Mientras diputados del Frente para la Victoria plantearon el jueves en la Legislatura que se suspendan los permisos de cateos y exploración minera en Chubut hasta que se garanticen condiciones legales de seguridad ambiental, el gobernador anticipó ayer que a partir de julio se avanzará en la creación de un marco regulatorio de esa actividad.
El gobernador Martín Buzzi anunció ayer que a partir de julio se abordará el tratamiento de un “marco regulatorio” para la minería en Chubut.
Hay que recordar que más allá de los cateos y las actividades de exploración, en la provincia rige la Ley 5.001, dictada en abril de 2003, que prohíbe en todo el territorio del Chubut la explotación minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Buzzi se refirió a las versiones sobre la creación de una Ley de Minería y al respecto aclaró: “se está trabajando en un marco regulatorio de los recursos naturales no renovables. Para desarrollar cada uno de los proyectos tiene que haber licencias sociales para poder llevarlo adelante”.
El gobernador explicó que se comenzará a trabajar en el tema a partir del segundo semestre, lo que sería de julio en adelante. Al referirse a las licencias sociales expresó: “cada comunidad tiene que elegir su propio estilo de vida, cuáles son los contextos en que se quiere desarrollar. En esto es absolutamente responsable este Estado y este gobernador”, subrayó.
SUSPENDER
EXPLORACIONES
En cierta medida, el anuncio de Buzzi responde a la presentación de una iniciativa que ingresó a la Legislatura en la sesión del jueves. Allí el diputado del Frente para la Victoria, Javier Cisneros, presentó un proyecto de ley que propone suspender el otorgamiento de aprobaciones a las solicitudes de exploración y cateo de minerales de las categorías primera, segunda y nucleares, en todo el territorio de la provincia.
El proyecto que tiene el acompañamiento de los diputados Anselmo Montes (FpV), Juan Ale (FpV) y Eduardo Daniel (FpV), señala que se mantendrá la suspensión de los cateos y exploración hasta que, producto del debate institucional sugerido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, “se registren las condiciones legales e institucionales que garanticen que la actividad minera se realizará en un marco de seguridad ambiental, de protección de los recursos minerales estratégicos, así como del recurso hídrico y energético requerido para la misma y que, económica y socialmente supere el actual marco notoriamente desventajoso para el país y su pueblo”.
En el artículo 3, al establecerse las condiciones legales e institucionales, indica la eliminación de la actual duplicación de legislación en materia de evaluación de impacto ambiental. Define un único procedimiento a través de la Ley 35 con una regulación tal que establezca la obligatoriedad del cumplimiento de la realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para todos los proyectos de carácter minero, en cualquiera de sus etapas exploración, cateo, prospección, explotación y beneficio o procesamiento del mineral extraído.
Según Cisneros las condiciones legales e institucionales comprenden la revisión en el parlamento nacional de los alcances de la Ley 24.196 en todo lo atinente a los regímenes de extensiones y promociones impositivas a la actividad minera, evitando las actuales inequidades que la norma implica y que resultan insustentables en el contexto político y económico nacional e internacional.
Finalmente, se determina la anulación del límite del 3% del valor de boca de mina, impuesto a la percepción de regalías por parte de las provincias tenedoras del recurso.
Al respecto Montes indicó que el proyecto surge del trabajo realizado en el marco de la Fundación del Tercer Milenio, que busca “suspender el cateo y la exploración, sobre todo porque se están plantando banderas en un recurso energético estratégico como el uranio porque además les estamos otorgando derechos a estas empresas sin discutir el tema de fondo”.
Luego consideró que si bien esta ley busca regular la actividad en la provincia, en materia de “recursos naturales las políticas energéticas de recurso deben ser nacionales no provinciales. No se trata de hacer rancho aparte, pero si tenemos que estar sentados en la mesa para debatir sobre eso”, afirmó.
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