El director del Hospital, Luis Meiriño, recibió a empleados de salud pública a quienes reconoció la justeza del reclamo que llevan adelante y con quienes se comprometió a trasladar las demandas al gobernador Jorge Capitanich.

Si bien los trabajadores de Salud Pública tenían previsto la realización de una radio abierta y el corte de la avenida 9 de Julio, la protesta debió ser suspendida por denuncias de presiones y «aprietes» ejercidos por dirigentes de distintos sindicatos y jefes de servicio para coaccionar la participación del personal a las medidas convocadas.

Ante esta situación, con el acompañamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los delegados recorrieron uno a uno los servicios, donde los jefes de los mismos negaron que exista alguna directiva de amedrentar a los trabajadores.

A pesar de la suspensión de las actividades anunciadas, los trabajadores se autoconvocaron en asamblea para definir el plan de acción ante sus reclamos. Siendo el primero y más urgente de ellos el pago a término de sus salarios, teniendo en cuenta que a mitad del mes aún no cobraron sus haberes, a pesar de las diferentes promesas y versiones.

Esta situación se agrava si se considera que los montos percibidos no cubren el valor de la canasta familiar en la mayoría de los casos. Lo que trae aparejado el segundo punto de reclamo: aumento salarial acorde al real proceso inflacionario. Por último, ratificaron la demanda histórica del sector de pase a planta permanente de los trabajadores contratados.

un problema estructural

Los reclamos por las condiciones de trabajo del personal de Salud Pública de la provincia han desencadenado todo tipo de protestas a través de los años. Desde trabajadores trepados a las torres de iluminación, encadenados y en huelga de hambre, hasta la toma de los centros sanitarios y paralización de servicio. No obstante, sin importar qué hagan, la solución al grave problema estructural que significa que más de la mitad de los empleados sean contratados, no llega. Profesionales, enfermeros, auxiliares, mucamos, mantenimiento, movilidad entre otros, prestan servicio bajo esta modalidad, que no los reconoce en relación de dependencia directa con el Estado.

Sin embargo tienen la misma responsabilidad laboral, carga horaria, y corren los mismos riesgos sanitarios que los empleados de planta, sin gozar de los derechos constitucionales de todo trabajador.

Desde el Gobierno argumentan falta de fondos para brindar respuestas al sector, y ofrece recategorizaciones esporádicas y paulatinas.

La situación actualmente se complica por la falta de representatividad gremial, ya que según resaltaron los mismos trabajadores, el sindicato con mayor cantidad de afiliados en el sector, la Upcp, brilla por su ausencia.

Además, durante la asamblea, los trabajadores manifestaron su preocupación ante amenazas de rescisión de los contratos.

Las denuncias también incluyen el deterioro del servicio de salud, ante la falta de insumos, mantenimiento de equipos, entre otras dificultades que afrontan a la hora de realizar las contraprestaciones.

Por último, los trabajadores aseguraron la continuidad de los reclamos.