Asimismo, la declaración de los diputados santafesinos expresan la necesidad de "un amplio debate como forma de encuadrar la cuestión del medio ambiente y la minería, avanzando a las reformas profundas y estructurales en la legislación y en las políticas a desarrollar, en un marco de rechazo de toda actividad minera, que por sus métodos implique un deterioro irreparable en el medio ambiente.

El debate se inició tras la presentación de un proyecto de declaración del bloque de la Unión Cívica Radical impulsado por el diputado Maximiliano Pullaro. La iniciativa que contó con las firmas de la diputada y ex vicegobernadora Griselada Tessio, los diputados Edgardo Martino, Santiago Mascheroni, Dario Boscarol, Juan Carlos Millet, Julian Galdeano y Victor Hugo Dadomo, también sumó el respaldo del resto de las bancadas del Frente Progresista Cívico y Social.

Tras una larga discusión entre radicales y kirchneristas, los legisladores santafesinos arribaron a un texto común que dice: "La Cámara de Diputados de la Provincia manifiesta su más enérgico rechazo a la represión ejercida por la policía catamarqueña a quienes se encontraban manifestándose en la localidad de Tinogasta, provincia de Catamarca, el pasado 10 de Febrero de 2012".

Asimismo la Cámara de Diputados, "propone un amplio debate como forma de encuadrar la cuestión de medio ambiente y la minería, avanzando a las reformas profundas y estructurales en la legislación y en las políticas a desarrollar, en un marco de rechazo de toda actividad minera, que por sus métodos implique un deterioro irreparable en el medio ambiente".

Al finalizar la sesión el diputado radical Maximiliano Pullaro señaló: "El texto acordado refleja claramente el repudio a la represión en localidad catamarqueña de Tinogasta, y avanza en el rechazo a toda actividad minera que impliquen un deterioro del medio ambiente. Además, creo muy importante el reclamo de reformas profundas en la legislación vigente, que sin dudas tienen mucho que ver con el modelo de saqueo de los años 90 que impuso el menemismo".

"Los radicales creíamos que Santa Fe no podía estar ausente de una de las problemáticas que mas preocupa a los argentinos. Los métodos y la tecnología que utiliza la mega-minería a cielo abierto implican un deterioro irreparable en el medio ambiente y el consiguiente impacto sobre la vida y la salud de los ciudadanos. Creo que provocamos una discusión valiosa, necesaria, y desde un inicio sabíamos de sus variadas aristas y nosotros la señalamos en el proyecto, pero todos entendimos que era importante arribar a una declaración, y finalmente la cámara redacto una que contiene contundentes definiciones". Durante el debate, Pullaro expuso con precisión el momento histórico en el cual se impuso el actual modelo minero, "Durante la década del 90, el neoliberalismo se consolidaba como discurso hegemónico en nuestro País. La concepción socialdemócrata y solidaria de Raúl Alfonsin, era reemplazada - de la mano del justicialismo a través de Carlos Menem y Domingo Cavallo - por un nuevo paradigma, según el cual el Estado debía ser reducido a su mínima expresión" "Desde esta matriz ideológica, se produjeron profundas modificaciones en las estructuras políticas, económicas y sociales de la República ; privatización de empresas Estatales en áreas estratégicas -hidrocarburos, aerolíneas, agua, electricidad -, desregulación de mercados y flexibilizaciones laborales".

Las ventajas impositivas de la megaminería En su discurso Pullaro detalló, "La minería no pudo escapar a esta lógica, y desde 1993 en adelante, fueron dictándose un conjunto de normas por las que el Estado - bajo el argumento de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad - generaba plexo legal inédito que combinaba deducción de gastos en impuesto a las ganancias; devolución del IVA a la exploración; estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años; amortización acelerada de vehículos e infraestructura; exenciones de aranceles y tasas aduaneras; regalías irrisorias - 3 % de las ganancias netas -; eliminación de gravámenes provinciales y municipales, y exención de impuesto al cheque y a los combustibles; combinadas con la ausencia de herramientas idóneas para garantizar los mínimos controles respecto del medio ambiente en que se desarrolla la actividad".

"Como es de suponer, ante este escenario nuestro País se convirtió en un verdadero imán para las inversiones que veían como, con bajo riesgo, y casi sin controles, podían hacer negocios que generaran dividendos inimaginables en otros lugares del planeta. En menos de 20 años, la enorme mayoría de las provincias cordilleranas comenzaron a poblarse de emprendimientos de variadas escalas que, con el argumento de generar trabajo genuino y desarrollo regional, venían a aprovechar las enormes chances que el sistema normativo les brindaba" Saludos cordiales, Maximiliano Pullaro (Diputado Provincial UCR) TE: 0341 156 412515) Proyecto Pullaro PROYECTO DE DECLARACION La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, declara su SOLIDARIDAD con la lucha de los pueblos de Famatina y Chilecito -Provincia de La Rioja- y Andalgalá, Tinogasta y Belén -Provincia de Catamarca-, contra el desarrollo de

actividades extractivas de minerales metaliferos a cielo abierto; y su mas enérgico REPUDIO a la represión desatada en los últimos días por el Gobierno de la Provincia de Catamarca, contra ciudadanos que reclaman acceder al derecho a "...un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano..." garantizado por el artículo 41 de la Constitución Nacional .- También manifiesta su firme RECHAZO de toda actividad minera que, por sus métodos y/o por la tecnología utilizada, implique un deterioro irreparable en el medio ambiente en que ésta se desarrolla, o el de sus áreas circundantes; con el consiguiente impacto sobre la vida y la salud de los ciudadanos que habitan en las mismas. Asimismo, expresa la NECESIDAD de que el Congreso de la Nación , modifique en forma inmediata el plexo normativo vigente en materia de minería; reemplazándolo por uno que tome en consideración el desarrollo Nacional y

Regional, los principios Constitucionales de "proporcionalidad" y "equidad" tributaria, el respeto del medio ambiente, y la preservación de la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas por el proceso extractivo.