El fallecimiento de Albano Harguindeguy despertó cuestionamientos sobre la celeridad de la Justicia a la hora de resolver casos de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el represor murió a los 85 años en su casa y sin una condena judicial firme pese a estar procesado y con prisión preventiva domiciliaria. Al respecto, el vicegobernador José Cáceres señaló que “lamentablemente la dilación política y judicial de las causas de derechos humanos en Argentina dejan en ocasiones el sabor amargo de una justicia sin realizar. Harguindeguy debió afrontar una sentencia que determinara su verdadero rol en las atrocidades que la dictadura llevó adelante en nuestra provincia”.

Asimismo, Cáceres consideró que “el peso de un juicio como el que se llevaba en su contra en este momento hubiera sido un acto ejemplificador para toda la sociedad entrerriana. Todos los genocidas tienen que enfrentar un juicio con garantías y afrontar la sentencia y eventualmente la pena que todo el peso de la ley les pueda demandar”.

De igual modo, el vicegobernador sostuvo que “el largo proceso de lucha por la verdad, la memoria y la justicia que debió afrontar la salida de la dictadura, los retrocesos en democracia como el Indulto y las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final suele en estos casos dejarnos las manos vacías, ya que el tiempo jugó lamentablemente a favor de los genocidas y muchos de ellos evitaron que el peso de la Justicia los condene plenamente por sus actos”.

En esa línea, consideró que “esta muerte, más allá del juicio de Dios que nos trasciende a todos los mortales, frustra muchas expectativas de justicia en víctimas, familiares y militantes. Más que nunca se debe acelerar los juicios y redoblar esfuerzos para condenar a todos los genocidas”.

Por su parte, la intendenta de Paraná Blanca Osuna planteó que “agilizar las causas por delitos de lesa humanidad es también ajustarse a los tiempos que corren, estar a la altura de una política que desde 2003 tomó un fuerte compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, de la que somos parte y que hemos impulsado fuertemente”. A su vez, manifestó que “los juicios por delitos de lesa humanidad se lleven a cabo en tiempo y forma, es contribuir con un capital social que es esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

En tanto, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, Osuna indicó que “la justicia es necesaria porque se trata de un periodo funesto y fatídico para la historia nacional, cuando el Estado fue arrebatado por los jefes de las fuerzas armadas, acompañados por grupos civiles, para hacer terrorismo, sembrando represión, muerte, tortura y miedo social”.