La cuestión fue planteada por el diputado Carlos Lorenzo en la última sesión legislativa. La ley I 165 (antes ley 3764), que garantiza ese derecho a todo habitante de la Provincia del Chubut, tiene a esa cartera ministerial como autoridad de aplicación y, reglamentariamente, debe cumplir las funciones de enlace entre los distintos entes provinciales y la obligación de facilitar el acceso a la información en los plazos y condiciones establecidos.

SIN INTERMEDIARIOS

Los diputados buscan eliminar la vía reglamentaria de canalizar todo requerimiento ante ese Ministerio y la posterior elevación al responsable del área correspondiente al tema solicitado, extendiendo el deber de facilitar el libre acceso a la información a todo funcionario público en forma directa y sin intermediarios.

La modificación propuesta se centra en el artículo 3° al que se agrega también que “Vencidos los plazos previstos y sin más trámites, el requirente podrá solicitar la información al ministro del área correspondiente que tendrá la obligación de dar respuesta en el plazo establecido” en tanto que otra apunta a añadir en el artículo 17°, referido a la reglamentación de la ley, que “El Poder Ejecutivo no podrá restringir, ni eximir de la responsabilidad que le confiere por la presente ley a todos los funcionarios públicos de cualquier nivel por medio de la centralización o enlace en el procedimiento”.

SIN RESPUESTAS

Lorenzo indicó al referirse al proyecto que “el ministro Korn pretendió sacarse la responsabilidad por el incumplimiento que otro funcionario había tenido ante presentaciones que se habían hecho desde el bloque de la Unión Cívica Radical e, incluso, desde el ARI y particulares”.

En la sesión se citó el caso de un pedido de informes al Ministerio de Educación pero se aclaró que “no es el único”, para subrayar que “la irresponsabilidad del funcionario que no contesta termina haciendo responsable al ministro coordinador de, incluso, el pago de honorarios, en un problema burocrático-administrativo”.

Por eso el bloque consideró que: “se requiera mayor claridad de la ley. Por eso estamos proponiendo que esta responsabilidad no esté en manos del ministro coordinador, sino que sea, tal cual lo dice la ley, de cada funcionario del área a la cual cada ciudadano quiera dirigirse y pedirle información, haciéndolo responsable”, sostuvo el diputado radical.

La práctica del pedido de informes también caracterizó el paso del diputado del Ari, Fernando Urbano, que de 18 pedidos de informes que presentó, 17 veces tuvo que recurrir a la Justicia para que sea un juez quien exija a los funcionarios que contesten las dudas del legislador.