En la sesión de ayer, hubo fuertes cruces entre los diputados por las acusaciones que pesan sobre Silva.

El ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva, sigue con su intentona de accionar legalmente contra diario LA UNION por una supuesta campaña de “hostigamiento y/o persecución” en contra de su persona.

Ayer grande fue la sorpresa cuando en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ingresó una nota del ministro político, solicitando información a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político respecto a una publicación de este diario titulada “La cámara oculta que involucra al ministro Silva”. El pedido se basa en la respuesta que diera LA UNION a una carta documento enviada por él donde solicita la ratificación o rectificación de lo publicado en el artículo antes mencionado, citando la fuente de la misma. LA UNION respondió la misiva explicando que la fuente de información es la Comisión que preside el diputado Miguel Figueroa Vicario, quien en la sesión del 20 de junio leyó un extracto de un acta elaborada por la Comisión donde, entre otras cosas, se plasmaron denuncias en contra de la Justicia de Santa María.

“Solicito se me informe sobre la veracidad de los dichos expresados por el medio de prensa, a los fines de ejercer mi legítimo derecho a defensa, caso contrario, de iniciar las correspondientes acciones legales a los fines de salvaguardar mi buen nombre y honor que se verían afectados por una publicación mentirosa y sin fuente seria que la sustente”, finaliza la nota remitida por Silva.

La misiva del ministro lejos de pasar desapercibida, ocasionó el malestar del interbloque que le recordó punto por punto los motivos por los cuales se lo nombra en el video.

Rápidamente, Figueroa Vicario salió al cruce de la nota del cuestionado funcionario afirmando que esa cámara oculta “donde se habla de entuertos judiciales que mencionan al ministro, la tengo en mi poder y lo hemos visto varios diputados”.

En ese sentido, el legislador pidió que en esa sesión o en otra que defina la presidencia, se arbitren las medidas para ver el video en el recinto. Figueroa Vicario subió la apuesta y afirmó que para él “sería un honor y un gusto” que Silva también participe de la proyección de la filmación que según afirmó el diputado de la Renovación Peronista, “había partes que me daban vergüenza ajena”.

“Que sirva también para que de las explicaciones convenientes en relación a los graves hechos a los que se los involucra a él, a su cartera y al Gobierno de la provincia”, indicó Figueroa Vicario, y pidió también invitar “a quienes fueron parte del video, a quienes tengo cómo ubicarlos”.

Quien intentó dar una explicación de la nota de Silva, fue el diputado del Frente Cívico y Social Miguel Vázquez Sastre, que quiso aclarar que “lo que está haciendo el ministro es salvaguardar su buen nombre y honor con los elementos que sean necesarios, solicitando la versión taquigráfica de la sesión nombrada”.

Vázquez Sastre señaló que con el planteo del diputado justicialista se están mezclando las cosas. “Una cosa es el pedido del ministro y otra la convocatoria del diputado”, señaló el legislador a lo que agregó que con el pedido de Figueroa Vicario “se quiere embarrar la cancha”.

Finalmente, fue la diputada kirchnerista Egle Altamirano la que formalizó la convocatoria a Silva, “previo que la Comisión de Asuntos Constitucionales vea el video, evalué la situación y defina el llamado”.

Sosa apoyó el pedido de la oposición para que Silva dé explicaciones

Más allá del planteo de Vázquez Sastre, el que se metió en el tema fue el diputado frentista díscolo José “Chichí” Sosa. El legislador dejó boquiabiertos a sus pares del FCyS con su alocución a favor de que el ministro concurra a la Cámara. “Entiendo que el motivo de la nota es que el ministro reclama ejercer un legítimo derecho a defenderse ante acusaciones gravísimas en su contra, porque aquí hemos escuchado y hablado de coimas y sobornos en este caso”, indicó Sosa. Y argumentó que su respaldo al planteo de la oposición es porque él forma parte de un gobierno cuyo discurso originario fue que “bajo ningún punto de vista avala mecanismos que permitan tapar hechos de esta gravedad”. Por lo que, según el presidente de la CPR, “tenemos que ser consecuentes con ese discurro hasta el 10 de diciembre”.

Para el legislador, en esta situación “hay una cuestión de ética política cuando uno cumple una función publica y reacciona de determinada manera” y remató: “yo no lo haría contra los medios, (por la carta documento que Silva envió a LA UNIÓN), porque capaz que con ello se está lesionando la libertad de expresión”.

“Si legítimamente el ministro se ha sentido afectado, yo en términos personales y desde mi banca, participo de alguna propuesta concreta que podrá ser en el recinto o en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que pueda dar explicaciones sobre este tipo de cosas”, remató.

Pero estas declaraciones de Sosa no quedaron en saco roto y generaron un fuerte malestar en el bloque del FCyS, que cuando se lo atacaba al ministro solo atinó a encolumnarse en la tibia defensa de esbozó Vázquez Sastre. Así, luego de la sesión corrían las versiones de que algunos diputados frentistas pedían la expulsión de Sosa del bloque.

Exigen una transición económica ordenada

En la sesión de ayer, tomó estado parlamentario un proyecto de ley del diputado Hugo Argerich denominado “Ley de obligaciones financieras para el recambio de autoridades”, cuyo objetivo es que el actual gobierno deje las cuentas en orden y las obligaciones del Estado al día, a la fecha del recambio de autoridades, el próximo 10 de diciembre.

Así, en la iniciativa del legislador se prevé antes del traspaso del mando, el Gobierno cumpla con, entre otras cosas:

l Abonar en su totalidad los sueldos del mes de noviembre, a los empleados de la Administración Pública y los organismos descentralizados.

l Tener depositado en cuanta corriente, el proporcional del Sueldo Anual Complementario de la totalidad de los empleados públicos.

l Transferir a los municipios los fondos que les corresponde por aplicación de las leyes de coparticipación municipal y regalías mineras, hasta el 30 de noviembre inclusive.

l Determinar y consolidar, al 30 de noviembre, la deuda flotante del Estado provincial, la que no podrá exceder del valor de los ingresos recibidos por coparticipación federal en el último mes anterior a dicha fecha.

l Elaborar y poner a disposición de las autoridades electas, un inventario de la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y rodados que posee el Estado provincial, discriminado por ministerios, al 30 de noviembre.

Por otra parte, en el mismo proyecto se determina que el incumplimiento de estas medidas “será considerada como falta de cumplimiento de los deberes” de los funcionarios a cargo de cada una de las áreas.

Por otra parte, en el mismo proyecto se determina que el incumplimiento de estas medidas “será considerada como falta de cumplimiento de los deberes” de los funcionarios a cargo de cada una de las áreas.

Entre los fundamentos de su iniciativa, Argerich advierte que el fin de la misma es “contar con leyes que garanticen un traspaso ordenado del poder desde el gobierno saliente a las autoridades electas, principalmente desde el punto de vista económico-financiero”.

También remarca que el proyecto surgió porque no hay legislación en la materia y “las autoridades electas y principalmente toda la ciudadanía, nos encontramos supeditados a la buena voluntad, razonabilidad y prudencia en el manejo de los fondos públicos que puedan realizar las autoridades salientes, cosa que lamentablemente los gobernantes del FCyS no han demostrado”.

Fecha confirmada para Avalos y Ferreyra

La Comisión de Cultura y Educación confirmó que el próximo martes será el día para que los secretarios de Turismo y de Cultura, Edgardo Avalos y Claudia Ferreyra, respectivamente, puedan informar respecto a los gastos de organización de la edición 2011 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Asimismo, ayer, ingresó formalmente el informe remitido por la cartera que conduce Ferreyra respecto al mismo tema para que los diputados puedan analizar el balance. Cabe destacar que el martes pasado se frustró la presencia de los funcionarios por problemas de agenda de éstos.

Piden convocar a Perna para que informe sobre la transformación educativa

Tomó estado parlamentario un proyecto de resolución de autoría de la diputada del Frente Para la Victoria, Egle Altamirano mediante el cual solicita citar la ministro de Educación de la provincia, Mario Perna a una sesión ordinaria a los fines que brinde informe sobre la transformación educativa.

El pedido de Altamirano se sustenta en la promesa del funcionario de concurrir a la Comisión de Cultura y Educación para dar cuenta del grado de avance de la puesta en marcha del nuevo sistema. Pero según los miembros de la Comisión, “el ministro fue dos veces y nada más”.

Memoria y balance

Por otra parte, el ministro de Producción, Juan José Bellón, también remitió a Diputados el balance de gestión 2010 de la cartera a su cargo, en respuesta al pedido realizado por el diputado Hugo Argerich en la sesión del 3 de agosto, donde se requería que todos los organismos del Estado eleven una memoria y balance de gestión. “Adjunto una copia del informe de gestión que fue presentado en diciembre de 2010, acompañado por la memoria descriptiva de los objetivos propuestos para este año. Nota de la Secretaría de Presupuesto en la cual nos aprueban 37 cargos, nota de elevación del ejercicio financiero 2011 al CPN José Paredes, subsecretario de Presupuesto de la Provincia, donde se detalla los requerimientos de este ministerio”, señala la nota que envió Bellón al presidente de Diputados.