Si bien hasta ayer seguía la ronda de consultas sobre los distintos detalles que refieren a la nueva Ley Orgánica de la Policía, hasta anoche se la mantenía en el acta de labor parlamentaria para la sesión de hoy, por lo que algunos diputados consideraban que había grandes chances que al finalizar la jornada haya obtenido la media sanción.
La importancia de la renovación de la ley radica en que, si bien tiene algunas modificaciones, la normativa actual fue dictada por un gobierno militar en el año 1983, algo aberrante para un régimen democrático como el que rige ahora.
Entre las principales modificaciones se encuentra la creación de una Auditoría de Asuntos Internos, compuesta por personas ajenas a la institución y que tendrá como misión controlar y sancionar cualquier acción del personal policial contraria a lo que establece el reglamento.
Este punto tomó especial relevancia a partir de los hechos de tortura en la Comisaría de General Güemes que tomaron estado público en las últimas semanas y por la que hay 6 agentes detenidos.
Derechos Humanos
Además en la nueva ley se incluirán cuestiones referidas a los Derechos Humanos que figuran tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales a los que adhirió el país y se especificará y ampliará las funciones que tendrá la Policía.
El acta de labor parlamentaría de hoy se completa con otros 8 puntos, aunque casi con seguridad algunos retornarán a comisión sin llegar al recinto.
Entre los proyectos que se tratarían se destacan el que establece la obligatoriedad en todas las dependencias de la Provincia de Salta y los establecimientos privados que brinden atención al público para darle prioridad a mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y mayores de 70 años. Esta iniciativa tiene como autor a Manuel Santiago Godoy.
También está la solicitud al Ejecutivo, presentada por Ramón Villa, de implementar agentes interculturales bilingües en los hospitales de la provincia para que asistan a pacientes indígenas.
Otro proyecto que generará polémica será el de la diputada Virginia Dieguez que de aprobarse establecerá que en la construcción de nuevos barrios, el Poder Ejecutivo exigirá a los concesionarios de servicios públicos y terceros no concesionarios la instalación de ductos subterráneos destinados a satisfacer las solicitudes de cableados, gas y agua potable, cuestión siempre objetada desde las empresas prestatarias por implicar un mayor costo monetario.
Por último está la iniciativa de Omar Soches López que pide la instalación de kioscos en establecimientos educativos que vendan productos con bajo contenido calórico y tenor graso.
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