Lo cierto es que el clima electoral comienza a involucrarse claramente en el desarrollo de las sesiones y mientras los bloques opositores estaban dispuestos a negar el voto para el proyecto avícola, desde el justicialismo no dieron apoyo para el tratamiento sobre tablas del planteo de la Alianza de crear una comisión investigadora sobre presuntas estafas cometidas en perjuicio de vecinos para acceder a una vivienda del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv). En medio de este panorama, los legisladores provinciales cumplieron una de sus peores producciones, porque si bien fueron numerosas las resoluciones sancionadas, solamente encontraron consenso para aprobar una ley relacionada con la reglamentación de la acción de inconstitucionalidad. La acción Los diputados provinciales aprobaron por la ley que reglamenta la acción de inconstitucionalidad, la cual a último momento sufrió modificaciones luego de algunos cuestionamientos de los bloques unipersonales del Frente Grande y Libres del Sur, quienes a pesar de los cambios -junto a Raúl Acosta y Egidio García- no apoyaron este proyecto. La iniciativa tenía respaldo de los dos bloques mayoritarios, pero de todos modos Bolatti expresó el rechazo a los plazos que se fijaban y abrió un debate que siguió en un cuarto intermedio. “Siempre intentamos y bregamos por ampliar los derechos de los ciudadanos y el acceso a la justicia es uno de esos derechos. En este proyecto hay un aspecto que va en el camino contrario a estas garantías a partir de una restricción de los plazos para plantear la acción de inconstitucionalidad. Hoy existe y esta vigente 180 días de plazo, y ahora lo reducen a 30 días y nos parece que no hace bien al acceso a la justicia”. Luego del cuarto intermedio el presidente del bloque del PJ, Ricardo Sánchez, coincidió en que 30 días de plazo para las demandas eran exiguos, “por eso resolvimos elevarlo a 90 días siempre que estamos hablando que lo impugnado sea una ley, decreto que afecte derechos patrimoniales del actor. Vale aclarar que el plazo de las demandas que no tengan contenido patrimonial no rige plazo alguno. También cambiamos el articulo tercero la acción de inconstitucionalidad tenga interés legítimo o derecho subjetivo debidamente justificado”. Estos cambios también fueron avalados por la Alianza, por lo que con sus votos fue suficiente para llegar a la sanción que requerían. Denuncias por viviendas Durante más de media hora los legisladores estuvieron discutiendo el tema en el recinto a partir de denuncias que tomaron estado público en referencia a familias estafadas para obtener una vivienda, por gente presuntamente vinculada con sectores de poder. El presidente del bloque justicialista Ricardo Sánchez expresó que el desacuerdo en tratar sobre tablas y que el tema tenga debate en comisiones. “No saquemos una ley a las apuradas como una contestación espasmódica de la Cámara de Diputados para decir que nos ocupamos. No lo hagamos pensando en el 18 de septiembre o en octubre (elecciones)”. Por su parte, Raúl Acosta desde su bloque (de la Concertación) expresó que hay muchas familias damnificadas y engañadas en su buena fe, y ante estos hechos “creemos que hay que formar la comisión e investigar: la Cámara se tiene que involucrar”. El diputado aliancista Eduardo Siri manifestó que “esta gran cantidad de familias resistencianas merece una respuesta de los representantes del pueblo. Lo que ocurre es muy grave y negarnos a crear una comisión investigadora es dar la espalda al pueblo”. “Es un tema muy importante y esta cámara no puede estar ajena”, expuso el legislador Fabricio Bolatti, quien también dijo que “es necesario dar un mensaje a la ciudadanía y que se conozca que no hace falta pagar trámites de vivienda. Por último Martín Nievas (justicialismo) fundamentó que el tema primero se discuta en comisiones a partir de que se desnaturaliza la comisión investigadora, que es para situaciones de la administración pública y entes descentralizados, pero esto excede el poder administrador y en ello está interviniendo la justicia.