Es el que habilitó el uso de dinero de Fiduciaria Neuquina para gastos corrientes. Fueron 118 millones de pesos, el año pasado. El gobierno los canjeó por Letras del Tesoro. Un grupo de diputados pidió la nulidad al Tribunal Superior de Justicia.
La acción de nulidad fue presentada por los diputados Ariel Gustavo Kogan, Rodolfo Canini, Fanny Noemí Longo, Paula Rayen Sánchez, Luis Andrés Sagaseta, María Soledad Martínez, Luis Miguel Lucero, José Luis Sáez, y Hugo Alberto Goncalvez en el Tribunal Superior de Justicia.
Está referida al decreto 1996/09, que habilitó al tesorero de la provincia a depositar en el Fondo Fiduciario de Neuquén (Fiduciaria Neuquina SA), Letras del Tesoro por 118 millones de pesos. En concreto, el gobierno tomó ese dinero y dejó a cambio documentos públicos para garantizar su posterior "rescate", es decir, la devolución de lo extraído.
Según los legisladores de la oposición, el decreto de Sapag viola las leyes 2615 de renegociación petrolera, y 2141 de administración financiera; y esto con "vicios tan graves que generan su inexistencia y nulidad", expresaron.
Como ya habían anticipado en la cámara, cuando se dio la discusión política, los diputados sostienen en sus argumentos ante la Corte que la ley 2615 establece con claridad "que los fondos que pagaran las empresas debían ser destinados a obras y equipamientos de interés económico y social, y que jamás debían utilizarse para gastos corrientes del Estado provincial y de los municipios".

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