El artículo 17 dice que la Provincia puede intervenir a alguno o todos los poderes municipales en casos de acefalía total, para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades, para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional o mal manejo económico.

Para ello en la Legislatura, la iniciativa deberá contar con el voto de los dos tercios de los miembros presentes.

El autor del proyecto Guillermo Durand Cornejo ya durante la sesión del martes había planteado esta posibilidad, lo cual fue tomado por Lucas Godoy, presidente de la comisión de Derechos Humanos quien le indicó que ya están trabajando al respecto, ya que esta denuncia fue introducida al cuerpo legislativo por Ramón Villa, y que citarán a los campesinos perjudicados para que declaren ante la comisión.

Igualmente el proyecto tomó estado parlamentario y es probable que se discuta en el recinto en breve.

La denuncia contra Cuenca concretamente es porque unos 15 pequeños agricultores del lugar, que manifiestan tener la posesión treintañal de las tierras que trabajan, fueron tentados por el intendente para regularizar su situación en la Justicia, ofreciéndoles hacerse cargo de los costos que este proceso acarrea, pero a cambio de que cada uno les ceda un 70 % de los terrenos ubicados al margen del río Teuco.

El convenio entre el jefe comunal y los campesinos se firmó el 16 de julio de 2011 en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y actuó en esta operatoria la escribana María Naser, quien certificó las firmas de los actuantes de este acuerdo.

Por su parte el abogado de Cuenca, Mariano Sitelli, calificó que esto se trataría de un mal menor ante el inminente desalojo de los campesinos por los supuestos dueños legales de las tierras y que el intendente trataría de evitarlo recurriendo a la Justicia con su dinero.

"Se puede ser funcionario, pero se puede en paralelo vender, comprar o tener algún negocio", manifestó el letrado a Nuevo Diario a modo de justificativo y sostuvo que es necesario llevar adelante los trámites en la Justicia y no solamente confiar en la Ley que suspende los desalojos.