juez, porque la denuncia pesa sobre un funcionario nacional.

La definición debe ser formalmente tomada por Bejas, quien deberá emitir un decreto al respecto. Como mínimo, le correrá vista a Brito para que opine sobre los resúmenes patrimoniales y su evolución, base y sustento de una potencial causa penal.

Ayer también volvió a circular al versión de la declaración de incompetencia por parte del juez federal subrogante, si se establece que no hay sospecha sustentable de un enriquecimiento ilícito durante la gestión de Manzur en la Nación, aunque haya un aumento desmedido previo. De ser así, se remitirán las actuaciones a la Justicia provincial.