Hasta la reunión de mesa chica del interbloque de la tarde del jueves, los principales referentes de Juntos por el Cambio no habían recibido ninguna señal por parte de Sergio Massa. Vencido el protocolo de sesiones virtuales desde los primeros días de agosto, el futuro de la discusión parlamentaria en Diputados está por ahora plagado de incertidumbres.

Ni el Frente de Todos ni la oposición agitaron en estos días demasiado las aguas de la Cámara baja porque el envío del controvertido proyecto de reforma judicial, rechazado de cuajo por la oposición y que se encamina a obtener media sanción en el Senado la semana próxima, alteró el diálogo cruzado, que en la Cámara alta está cortado desde hace tiempo por la hegemonía que hace valer Cristina Kirchner.

Anoche, el kirchnerismo oficializó en la Cámara alta el dictamen de mayoría con la firma de 19 senadores del bloque oficial, y con algunas modificaciones, en parte vinculadas a la “Justicia federal con asiento en las provincias”, un pedido de los gobernadores.

La vicepresidenta, que supervisó minuciosamente el texto, ordenó además agregar una cláusula a través de Oscar Parrilli por la que los funcionarios judiciales deberán “comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”. Es decir, de los medios de comunicación. Un agregado rechazado por la coalición opositora .

A diferencia del Senado, en Diputados, la situación es distinta: Massa y Máximo Kirchner tienen vínculo semanal con los principales referentes de Juntos por el Cambio. El proyecto de reforma judicial, sin embargo, ensombreció la relación, y el vencimiento del protocolo de sesiones remotas cerró el círculo.

“Hubo sorpresa porque ayer el presidente de la Cámara baja dijo en televisión que la semana próxima hay sesión con temario definido”, resaltaron desde el interbloque opositor tras la reunión de mesa chica, que aglutinó a los tres jefes de bloque -Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro- y a algunos de los principales legisladores. “Lo que corresponde es que convoque formalmente a una reunión de labor parlamentaria”, agregaron.

La oposición no está dispuesta a prorrogar por otro mes las sesiones virtuales porque no quieren que el proyecto de reforma judicial que llegaría con media sanción del Senado se incluya en el temario de la discusión remota. En Juntos por el Cambio si hay predisposición, aclararon, de renovar el protocolo “sesión por sesión” y para temas previamente acordados.

Por ejemplo, la refinanciación de la deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que la Casa Rosada le ofreció este miércoles a los gobernadores en una videconferencia encabezada por el ministro Eduardo “Wado” de Pedro, escoltado por Máximo Kirchner y Massa. Semanas después del acuerdo preliminar al que el Gobierno llegó con los acreedores privados, y en medio de las negociaciones por el proyecto de reforma de la Justicia federal penal, por el que Alberto Fernández y Cristina Kirchner todavía no tienen los votos necesarios en la Cámara baja.

Ayer al mediodía, el panorama parlamentario fue tema de análisis en el almuerzo que el jefe de Gobierno porteño compartió en su oficina con sus socios de la UCR y la Coalición Cívica, encabezada por Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto. Martín Lousteau, que dio su opinión sobre la situación en la Cámara alta en torno a la reforma, siguió la comida vía Zoom. Horacio Rodríguez Larreta, jefe político de un grupo de diputados, está en una encrucijada: negocia un capítulo de la reforma -el traspaso de la Justicia nacional a la órbita porteña- mientras las protestas de un sector del votante opositor se multiplican.

La coalición opositora daría su visto bueno para el tratamiento de ese proyecto de ley de refinanciación de las deudas provinciales si es que el oficialismo convoca a una sesión para ese tema en particular. De hecho, en Cambiemos no presentan objeciones: a fines de enero se creó un ámbito de trabajo entre la Nación, los gobernadores y el jefe de Gobierno que nunca se puso en marcha.

Cuando se escribió el protocolo de sesiones virtuales se estableció que podía ser prorrogable “por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria”, una zona gris que ahora entra en un cono de sospecha porque la oposición no quiere avalar la discusión remota de la reforma judicial, que rechaza de cuajo.

Sergio Massa

El Frente de Todos, sin embargo, tiene un problema: el proyecto impulsado por la Casa Rosada, presentado a fines de julio por el jefe de Estado, no cuenta por ahora con el número necesario para su aprobación en la Cámara baja.

El miércoles, mientras se discutía en el plenario de comisiones del Senado el dictamen de mayoría, los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Pablo Cassinerio y Claudia Márquez dejaron trascender que no acompañarían la iniciativa.

Los cuatro responden al gobernador Juan Schiaretti, de Córdoba, donde las protestas del feriado se sintieron con fuerza. Y son parte del interbloque Federal que encabeza Eduardo “Bali” Bucca, que pidió un acuerdo amplio en torno a la reforma y en cuyo entorno remarcaban este mediodía que no había negociaciones en curso con la Casa Rosada. Roberto Lavagna, que apadrina a Bucca, a Graciela Camaño y a Jorge Sarghini, del mismo espacio, ya se pronunció públicamente en contra de la iniciativa. Al igual que Eduardo Duhalde, que en los últimos meses se mostró cercano al oficialismo. Lo mismo los dos legisladores de la izquierda, Romina del Plá y Nicolás del Caño.

Frente a ese panorama y la negativa de la oposición a habillitar las sesiones remotas a temario abierto, la actividad de Diputados asoma incierta.