Aseguran que no se presentaron en el recinto ante la posibilidad de que un sector del oficialismo envíe al archivo el proyecto del canon extraordinario. Afirman que no serán funcionales a la interna del Bloque del PJ.
Remarcan que el 27 de junio pasado la diputada del Frente para la Victoria Selsa Hernández presentó el proyecto de ley Nº 242, acompañada por sus pares Rubén Contreras, Roberto Fernández, Héctor Vinet y Silvio Suárez. El mismo establece el cobro de un canon extraordinario único de 10% sobre el monto que resulte de la transferencia de propiedad minera de primera categoría, a todo productor minero metalífero que se encuentre en etapa de “explotación o producción” con registro en la provincia.
El proyecto de ley se generó luego que trascendiera la noticia que Extorre Gold Mines se encontraba en proceso de venta del Yacimiento Cerro Moro a Yamana Gold por 415 millones de dólares.
Además se destaca que el proyecto Minero Cerro Moro se encuentra a 80 kilómetros aproximadamente al sudoeste de Puerto Deseado. Fue concedida a Estelar Resources Limited, una minera canadiense, subsidiaria de Extorre Gold Mines, con la participación de Fomicruz en un 5%.
Se indica que en estos casos el “pase” del activo minero se realiza a través de la venta de acciones de Extorre a Yamana. Este tipo de operaciones es muy común entre las mineras “juniors”, encargadas de las tareas de exploración, y las mineras “majors”, que por su capacidad financiera y operativa se especializan en la producción.
El antecedente más importante de este tipo de operaciones se había producido en el año 2010, cuando Gold Corp “vendió” el Yacimiento Cerro Negro a Andean Resources por 3.400 millones de dólares, monto de dinero que significaba más de dos veces el presupuesto del año 2010 de la provincia.
Tratamiento
La UCR resalta en el parte de prensa que el proyecto fue tratado en tres comisiones y resistido por los diputados de La Cámpora. En la sesión novena -del jueves 5 de julio- su tratamiento culminó con un empate. Decidió el vicegobernador Fernando Cotillo votando el regreso del proyecto a comisiones.
Esta instancia abrió nuevamente la posibilidad de introducir modificaciones por parte de aquellos diputados que en la sesión del 5 de julio votaron negativamente. Ninguna modificación se realizó.
El lunes 9 de agosto el diputado Leonardo Alvarez demandó “un gesto de grandeza” a su par de bancada Selsa Hernández para que envíe el proyecto a archivo.
Alrededor de la minería se desató un fuerte conflicto de intereses entre el Estado Nacional y el Estado Provincial. El Estado Nacional ha decidido sostener la Ley 24.196 de Inversiones Mineras del año 1993, que en su Art. 8 establece la estabilidad fiscal por 30 (treinta) años y en su Art. 22 establece que las provincias no podrán percibir regalías superiores al 3% al valor “boca mina” del mineral extraído.
El 15 de febrero pasado se constituyó la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros). El 27 de marzo se firmó el Tratado Federal Minero. Ambos instrumentos limitan la política minera provincial.
Constitución Provincial
Asimismo se recuerda que el artículo 104 de la Constitución Provincial establece las Atribuciones de la Legislatura. En su inciso 1º expresa: “Aprobar o desechar los tratados con la Nación u otras Provincias para fines de administración de justicia, intereses económicos y en general asuntos de interés común, propendiendo a la celebración de pactos regionales en materia económica, social y de enseñanza”.
En virtud de las atribuciones correspondientes a la Legislatura, el diputado Roquel solicitó -con fecha 11 de abril- el envío de ambos instrumentos a la Legislatura para su tratamiento. Transcurridos dos meses sin respuesta reiteró el pedido con fecha 13 de junio. Su pedido sigue sin respuesta.
La necesidad de recursos de la provincia choca con la política del Estado nacional respecto de la minería, que cuenta en la provincia con La Cámpora para imponerle su voluntad al gobernador Daniel Peralta.
La declaración del diputado Alvarez -cuya actividad económica está ligada a las mineras- enunciando la posibilidad de enviar el proyecto a archivo en caso de ser presentado en la sesión, alertó a los diputados de la UCR. A los efectos de no ser funcionales a la estrategia de La Cámpora los diputados Roquel y Bubola no se presentaron en la sesión, lo que, sumado a la ausencia de 10 diputados oficialistas no se obtuvo el quórum necesario para sesionar.
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