En la jornada de ayer trascendió que el diputado Alexis Quintana, tal como lo había deslizado en la reunión que mantuvieron en el seno de la Cámara, diez días atrás, con el ministro de Economía Ariel Ivovich, habría decidido, con el aval de la mayoría de sus pares, avanzar en la presentación de un proyecto por el cual solicitarían al ministro de Economía que renuncie a uno de sus cargos, por considerar que su designación como director en YPF va en contra de la disposición de la ley provincial de incompatibilidades.

El presidente del Bloque del PJ, ayer, en declaraciones a LU 14 Radio Provincia, señaló que esa es la posición de la mayoría de los integrantes de la bancada. Buscan que el ministro de Economía Ariel Ivovich “renuncie a uno de los dos cargos que ejerce, ya sea en la cartera económica o en el directorio de la empresa petrolera YPF como representante de la provincia”. Y citó la Ley 2.250 que impide que un funcionario de la provincia pueda ocupar un cargo a la vez en la Nación.

Es cierto que esta norma en su artículo 2 establece que “los cargos políticos a nivel de funcionarios en alguno de los tres Poderes del Estado Provincial, los de los Municipios o Comisiones de Fomento de la provincia, en tanto fueran rentados tendrán la misma consideración que los cargos electivos”.

Cabe aclarar que de aplicarse la norma, tal como pretenden, en su ley, los diputados del PJ, el diputado Atanasio Pérez Osuna deberá renunciar o a su banca o bien al cargo de interventor de YCRT, puesto que la ley 2.250 sostiene en su artículo primero que “los cargos electivos de carácter ejecutivo o legislativo del orden municipal o provincial serán considerados de “Tiempo Completo” e incompatibles con cualquier otro cargo o función pública”.

La misma norma, que sólo consta de tres artículos y uno de forma, establece en el último artículo que alcanzaría tanto a Ivovich como a Pérez Osuna, que “las personas que resulten ser electas o designadas para ejercer cargo público rentado en la provincia de Santa Cruz, no podrán desempeñar ninguna otra actividad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal mientras permanezcan en el desempeño del cargo para el que fueran electas o designadas”.

En el caso del legislador por Río Turbio, tiene una segunda opción, que es aquella por la que ya optó en su período legislativo anterior, que es pedir licencia a su banca de Diputados, tal como lo hicieran, en su momento, otros diputados, incluso el hoy gobernador Peralta, o el senador Pablo González, cuando fueron designados, en el caso de Peralta para ser interventor de YCRT y en el de González, para ocupar la Jefatura de Gabinete de la provincia.

La ley fue sancionada el 27 de junio de 1991. El actual secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, quién participó, como secretario de la Ofephi en la redacción de la ley de privatización de YPF, en 1992, ocupó, luego, el cargo de director, en representación de las provincias productoras de hidrocarburos accionistas, siendo al mismo tiempo director de Energía de Santa Cruz.

Posteriormente, luego que las provincias fueron vendiendo sus acciones, Cameron pasó a ser director sólo por Santa Cruz, ya que la provincia incrementó su participación accionaria hasta tener el 5,23% de las acciones. Cuestión que ocurrió hasta el año 1998, cuando Repsol concreta la compra compulsiva del 99,8% del paquete accionario, manteniendo el Gobierno nacional su acción de Oro.

En 2004, con Néstor Kirchner ya como presidente de la Nación, el entonces secretario de la Producción de la provincia, Ernesto Dardis, fue designado el 11 de mayo como el director del Ejecutivo nacional ante YPF. Si bien el ingeniero pidió licencia en su cargo por ocupar un rango de “mayor jerarquía”, y el 2 de agosto fue designado en su puesto de secretario de la Producción, Alejandro Ramos, Dardis permaneció como asesor ad honorem del Ministerio de Economía, según consta en su currículum vitae.