El último “cruce de proyectos” tiene como eje ahora a la división de fiscales y defensores oficiales en el marco de la Procuración General. El kirchnerismo picó en punta con una iniciativa de la senadora Fioramonti, que buscaba dotar de mayor autonomía a la defensa, relegando a la Procuración a un rol de “superintendencia” sobre los escindidos Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de Defensa.

Tal como en ocasiones anteriores, el sciolismo respondió con su propio proyecto sobre la materia. Hoy, los diputados Alicia March, Jorge Scipioni, Raúl Pérez, Martín Cosentino, Rodolfo Iriart, Guido Lorenzino e Iván Budassi, presentaron la idea de readecuar las atribuciones del Procurador y Subprocurador General, con el objeto de fortalecer la autonomía funcional de la Defensa, respetando, según indicaron, “la estructura del Ministerio Público impuesta por nuestra Constitución provincial”.

El modelo previsto por los legisladores sciolistas busca mantener la unidad del Ministerio Público en cabeza del Procurador General como lo establece la Constitución provincial, pero separar la estructura funcional de los fiscales de la de los defensores. Así, el Procurador tendrá bajo su órbita la administración general del organismo, y la dirección funcional de todos los fiscales. Por su parte, ahora el Subprocurador General, tendrá a su cargo todas las funciones inherentes al ejercicio del servicio de defensa pública.

No es la primera vez que sciolistas y kirchneristas cruzan espadas en la Legislatura. Se trata de una situación que tiende a repetirse cada vez más, y que mañana tendrá un capítulo cuando se trate en diputados la demorada Ley de Hábitat Popular, impulsada primero por el propio Scioli y luego “cajoneada” -presuntamente por el lobby de los desarrolladores inmobiliarios-, y que volvió a ver la luz, con correcciones, de la mano de Alberto De Fazio en el senado. Sin embargo, el proyecto con mayores chances de ser aprobado salió de la mano de Unidos y Organizados, con la firma de Alberto España, Marcelo Saín y Alicia Sánchez, de la tropa K en Diputados.

Los antecedentes no se agotan allí. La división del departamento Judicial de Lomas de Zamora, con miras a crear el de Lanús-Avellaneda, también dividió a kirchneristas y sciolistas. Un proyecto de Baldomero Álvarez de Olivera fue reeditado con su propio marco ideológico por el kirchnerismo, de la mano de Santiago Carreras, y sin consultar con el ex intendente de Avellaneda y capo de La Juan Domingo, quien, por su parte, respondió desempolvando su vieja iniciativa, sin que se vislumbre la posibilidad de un acuerdo entre las partes para lograr una ley en común.

Agotada la instancia Legislativa, el propio Scioli tuvo que poner manos a la obra ayer y crear, por decreto, organismos destinados a la prevención de la tortura y los malos tratos en contextos de encierro. Luego de la aprobación por unanimidad en el Senado de un organismo similar, fuera del alcance del Ejecutivo, era inminente que se transforme en ley una propuesta similar, impulsada por el kirchnerismo junto con numerosos y prestigiosos organismos de Derechos Humanos que le enrostran al gobernador “pasividad” a la hora de terminar con esas prácticas en los penales bonaerenses.

Por último, queda el reciente episodio del tratamiento de la Policía Judicial, en donde los senadores de La Juan Domingo, en alianza táctica con la oposición, forzaron una negociación con el kirchnerismo para modificar el artículo 35 de la norma, que requería un "acuerdo" del Senado para designar a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, algo que finalmente no se concretó.