Allí también se dice que “vale reiterar en esta oportunidad la posición que asumió desde el mismo momento en que ingresó el proyecto y que mantuvo hasta el día de su tratamiento: la Unión Cívica Radical apoyaría la sanción de la ley con las observaciones de aquellas cuestiones en las que entendíamos fuera necesario”.

Esa decisión “estuvo basada exclusivamente en que el proyecto había sido consensuado con distintos sectores de la sociedad. El mismo había tenido una construcción participativa en la que los propios gremios que representan a los docentes se manifestaron en su apoyo”.

“Por respeto a ese consenso y ante la realidad de que compartíamos con amplitud esa propuesta decidimos votarla. En la sesión del jueves 9 de setiembre fracasó su tratamiento como producto de que se rompió ese consenso. Esa ruptura no es responsabilidad del Bloque Radical.

Quienes deberían buscar las causas son los propios actores del oficialismo que son quienes modificaron el proyecto consensuado y que motivó la reacción de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH), quienes manifestaron su frustración por las modificaciones que cambiaban sustancialmente la iniciativa de la que ellos participaban”, expresa el bloque de la UCR.

Ante esa circunstancia, “igualmente no nos opusimos a la Ley; lo que propusimos es su retorno a Comisión para que recupere el consenso perdido. En definitiva, propusimos lo que después el oficialismo hizo haciéndolo aparecer como mérito de la ministra de Educación”.

“La ley de Educación como política de Estado debe ser votada en forma unánime. Estamos dispuestos a hacerlo pero con una condición necesaria. Si la ley es de todos, no debe tener nombre propio, como se hizo, ni intentos de cambiarlo para ponerle sellos personales como también se procuró hacer. Esto se evita dándole el debido tratamiento legislativo a una ley tan trascendente, no como el que ha tenido en el cual nuestra participación ha estado en la medida exacta de lo que el propio Poder Legislativo hizo en el tema”, apuntan.

El Bloque de la Unión Cívica Radical renueva su compromiso con el consenso pero también se compromete a que el mismo “no pretenda ser cambiado en forma inconsulta en la Comisión de Educación de la Cámara”.

El caso Sancha

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso, pidió ayer al secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Diego Martínez Zapata, las actuaciones que avalan sus afirmaciones públicas acerca de los hechos denunciados por la doctora Sandra Nieves Sancha, integrante del Ministerio Público Fiscal en Puerto Madryn.

La nota demanda los fundamentos que avalan las afirmaciones del funcionario a escasas horas de conocida la denuncia, en especial los datos concretos que avalan calificaciones y conclusiones atribuidas a la investigación policial.

La presentación reclama al secretario de Justicia el cumplimiento de las atribuciones fijadas en el decreto de creación del organismo y exhorta a respetar la labor de la justicia, concediendo “los tiempos necesarios de investigación, de procedimientos y fundamentalmente resguardando el derecho de la víctima”.

El texto completo de la nota presentada es el siguiente: “El Bloque de Diputados de la UCR se dirige a Ud. a efectos de solicitar copia de las actuaciones obrantes en su Secretaría respecto a la denuncia efectuada por la funcionaria judicial Dra. Sandra Nieves Sancha por su secuestro e intimidación”.

“Queremos efectuar la evaluación de los antecedentes que a Ud. le permitieron -con absoluto convencimiento- afirmar: “que el secuestro denunciado por la fiscal madrynense es de ‘curiosa credibilidad’, calificándolo de ‘supuesto controversial’.

Especialmente solicitamos copia de las actuaciones policiales que revelan ‘incongruencias de lo denunciado y los indicios encontrados’. Sostenemos que como responsable de la recientemente creada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, debe comenzar a poner en marcha, lo expresado en los considerandos del Decreto de creación. Para nuestro Bloque la justicia se afianza todos los días, respetándola, aún en nuestras declaraciones, concediéndoles los tiempos necesarios de investigación, de procedimientos y fundamentalmente resguardando el derecho de la víctima”, sostienen los diputados de la UCR.