El de mayoría, que ratifica la plena vigencia de la Ley Corta que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales y el artículo 121 de la Constitución Nacional; mientras que el dictamen de minoría instaba a la derogación de los tres decretos emitidos por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que pusieron a los recursos naturales como garantía de endeudamiento. 

La sesión ordinaria comenzó pasadas las 19.55 bajo la presidencia del vicegobernador Rolando Figueroa y contó con la participación de 34 diputados.La declaración Nº 2.121 contó con 18 votos del MPN, FRIN, UP-UNA y los diputados Raúl Podestá (NE-FG) y Nanci Parrilli, Guillermo Carnaghi y Javier Bertoldi (FpV).

En tanto, el despacho por minoría obtuvo diez votos de Libres del Sur, FPN-UNE, FR, PTS-FIT, FIT y los diputados Eduardo Fuentes (Ne-FG) y Ayelén Gutiérrez (FpV). En contra de ambas propuestas se pronunciaron los bloques del PRO, NCN y UCR.

El tema generó un extenso debate que finalizó con la modificación de un artículo del despacho por mayoría, a partir de una propuesta del diputado Podestá que pidió que la exclusión explícita de los bienes de dominio privado provincial alcancen a las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; y los lagos no navegables que carecen de dueño.

La reforma se acordó tras un cuarto intermedio.El diputado Mario Pilatti (MPN) –miembro informante del dictamen por mayoría- dijo que el tema generó “inquietud y conmoción” en la provincia y aseguró que los decretos no ponen en riesgo los yacimientos.

“Es impropio que desde una Legislatura provincial se pida la derogación de los decretos para hacer operaciones de deuda que fueron aprobadas por el Congreso”, dijo tras recordar que se trata de una práctica implementada desde hace 30 años por los distintos gobiernos cuando el Estado decide emitir deuda en mercados extranjeros. Su compañero de bloque, Luis Sapag hizo eje en que los recursos del subsuelo no pueden ser embargados porque –explicó- “no son patrimonio contable”.

En tanto, Podestá –miembro informante por el despacho por mayoría- consideró que hubo un abuso de poder por parte del gobierno nacional respecto de los recursos naturales de Neuquén. “Son bienes propiedad de la provincia”, afirmó.

Desde el FpV, Guillermo Carnaghi consideró correcto ratificar lo que dice la Constitución Nacional y la Ley Corta.A su turno, Jesús Escobar (Libres del Sur) –miembro informante por el dictamen de minoría- aseguró que la derogación de los decretos implica defender los intereses de los neuquinos y los argentinos. “Los neuquinos de hoy nos tenemos que parar firmes para defender nuestro presente y nuestro futuro”, sostuvo.

En sentido similar, Raúl Godoy (PTS-FIT) –quien también ofició de miembro informante del despacho por minoría- criticó el nivel de endeudamiento y aseguró que los decretos dejan sin protección los recursos estratégicos de la provincia en un contexto de ajuste.El diputado Mariano Mansilla (FPN-UNE) también se pronunció a favor de la derogación de los decretos presidenciales y recordó que accionó judicialmente junto al parlamentario por el Mercosur, Ramón Rioseco, para anular los decretos.

En tanto, Patricia Jure (FIT) repudió la entrega de recursos naturales por parte del gobierno y rechazó el endeudamiento. Desde FPN-UNE, Pamela Mucci dijo que el despacho por mayoría adolece de vicios porque realiza un reconocimiento a leyes y a la Constitución que están vigentes.

Por su parte, Eduardo Fuentes (NE-FG) repudió la entrega de nuestros recursos naturales como garantía de deuda y advirtió que hay intenciones permanentes de parte del gobierno nacional de violentar el Estado de derecho.

Desde el PRO, Carolina Rambeaud descartó que los yacimientos hidrocarburíferos fueran utilizados como garantía de la deuda externa porque “no le pertenecen al Estado nacional” y remarcó que los decretos Nº 29, 231 y 334 tienen el respaldo de una ley del Congreso Nacional.

Asimismo, explicó que los yacimientos hidrocarburíferos no están incluidos en el artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación que se incorporó con la modificación del despacho por mayoría. Agregó que la aprobación de una declaración que ratifique la vigencia de la Constitución Nacional y de leyes nacionales “es un debate absurdo, innecesario y falto de argumentación jurídica”. Su compañero de bloque, Damián Canuto opinó que la discusión incurre en un “chauvinismo de cabotaje” y respaldó la decisión del gobierno nacional.