Otras trescientas fojas se añadirán hoy al ya voluminoso expediente de la causa de Miguel Ragone, cuando el abogado Miguel Avila presente archivos de la represión que un policía arrepentido llevó a la Justicia Federal tucumana y que funcionarios de Derechos Humanos de esa provincia enviaron luego a la Legislatura salteña

Lo mismo que los que aparecieron en 2008 en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta y fueron presentados a la Justicia Federal, en los registros tucumanos queda en claro cómo los servicios de inteligencia obtenían y organizaban la información sobre sus objetivos.

"Marxista leninista activo", "Montonero cubierto por dirigentes gremiales y políticos", son algunos de las caracterizaciones que contienen las listas de sospechosos que serán entregados hoy al Tribunal Oral Federal de Salta.

Aunque a primera vista los archivos no parecen tener relación directa con el secuestro del ex gobernador Ragone, el 11 de marzo de 1976, de sus hojas surge claro que los servicios de inteligencia enviaban copia de los informes que producían a distintas fuerzas de seguridad, inclusive al gobernador de esa provincia.

"Esto es el principal aporte que se hace a la causa. La de probar que no se trató de un hecho aislado, y que las fuerzas de seguridad actuaban en forma coordinada", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy.

En la causa están procesados los ex militares Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Mulhall, y el entonces jefe de la Policía de la Provincia, Miguel Gentil, y su director de Seguridad, Joaquín Guil.

En la sesión del martes pasado, la Cámara aprobó por unanimidad una resolución que requiere a la Justicia Federal que se realice en forma urgente el juicio oral y público que determine los responsables del secuestro y desaparición de Ragone. También le solicitaron al juez Carlos Olivera Pastor que resuelva en forma urgente la sentencia del juicio escrito que realiza por la causa de Palomitas I.

Aunque la causa Ragone ya fue elevada a juicio, el Tribunal Oral Federal debe decidir ahora sobre la recusación a su presidenta, Marta Liliana Snopek, hecha por la familia del ex gobernador y por la Provincia, que consideran que la jueza demostró parcialidad cuando decidió paralizar el trámite de la causa, ante un planteo del defensor oficial de los acusados.