Los diputados santacruceños avalaron el decreto por el cual se declaró la caducidad de las concesiones otorgadas a YPF en dos de sus yacimientos. Horas antes, la operadora había realizado un último e infructuoso intento por recomponer la situación, prometiendo aumentar el “capital social”. Hoy se vence el plazo de la intimación por las 22 áreas restantes.
El proyecto de ley que propiciaba la ratificación del decreto 393, firmado por el gobernador Peralta en el multitudinario acto llevado a cabo en el límite interprovincial de Ramón Santos, había ingresado a la Cámara de Diputados el lunes.
Tras un basamento legal que fue provisto a los parlamentarios, nutrido por varios artículos y normas, el documento puso de manifiesto “la vital importancia que poseen para nuestra economía los ingresos provenientes de la explotación de dichos hidrocarburos” como uno de los principales factores para mantener “el nivel de actividad y empleo de este Estado provincial”
De este modo, las áreas Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, fueron confirmadas en su traspaso a la orbita de FOMICRUZ, quien dispondrá luego su licitación a manos de otras operadoras, así como también los diputados confirmaron el rechazo a la solicitud de autorización de cesión de la participación que BG Internacional Limited, sucursal argentina posee respecto del área Barranca Yankowsky, también a favor de YPF.
Pero a penas unas horas antes, el proceso de reversión de áreas que encabezaron la semana pasada Santa Cruz y Chubut, tuvo un nuevo agregado, cuando en Buenos Aires, tuvo lugar una reunión entre el directorio de YPF, con su CEO, Antonio Brufau y el coordinador del Ministerio de Planificación Federal e Inversiones, Roberto Baratta, quien de hecho, estuvo presente en el acto de Ramón Santos, como uno de los enviados del Gobierno nacional apoyando la decisión provincial.
En la oportunidad, la compañía de capitales españoles aprobó aumentar el capital social, manteniendo las utilidades remanentes del ejercicio 2010 y la totalidad de las correspondientes a 2011 (que en total suman 5.789 millones de pesos) de modo de “reinvertir en forma definitiva dichas utilidades en la sociedad para atender adecuadamente los proyectos y mantener la línea de alto nivel de inversiones de los últimos años”, expresaron.
Sin embargo, la postura fue rechazada por el Estado nacional, que reclamó, de manera taxativa, un “preciso plan de inversiones” que revierta la caída de producción que registró la empresa durante los últimos años.
En este punto, vale mencionar que la negativa del Gobierno, mediante la voz de Baratta, será analizada en profundidad el 25 de abril, cuando se lleve a cabo la asamblea de accionistas de la compañía.
Con el embate de Santa Cruz y Chubut, YPF estima que perderá alrededor del 7,4 % de su producción en el país, pero esto podría ser mayor, ya que el Gobierno de Santa Cruz se apresta a revertir otras tres áreas concesionadas a YPF. El plazo fijado a la petrolera vence hoy viernes, y la decisión se enmarca en la intimación cursada el 4 de marzo pasado por la Provincia a la empresa, para que brinde “explicaciones convincentes” acerca del presunto incumplimiento de las inversiones comprometidas en 22 yacimientos.
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