Con un orden del día en el que abundan los proyectos de declaración y de resolución, se celebrará en la fecha la séptima sesión ordinaria de la Legislatura de la Provincia, en cuyo marco no se descarta que la oposición formule planteos en torno al Plan Federal de Desendeudamiento anunciado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, sobre el cual giran múltiples interrogantes.
Tendrá curso favorable la adhesión al Sistema de identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el contrato de comodato de equipamiento de informática. Idéntica suerte correrá el convenio de ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Proyectos "Familia y Nutrición" Tercera Etapa.
En la agenda parlamentaria, también figura el convenio de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria "Refuerzo de Comedores Infantiles y Comunitarios" suscripta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Entro otros proyectos de resolución, se destaca el convenio de Adhesión al Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas licuado de Petróleo envasado y el Acuerdo de la Estabilidad del Precio, suscripto entre la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios y la Provincia de Jujuy.
Por otra parte, tomará estado parlamentario una serie de iniciativas, entre ellas el pedido a legisladores nacionales para gestionar la adaptación de diseños constructivos a las demandas educativas y condiciones ambientales de las escuelas de nuestra provincia, la creación de una Comisión de Seguridad Interna con función específica en el Servicio Penitenciario y la Policía de la Provincia y el requerimiento de implementar medidas de protección para los habitantes de la ciudad de Palpalá.
ENTRE RADICALES
Miembros del bloque de diputados de la UCR recibieron ayer la visita del senador Gerardo Morales, oportunidad en la cual se procedió a evaluar la situación económica y política a nivel nacional y provincial, con particular interés en el impacto que tendrá en Jujuy la reprogramación de deudas anunciadas por la presidenta Fernández.
"La medida la valoramos, pero es una respuesta parcial", evaluó el legislador nacional y aseguró que "seguiremos peleando por la recuperación de más recursos para las provincias, porque es la única manera de que Jujuy alcance autonomía".
Por su parte, el diputado nacional Miguel Giubergia recordó que "desde todos los bloques de la oposición de la Cámara Baja existían proyectos para que los recursos se utilicen para paliar la difícil de las provincias, pero el oficialismo se negaba sistemáticamente a tratarlos" y comentó que "ahora nos parece bien que la Presidenta copie el modelo de la oposición".
Resaltó que "los recursos de los ATN, más allá de los 9.800 millones de pesos que se utilizarán para la reprogramación de las deudas provinciales, se incrementan periódicamente por medio de los impuestos a bienes personales y ganancias" y opinó que "esa recaudación de impuestos deberían ser destinada a los gobiernos provinciales para atender prioritariamente la educación y la salud".
La Justicia ratificó el fallo
contra cargos en servicio
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, confirmando el fallo del juez Olivera Pastor, declaró la inconstitucionalidad de los cargos en el servicio de gas creados por el Decreto 2067/08, haicendo lugar así al amparo promovido por el defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, Víctor Galarza.
El Cuerpo judicial desestimó los recursos interpuestos por el Estado nacional y el ENARGAS, al tiempo que consideró que este tipo de impuestos deben ser instaurados por el Congreso. El Decreto 2067 imponía un cargo para financiar la importación del hidrocarburo ante eventuales faltantes del mismo.
La causa se originó por una Medida Cautelar y Amparo presentada por Galarza el año pasado ante el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, que hizo lugar a la acción y concluyó que el cargo específico creado por el decreto en cuestión tiene naturaleza tributaria y, en consecuencia, la única manera de imponerlo correspondía exclusivamente al Congreso Nacional, mediante ley.
Ese fallo fue apelado, por el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas que ahora fue desestimado por la Cámara confirmando su inconstitucionalidad.
Al analizar el decreto de marras, la Cámara Federal de Apelaciones señala que este instrumento fue creado para componer un fondo fiduciario tendiente a compensar la importación del gas destinado a atender las necesidades de abastecimiento y garantizar la continuidad en el crecimiento económico e industrial. Luego de citar numerosa jurisprudencia sobre la materia, el tribunal advierte que con este instrumento los derechos de los usuarios resultaron claramente vulnerados.
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