En una sesión donde las disputas políticas y las alertas judiciales opacaron la actividad parlamentaria, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto de nueva ley de vivienda, documento que apunta a otorgarle al Ejecutivo una herramienta legal para desarrollar sin contratiempos estrategias, planes, controles y soluciones relacionadas a la construcción y entrega de casas realizadas por el Estado puntano.

Los legisladores aprobaron la normativa por unanimidad en sus aspectos generales y en la faz particular, aunque hubo cuatro ítems en los que el consenso no se concretó.

El bloque de la Unión Cívica Radical, especialmente, mostró objeciones y ofreció alternativas concretas para mejorar diversos aspectos.

A lo largo de 26 artículos, el texto puntualiza objetivos, pero también remarca nuevos derechos y obligaciones a cumplir por parte del Ministerio de la Vivienda -será la autoridad de aplicación si el proyecto se transforma en ley- y también para los inscriptos o adjudicatarios de las casas que entregue el Gobierno de San Luis.

El escrito pasó a Senadores que analizarán cada párrafo. Entre los diputados radicales hay expectativas para conocer si en la Cámara alta trabajan en torno a las líneas subrayadas por Walter Ceballos, Jorge Lucero y Fidel Hadad.

Según trascendió en los pasillos de la Legislatura, nadie descarta correcciones en Senadores y un probable regreso del texto hacia la Cámara baja.

Entre los artículos más destacados del proyecto figuran la pérdida en la condición de inscripto para aquellas personas que falseen u oculten datos que hubiesen servido de base al momento de anotarse.

También perderán su inscripción aquéllos que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas y sean condenados por el delito de usurpación.