Desde hace tiempo la Justicia correntina está en la mira, sin que su cúpula tribunalicia haya podido revertir el alto grado de descreimiento que hay en la opinión pública. Los diputados han dado anoche más que una señal. Otra será la decisión política de dejar en el freezer la reforma del Código Procesal Penal, a la espera de que se normalice el funcionamiento del Ministerio Público. Antes de votar el proyecto, la Cámara rechazó la vuelta a comisión por 16 votos a 9, pedido por Marly Brisco con el apoyo del matrimonio Rubín.

La Cámara de Diputados sesionó ayer y avanzó en varios temas clave para la Provincia, tal como lo resaltaron los propios legisladores.

Uno de los puntos relevantes que se observaron en el recinto fue la aprobación del proyecto para la reglamentación del funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia. Una iniciativa de la diputada del PaNu, Nora Nazar, a través de la cual se pretende fijar límites y dar transparencia en el accionar del Superior, que desde hace tiempo está en la picota pública, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa chica de la Corte provincial acusen recibo.

La diputada Marly Brisco tomó la palabra y pidió el pase a Comisión del proyecto para un mejor análisis, lo que se puso a consideración de los presentes, logrando el dictamen de mayoría con 16 votos y el de minoría 8 y una abstención (no hizo falta el voto del presidente de la Cámara, Pedro Cassani).

La minoría fue con nueve votos. Los de Brisco (PA); seis de los siete radicales (Jorge Molina, Héctor López, Graciela Insaurralde, Nidia Vivas, Alina Goyeneche y Adán Gaya); y dos de los siete justicialistas, Carlos Rubín y Alicia Locatelli.

Por la mayoría lo hicieron 16: Hugo Vallejos, Tamandaré Ramírez Forte, Luis Badaracco, Irma Pacayut y Carlos Farizano del PJ; la bancada de cuatro liberales; Osvaldo Fagetti, de la UCR; el referente de Crecer con Todos, Ángel Rodríguez; el representante de Compromiso Correntino, Manuel Sussini; Rufino Fernández, de Proyecto Corrientes; Sonia López (PC), y los dos del Partido Nuevo, Nora Nazar y Omar Yung.

De estas consideraciones se destaca el acompañamiento de uno de los radicales, Osvaldo Fagetti, que no asumió la postura de sus correligionarios, que estuvieron en contra, así como el matrimonio justicialista Rubín-Locatelli, que tampoco fueron en el sentido de sus compañeros, quienes apoyaron el proyecto.

La abstención estuvo a cargo de la autonomista, Marly Brisco, que pidió más tiempo en Comisión para analizar un proyecto "de importancia para la Provincia" (tal como añadió), moción que fue acompañada por el hijo del Presidente del Superior Tribunal, quien instó a convocar a los distintos actores que se verán afectados por la reglamentación nueva.

Sólo fue oratoria, ya que las voluntades a favor dejaron en claro que la decisión está tomada a nivel parlamentario para cambiar una coyuntura que hasta el momento no habla bien del servicio de justicia correntino.

Las voluntades que acompañaron al proyecto demostraron que hay un antes y un después en pos del fortalecimiento institucional del Estado, en el cual figura una oxigenación judicial.

PEDIDOS

DE JUICIO

Otra cuestión relacionada a la Justicia tuvo que ver con nuevos pedidos de juicio político. Esta vez se abordó el ingreso de un petitorio contra tres ministros del Superior Tribunal y otro contra el fiscal general de la Provincia, César Sotelo. Ambos quedaron reservados en Secretaría, moción que valió un llamado de atención del diputado, Carlos Farizano, que advirtió a sus pares y a las autoridades de Cámara que "ya son muchos los pedidos contra el Fiscal".

En concreto, cuatro pedidos contra Sotelo hay en Secretaría. O sea, cuatro espadas de Damocles aguardando la definición de los diputados para analizar el pase a Comisión de los pedidos.

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OTROS TEMAS

En la sesión de marras, también se convirtieron en leyes: la implementación de campañas anuales de prevención de accidentes por el uso de armas de fuego; la Declaración de Patrimonio Paleontológico de la provincia al yacimiento del arroyo Toropí, Cuarta Sección, Colonia Progreso, departamento Bella Vista; la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 25.635 de Sistema de protección integral de las personas discapacitadas; todos ellos, iniciativas que nacieron en la Cámara Alta.

En tanto que obtuvieron media sanción: la Regulación de la misión, actividad y organización de las asociaciones de bomberos voluntarios; la creación del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Corrientes; y la Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico a la ex estación del ferrocarril Urquiza de la ciudad de Mercedes.

Asimismo también se otorgó el pase al Senado para completar su trámite parlamentario, la ley que crea el Registro de Instituciones Públicas y Entidades sin Fines de Lucro competentes en la ayuda y protección de las víctimas de delitos contra la integridad sexual (REGIS). Los expedientes citados, son autoría de los señores diputados, y pasaron por las comisiones respectivas donde fueron analizados exhaustivamente.

MÁS SESIONES

Un dato no menor es que se aprobó también la Prorroga de Sesiones Ordinarias hasta el 21 de diciembre, habida cuenta que el calendario constitucional indica que las mismas cierran el 30 de noviembre de cada año.

Asimismo también se aprobó una resolución que solicita al Poder Ejecutivo la designación urgente de funcionarios que, conjuntamente con el STJ, se encargarán de reglamentar la Ley 5749 de Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

MÁS RESOLUCIONES

- Informes al Registro Civil de la Provincia, respecto de la delegación en Colonia Carlos Pellegrini e insta a su normalización institucional.

- Informes al Poder Ejecutivo, a la Secretaría General de la Gobernación y al Instituto de Cultura, sobre retiro no autorizado de material arqueológico y etnográfico y sobre las obras que se están realizando en el terreno del Gabinete de Investigaciones Antropológicas.

- Informe al Ministerio de Hacienda y Finanzas, respecto del cumplimiento de lo establecido en la ley Nº 26.737 y su decreto reglamentario Nº 274/12.

- Solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través del Registro de la Propiedad Inmueble, informe si existen inmuebles propiedad del Estado Nacional en la ciudad de Alvear.

- Informes sobre la totalidad de predios rurales bajo titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras o en posesión de extranjeros en la provincia de Corrientes.