Es ese uno de los proyectos que descansan en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, en este caso de la autoría del radical Juan Pedro Tunessi, y nunca fue considerado.

“El año pasado habíamos quedado en que no agregaríamos comisiones y sin embargo tengo 30 pedidos de comisiones investigadores. ¿Cómo vamos a hacer para ponerlas en práctica en 3 días a la semana junto a las otras 45?”, se interrogó Vargas Aignasse, que deberá convocar a su comisión el 4 de agosto por pedido del pleno de la Cámara en la última sesión.

Ese día, la oposición impuso su mayoría en el recinto para imponer la convocatoria de esa comisión, la de Presupuesto y la de Comercio, todas presididas por kirchneristas y, según la lectura de la oposición, eran congeladas por éstos para evitar dictámenes desfavorables. “Eso no es cierto, estuvimos discutiendo por el consejo de la magistratura”, se defendió Vargas Aignasse.

Para la oposición, las comisiones investigadores son una herramienta por las atribuciones que tienen. Lo dejó claro Alfredo Atanasof, del Peronismo Federal cuando justificó las exposiciones que hicieron en forma reservada ante la Comisión de Relaciones Exteriores funcionarios implicados en la causa por supuestas coimas de empresarios que exportaron a Venezuela.

“Si hubiera avanzado el proyecto para crear la comisión investigadora, esto no habría sucedido”, se justificó y recordó que estos ámbitos son habituales en los parlamentos de Estados Unidos y Brasil.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos no sólo deben autorizar la creación sino también los alcances de cada comisión investigadora. Ahí estará la discusión, que será bien reñida, ya que además de la presidencia el oficialismo está a sólo un voto de empatar una votación. Lo más probable es que de cada proyecto vayan varios dictámenes.

Pedidos varios

Las solicitudes de comisión investigadora incluyen los temas más variados. Fernando “Pino” Solanas solicitó una para conocer todo lo referente a la concesión del transporte ferroviario y otra para indagar sobre “los crímenes de guerra” cometidos durante la última dictadura.

Elisa Carrió tiene cuatro: sobre los juegos de azar, las obras públicas del Estado, los casos de posible cercenamiento de la libertad de expresión, y una última encargada de averiguar todo lo referente a la creación, construcción, conservación o modificación de bienes.

Su bloque es el que más insiste con la creación de estas comisiones. Fernanda Reyes pidió una para investigar el origen de la deuda externa, histórico reclamo de Pino Solanas; y otra para indagar sobre la explotación de los recursos naturales, otro tema que inquieta y mucho al cineasta.

Adrián Pérez presentó un proyecto para investigar los métodos de prevención para la Gripe A y Fernando Iglesias planteó estudiar a fondo el funcionamiento y capital accionario de YPF.

Hay pedidos que llaman la atención como el de la peronista disidente Marta Velarde, quien solicita una comisión para conocer todo lo actuado por la secretaría de Transporte desde el día que asumió la presidencia Néstor Kirchner.

El Gen, de Margarita Stolbizer, tiene dos pedidos. Virginia Linares pretende una que recabe información sobre el funcionamiento de la polémica Oficina Nacional de Control de Comercialización Agropecuaria (ONCCA) y Horacio Alcuaz solicita otra por un tema bien específico: las supuestas irregularidades para el cumplimento de la obra de pavimentación vial ribereño-etapa 1, de Vicente López.

El diputado jujeño Miguel Giubergia, de la UCR, tiene tres pedidos de comisiones especiales: sobre los ilícitos del Banco Central, la mafia de los medicamentos y la causa sobre contrataciones irregulares de al empresa Siemens.

La duda es si alguna de estas comisiones podría aportar algo a los temas referidos, sobre todo luego de la extraña experiencia que significó la visita al Congreso de funcionarios implicados en la causa por posible corrupción en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela.

El ex embajador en ese país, Eduardo Sadous, declaró en confidencialidad pero no agregó nada nuevo a la causa, según los testigos. Sí lo habría hecho el ex defensor del pueblo Eduardo Mondino. Sus declaraciones fueron directo a la justicia.

“El que esté interesado en participar de la investigación debería constituirse en querellante y listo. Pero no usar los recursos del Congreso”, propuso Vargas Aignasse, que llevará ese planteo a su Comisión. Será otra ardua discusión.